10 claves de la propuesta de Norma Piña para jueces, defensorías, fiscalías y más

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, presentó el domingo su propuesta alterna de reforma al Poder Judicial, la cual contempla diferentes cambios que competen no solo a este poder, sino también a las fiscalías y policías.

Estos son los 10 puntos clave de la propuesta de Norma Piña:

Propone establecer un sistema de carrera judicial que abarque a juezas, jueces, magistradas, magistrados y todo el personal involucrado en funciones jurisdiccionales, cuya selección y ascenso se basen en mecanismos que privilegien el mérito y las capacidades profesionales.

Estos mecanismos deben contemplar concursos de oposición con convocatorias públicas, jurados independientes y procesos de evaluación objetivos que permitan valorar conocimientos, competencias y trayectoria de los candidatos.

La propuesta de Norma Piña plantea que se debe buscar la eliminación de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones convencionales asumidas.

Asimismo, es importante ajustar la interpretación de las normas relativas a la flagrancia, especialmente la flagrancia por señalamiento, para evitar que su aplicación derive en detenciones arbitrarias.

Señala que “es necesario promover la revisión de las leyes y códigos penales para reducir la criminalización excesiva y fomentar alternativas no punitivas cuando sea posible, alineadas con los principios de un derecho penal mínimo y adaptando las acciones a las necesidades específicas de cada entidad federativa”.

Se propone avanzar hacia una paulatina menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, así como garantizar la participación ciudadana en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas de seguridad para asegurar que las comunidades más afectadas por la violencia puedan expresar su voz.

Se propone usar los parámetros actuales para la selección de magistrados y funcionarios judiciales basados en un modelo de carrera y certificación constantes. Esta propuesta puede incluir el establecimiento de una institución similar a la del Consejo de la Judicatura Federal que sea independiente de la Fiscalía y con integración mixta entre autoridades ministeriales, sociedad civil y judicatura para evaluar el actuar y desempeño de personal de investigación.

Se apunta que la certificación serviría como una herramienta de rendición de cuentas para promover que sólo quienes cumplan con los más altos estándares profesionales desarrollen las investigaciones de violencias y violaciones de derechos humanos.

La propuesta de Norma Piña contempla revisar y optimizar la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR) para reducir el número de fiscalías especiales, con el objetivo de evitar la fragmentación de las investigaciones y fomentar una mayor coordinación entre las fiscalías especializadas o especiales.

Se propone implementar un modelo de investigación flexible que permita a la FGR adaptarse a los distintos fenómenos delictivos y estructuras criminales, superando la lógica de casos aislados para abordar las redes y contextos de la criminalidad en México.

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Se plantea establecer un organismo nacional con autonomía técnica, financiera y de gestión de las fiscalías, el cual debería poder prestar sus servicios a todas las partes y autoridades que intervienen en juicios federales o estatales, las comisiones de derechos humanos y organizaciones civiles.

Así mismo, se propone garantizar la formación continua y la certificación de las personas peritas y expertas forenses.

También plantea garantizar el funcionamiento de bases de datos en materia forense y de servicios periciales a nivel nacional.

La propuesta de Norma Piña llama a incrementar el número de asesores jurídicos en la defensoría pública federal, con un enfoque en la atención a víctimas.

“Es necesario establecer una ratio máxima de casos por defensor, que permita una atención individualizada y efectiva”, indica.

Además de garantizar la autonomía técnica y de gestión de todas las defensorías públicas del país.

La propuesta de Norma Piña contempla fortalecer la política de atención integral a poblaciones particulares que por la centralización territorial o por una especial situación de vulnerabilidad enfrentan retos en el acceso a los servicios de defensa y asesoría jurídica.

Para ello se sugiere invertir en la calidad de defensorías públicas locales, lo que favorece la atención idónea a la pluralidad del país y a lugares de difícil acceso para la federación.

Por ejemplo, exhorta a construir programas sostenibles como brigadas de servicios en centros penitenciarios o en comunidades rurales o indígenas, así como brindar servicios por vía telefónica. También establecer puntos de contacto cercanos a las personas, incluso mediante mecanismos itinerantes permitan dar asesoría, orientación y servicios básicos a las personas en lugares accesibles.

La propuesta de Norma Piña llama a fortalecer la independencia judicial.

“Es crucial que los jueces actúen sin presiones externas ni influencias indebidas, asegurando que sus decisiones se basen únicamente en los principios legales y en el respeto a los derechos humanos. Para esto, deben contar con garantías institucionales que protejan su imparcialidad, como mecanismos robustos de protección contra presiones externas y la promoción de un ambiente judicial libre de corrupción e influencia política. La independencia judicial no sólo asegura la justicia en la toma de decisiones, sino también fortalece la confianza pública en el sistema de justicia penal”, se anota.