El derecho de acceso a la energía eléctrica

Como lo señala Alejandro Zeind en la Enciclopedia de los Derechos Humanos, el absoluto goce del derecho de acceso a la energía eléctrica debe ser posibilitado por el Estado. Tanto diversos instrumentos internacionales como distintos criterios de nuestro tribunal constitucional consideran a ese acceso a la energía un derecho que, además, permite el goce pleno de otros derechos como el que se nos reconoce a contar con una vivienda digna.

Hoy, una de las principales prioridades de la Humanidad es la de contar con energía cada vez más asequible, más barata y más limpia. Prueba de lo anterior es que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas se previó el de “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna”, subrayando que es una “clave para el desarrollo de la agricultura, las empresas, las comunicaciones, la educación, la sanidad y el transporte”. Es decir, tanto para la vida cotidiana de cada una de las personas como para el desarrollo nacional, la energía es indispensable y, la de tipo eléctrica, puede con relativa facilidad ser gradualmente más asequible, barata y limpia.

Nuestra Carta Magna, establece en el párrafo quinto de su artículo 25 que el sector público tiene a su cargo diversas áreas estratégicas, resaltando además que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Nación debe llevar a cabo dichas actividades. Por otra parte, el párrafo sexto del artículo 27 constitucional reafirma lo anterior y prevé la posibilidad de que los particulares participen en actividades de la industria eléctrica que no sean exclusivas del Estado.

Así, el acceso a la energía eléctrica debe ser visto desde dos enfoques muy importantes: como derecho humano y como servicio público. Para dar una idea de la relevancia de que cuente con estos dos caracteres es de recordar que, por ejemplo, la educación y la protección de la salud tienen este alcance. Definitivamente hablamos de derechos humanos que posibilitan el ejercicio de otros y que llevan aparejado que el Estado procure contar con los medios para garantizarlos.

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El pasado martes, el Centro Nacional de Control de Energía dio a conocer que derivado de que a partir de las 16:05 horas se afectó la capacidad de generación de energía eléctrica y, por consecuencia, a las 17:04 el Sistema Interconectado Nacional se declaró en “Estado Operativo de Emergencia”, lo que llevó a interrumpir rotativamente el suministro de energía eléctrica en algunas regiones de alrededor de 18 entidades federativas por algunos minutos. Durante la tarde y noche la situación pasó por altibajos y se tuvieron que volver a interrumpir rotativamente el suministro de energía eléctrica “para mantener la seguridad y confiabilidad el resto del sistema eléctrico.

Este fenómeno no solo se trata de uno atípico por cuestiones climatológicas, sino que es una consecuencia directa de una política energética actual que más allá de contar con una definición clara, se trata de una con diversas contradicciones que ha llevado a que la inversión privada en el sector se desplome y que se confirme, una vez más, que para contar con una infraestructura que verdaderamente satisfaga las necesidades de una población creciente en número y en consumo de energía, son insuficientes los recursos del Estado.

En tiempos en los que cada uno de nosotros requiere de más energía para ejercer una gran diversidad de derechos y en que nuestro país está llamado a ser un punto estratégico en las relaciones comerciales en el mundo derivado de una eventual relocalización, es una mala noticia que la confiabilidad que debe tener el servicio público de acceso a la energía eléctrica comience a minarse y pueda generar efectos negativos en nuestro desarrollo nacional y en el goce pleno de un derecho humano que tiene tan probada importancia.

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