Samuel García cede Unidad de Inteligencia Financiera a Fiscalía
En la fecha límite establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel García publicó el decreto que pasa la UIFE a la Fiscalía
En la fecha límite establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel García publicó el decreto que pasa la UIFE a la Fiscalía
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó el decreto aprobado por el Congreso del Estado mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, deberá transferirse a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Esto, en el plazo límite establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorgó al gobernador Samuel García un plazo de 15 días, que vencían este martes, para publicar el decreto 196 del Congreso, aprobado en 2022 para que la UIFE sea parte de la Fiscalía.
El lunes el Congreso de Nuevo León desechó el veto que Samuel García había presentado contra dicha reforma, al argumentar que el Poder Legislativo buscaba quitar atribuciones al Legislativo, al considerarlo extemporáneo e improcedente.
Con ello, la unidad encargada de indagar delitos patrimoniales pasará a la Fiscalía General del Estado, actualmente bajo control del PRI y PAN.
En el decreto se señala que todos los asuntos que llevaba la UIFE, así como de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía general, pasarán a la competencia de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF).
“La FEIF será la única autoridad competente en el estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal patrimonial de las personas físicas y morales que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que produzcan los efectos señalados en el párrafo anterior. Para los efectos anteriores será la única autoridad estatal facultada para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero bajo las reglas previstas en la Constitución federal y Código Nacional de Procedimientos Penales”, señala el decreto.
El gobierno de Samuel García aún podría presentar una nueva controversia constitucional debido a que, argumenta, la creación de esta Fiscalía especializada invade atribuciones del Ejecutivo estatal.
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