El Consejo de la Judicatura destraba la reforma judicial
Con la reforma judicial, el Instituto Nacional Electoral enfrentará el reto operativo más denso y complicado.
Con la reforma judicial, el Instituto Nacional Electoral enfrentará el reto operativo más denso y complicado.
El Consejo de la Judicatura Federal votó, 4 a 3, para ignorar ciertos amparos, los cuales detenían la polémica reforma judicial, publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Al respecto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, se opuso, pero al final fue derrotada.
Tras la votación, el Consejo ha enviado listados de jueces al Senado para que, en 2025, se realicen elecciones, un proceso que podría ser politizado, según se ha advertido desde hace tiempo.
Aquí La-Lista de acuerdos en el Consejo:
1.Mantener salarios de jueces y magistrados sin reducciones por lo que resta de 2024, aunque todos ganan más que Claudia Sheinbaum.
2.Estudiar un plan de retiros voluntarios para jueces que consideren incompatible la reforma con su carrera.
3.Garantizar que el paro de labores, el más largo en la historia del PJF, no tendrá repercusiones legales para los jueces.
La decisión del Consejo de la Judicatura Federal revela una profunda división en el Poder Judicial. Mientras unos apoyan la reforma de la 4T, otros luchan por defender su autonomía.
Al respecto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Consejo ya decidió entregar la información que se necesitaba para la convocatoria a esta elección inédita.
Y con la reforma judicial, el Instituto Nacional Electoral enfrenta el reto operativo más denso y complicado.
En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo hacia la actuación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En un comunicado, la asociación destacó que, en desacato a resoluciones judiciales previas, el CJF ejecutó la reforma judicial sin establecer un diálogo con los jueces y magistrados directamente involucrados, lo cual, afirman, “vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige” el país.
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