El trabajo más peligroso del mundo

Cuando le preguntamos a Daniel Lizárraga qué se necesitaba para ser periodista nos respondió: “tienes que estar loco”.

Una de las mentes maestras detrás del reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto nos confesó todas las peripecias que vive un reportero: mal comer, mal dormir y poco tiempo.

Sin embargo, nos reiteró a ese grupo de —entonces estudiantes— a no romantizar la explotación laboral y darle lugar a nuestra vida personal. A la lista de complicaciones que nos dio Daniel habría que sumarle la violencia de ejercer esta profesión.

El pasado 9 de agosto el gremio periodístico amaneció con una nueva amenaza. Un grupo del crimen organizado difundió un video para hacer señalamientos contra varios medios de comunicación y a la periodista Azucena Uresti.

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado en reiteradas ocasiones por sus ataques a la prensa. Desde calificar como adversarios a algunos medios neoliberales hasta generar una sección especial en su conferencia matutina: Quién es quién en las mentiras. Según el Ejecutivo, ahí se desenmascara a las noticias falsas o que son muy exageradas en contra de su gobierno.

Los verdaderos ataques a la libertad de expresión no salen de los discursos de Palacio Nacional, como según firmaron más de 600 intelectuales en una carta. El campo minado no está entre el escritorio de un columnista y la Oficina Presidencial, el riesgo está en las coberturas que hacen los reporteros de a pie, quienes se atreven a registrar e investigar hechos violentos en pueblos gobernados por el crimen organizado.

De acuerdo con la organización Artículo 19, durante 2020 en México se registraron 692 ataques contra la prensa. Esto significa un aumento de 10% por año. Tan sólo en lo que va de los casi tres años de gobierno de López Obrador se han reportado al menos 21 periodistas asesinados.

La gran deuda de Andrés Manuel y su administración con la libertad de expresión no está en dejar los señalamientos políticos contra la prensa, sino en otorgarles a los profesionales de la comunicación —y a todos los ciudadanos— la seguridad de ejercer su trabajo sin correr riesgo alguno. Generar las condiciones óptimas para que cualquier persona realice sus libertades sin el temor de terminar desaparecido o asesinado por el crimen.

Entre los fideicomisos que desapareció la Cámara de Diputados en octubre de 2020 estaba el fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También es cierto que la Auditoría de la Función Pública apuntó en ese mismo mes una serie de irregularidades en esa bolsa durante 2018. Según la entidad, los principales focos rojos estuvieron en las empresas que se contrataron para los instrumentos y servicios de seguridad.

Es cierto que hay muchos aspectos de este fondo por mejorar y supervisar, pero la extinción no es la solución, me comentó en su momento la entonces presidenta de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum. El gobierno federal insistió en que el recurso se seguiría otorgando a los beneficiarios, pero de manera directa. Sin embargo, lo que es urgente e inapelable es que se generen las condiciones de protección suficientes para quienes solo hacen su trabajo.