El ciudadano Zaldívar y la valerosa ministra

Ha sido una de las semanas más intensas en la historia del Poder Judicial, la coyuntura va más allá de las personas, se trata del país y su viabilidad en el corto plazo.

Hay temas estrictamente jurídicos que comprometen al grupo que operó en las entrañas del Consejo de la Judicatura Federal con impunidad, mientras tuvo el control por 4 años. Ahora el mecanismo reactivo de los señalados intenta llevar su crisis a la arena política en plena campaña y a 6 semanas de las elecciones.

Es notorio que la ministra Norma Piña está resuelta a que se investigue un nido de corrupción que carcomió la independencia de los juzgadores federales durante la administración de su antecesor para vulnerar desde adentro a la única institución del Estado mexicano que ha contenido los abusos de un régimen destructivo que tiene como principal herramienta la amenaza.

Hay que agradecerle al asesor jurídico de Claudia Sheinbaum haber despertado orgánicamente una cohesión y solidaridad nunca antes vista entre los impartidores de justicia que cierran filas por aclamación en torno a la presidenta de la Suprema Corte. Se trata de un dilema en el que no hay punto de retorno, los maestros de la polarización han llegado al extremo de matar o morir, la angustia de una eventual derrota los tiene aturdidos. Con el déficit de credibilidad que experimenta, Arturo Zaldívar necesita el respaldo de Morena, de su candidata y del propio presidente López Obrador para enfrentar su crisis más aguda.

Algo debe quedar muy claro, el inicio de una investigación no significa el arranque de un procedimiento. Y para recurrir a conceptos muy básicos es claro que para indagar un homicidio no se requiere denuncia firmada. Ante un cúmulo de presuntas irregularidades que comprometen la impartición de justicia objetiva y autónoma, la ministra Piña está obligada a ordenar una investigación, de lo contrario se convertiría en cómplice por omisión. El costo de revisar el modus operandi del clan Zaldívar es soportar una reacción que, aunque carece de argumentos sólidos se magnifica con esa resonancia cuatroteísta que desvirtúa la coherencia, agrede al que piensa distinto y persigue al que les exhibe.

4 días ocuparon al ex ministro en su defensa mediática de bote pronto, al tiempo que pidió respaldos y construyó el contraataque contra su predecesora, que deriva en la intención de llevarla juicio (en terrenos no jurídicos) al escenario morenista de la Cámara de Diputados, aún sin tener las mayorías necesarias para lograrlo. Bien dicen que un nuevo escándalo es la mejor estrategia para difuminar el anterior, algo ampliamente conocido en el cuarto de guerra del obradorato.

El escándalo también tiene preocupados a muchos personajes oscuros que aceptaron poner tabulador a las resoluciones, como es el caso de Iván Zeferín Hernández, Jesús Delgadillo Padierna, Tania Rosalinda Méndez López y Luz María Ortega Tlapa, entre otros mencionados en la investigación J/108/2024.

Los señalamientos se sustentan en víctimas que tienen nombre y apellido, juzgadores federales amedrentados que aportarán circunstancias de modo tiempo y lugar sobre la forma de amedrentarlos. También hay quejas administrativas de diversos justiciables que se atrevieron a exhibir las tropelías de que fueron objeto, ahí están los expedientes con rostro que ahora pretenden descalificar con pirotecnia barata.

En días recientes he tenido la oportunidad de recibir valiosa información adicional de algunos afectados que anhelaban señalar a sus victimarios y que ratificarán sus testimonios ante las instancias competentes. Muchas carreras judiciales fueron afectadas con castigos bien calculados para quienes rechazaron las instrucciones del perverso clan en la judicatura federal. Entre las entrevistas más significativas que sostuve, está la de un magistrado que fue relegado a un circuito judicial de enormes riesgos simplemente por su verticalidad, algo insoportable para los que ahora serán investigados.

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Al seguir los dislates pronunciados por el ex ministro, este juzgador cuya probidad está fuera de duda con un expediente intachable, hizo las siguientes reflexiones sobre las amenazas de persecución contra quienes se atrevan a testificar:

“Zaldívar es inconsistente e incongruente, pretende violar los derechos humanos. Cada uno es responsable y puede denunciar y declarar lo que quiera, es inexplicable que ante una investigación en curso, el señalado (públicamente) amenace a los potenciales declarantes, es incongruente que quien perteneció al máximo órgano de interpretación de Derechos Humanos y que, cuando lo presidió, presumió proteger esos derechos, ahora se indigne y cuestione a priori alguna indagatoria en su contra”.

El magistrado fue más allá:

“Ser juzgador profesional implica que, como depositarios del Poder Judicial de la Federación, tengamos la preparación técnica y solidez jurídica para saber cuáles son nuestros derechos y cómo podemos ejercerlos, así como el momento pertinente. Por más alto que haya sido el puesto o la función que haya tenido, hoy don Arturo es sólo un ciudadano más y eso no lo legitima para pretender amedrentar o inhibir el ejercicio libre de nuestras potestades y derechos, pues revela que se desconoce de qué estamos hechos, como dijera un ministro de ilustre memoria. No nos amedrentan los funcionarios en activo, menos los exfuncionarios”.

Los ahora señalados aún no son sujetos a procedimiento formal, simplemente se indaga y recaban elementos probatorios para eventualmente determinar una presunta responsabilidad sobre hechos que sin duda son graves.

La reacción colérica del ex presidente de la Corte que jamás explicó cabalmente la causa grave que exige la Constitución para renunciar, ahora clarificada por él mismo con sus motivaciones políticas confesas, pretende también politizar su defensa porque es la arena que le conviene pisar, ya que en el terreno estrictamente jurídico queda a deber por su falta de consistencia. Se pretende establecer que un Poder Judicial infiltrado por los intereses de Morena y el Ejecutivo era perfecto bajo su presidencia y se “pervirtió de inmediato” a raíz de su voluntaria renuncia para trabajar en una campaña política que sirve a los intereses de un gobierno que pretende destruir la autonomía de una institución incómoda para el autoritarismo ¡Realmente demencial!

En este sentido me parece destacable el reconocimiento de Zaldívar, orillado por la agudeza de un periodista tan incisivo y experimentado como Joaquín López Dóriga para reconocer en una entrevista radiofónica de alcance nacional, que todavía como ministro en activo operaba públicamente a favor de Sheinbaum, según él liberado de irregularidad por ya no participar en las sesiones del pleno de la Corte, pero todavía con la toga puesta que aventó días después para formalizar su devoción al proyecto político en el que participa activamente.

¿Qué está en juego? No se trata del prestigio de los personajes que encabezan la confrontación, es mucho más trascendente el contexto del país. Es la permanencia de nuestras instituciones autónomas y los límites que la Constitución reconoce en la indispensable división de Poderes de un Estado de derecho verdaderamente democrático.

Una justicia corrompida por el Ejecutivo debe ser condenada sin cortapisas. Vendrán los testimonios, la revisión de las complicidades para ofrecer resoluciones al mejor postor, las evidencias de una masiva vulneración a la independencia judicial, un escándalo de fondo jurídico en el que se pretende enjuiciar con criterios políticos a los denunciantes por atreverse a exhibir una cloaca patrocinada desde Palacio Nacional.

El ex ministro basa su defensa en la amenaza y el cobijo del régimen que más ha despreciado a la impartición de justicia en México. Ni con Díaz Ordaz se atrevieron a tanto.

EDICTOS

El ciudadano Zaldívar se va quedando solo, aunque pidió respaldo y se le dio, si así se puede considerar a la presencia del impresentable de Mario Delgado en su armado mediático. Se le nota fuera de sí, poco prudente, visceral y hasta titubeante en algunos temas que poco le favorecen, me refiero al anuncio (amenaza) de la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz, en algún tiempo cercano y hasta cómplice del queretano, pero actualmente lejano y enemistado con él. Si llegara a ser procesado administrativamente ante el Poder Judicial de la Federación, Zaldívar podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, hay quienes en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum lo empiezan a ver como un problema y por la tanto prescindible a pesar de la saliva morenista.

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