Faltan resultados y presupuesto en dependencias a las que irían los autónomos
La SFP, la SICT y la Secretaría de Economía, tres de cinco dependencias que absorberían funciones de autónomos, acumulan pendientes y malos resultados.
La SFP, la SICT y la Secretaría de Economía, tres de cinco dependencias que absorberían funciones de autónomos, acumulan pendientes y malos resultados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca la desaparición de siete órganos autónomos y entes reguladores, cuyas funciones prácticamente se heredarían a cinco dependencias.
Una revisión a tres de esas secretarías de Estado (Función Pública, Infraestructura Comunicaciones y Transportes y Economía) muestra que han tenido resultados poco claros, padecen falta de recursos, tienen fallas en ciberseguridad o incluso han retrasado la concreción de sus propios objetivos durante la actual administración, según diversas auditorías e informes de evaluación.
AMLO asegura que labores como garantizar el acceso a la información o regular a los competidores económicos pueden ser absorbidas por estas dependencias del gobierno y plantea que desaparecer la estructura de los autónomos significaría un ahorro considerable para las finanzas del Estado.
Sin embargo, contrario a sus dichos, el presupuesto de los siete órganos que pretende eliminar suma este año 4 mil 534 millones de pesos, y no 100 mil millones, cifra que en un inicio se divulgó como resultado de su posible extinción.
SFP, con falta de resultados
La Secretaría de la Función Pública (SFP), a la que el gobierno busca trasladar la mayoría de las atribuciones del Inai, es ejemplo de resultados poco claros en el combate a la corrupción e impunidad.
Así lo revela la “Evaluación Estratégica con Enfoque de Diseño de la Política de Combate a la Corrupción e Impunidad y Mejora de la Gestión Pública“, encargado por la Función Pública a Maxefi Consultores SC, en el año 2021.
El documento detalla que “la cadena de resultados” del combate a la corrupción e impunidad “no ha sido documentada” y sin embargo, para ello se erogaron, tan solo en 2021, mil 269.6 millones de pesos, lo cual es más que el presupuesto que el Inai recibió este año (mil 097 millones de pesos)
La SFP tenía, al menos hasta 2021, cinco programas dedicados al combate a la corrupción e impunidad:
- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno (734.6 millones de pesos)
- Fiscalización a la gestión pública (166.6 millones de pesos)
- Integración de las estructuras profesionales del gobierno (49.3 millones de pesos)
- Políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental (80.6 millones de pesos)
- Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción (238.5 millones de pesos)
Pese a este gasto, los resultados al cierre del sexenio no se acercan en nada a las metas propuestas por la propia SFP.
En 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de víctimas de actos de corrupción en la realización de trámites públicos fue de 14 mil 635; en 2021, a mitad del gobierno de AMLO, este número fue muy similar, al alcanzar 14 mil 701 casos y para 2023 disminuyó ligeramente, al pasar a 13 mil 966 víctimas. Sin embargo, el resultado sigue muy lejos de la meta de la propia dependencia, que veía factible bajar a 8 mil 113 víctimas.
En cuanto al número de experiencias de corrupción (en el que las víctimas pueden tener una o más quejas) en trámites, pagos, solicitudes de servicios u otros, en 2017 fue de 25 mil 541 casos; en 2021 hubo un número similar (25 mil 995) y en 2023 bajó a 25 mil 394 casos. No obstante, el objetivo de la SFP era llegar a los 14 mil 596 casos.
Desde 2021, Maxefi Consultores SC hizo varias recomendaciones a la SFP, pero la mayoría fueron rechazadas por la dependencia. Entre lo que rechazó la Función Pública se ubican las recomendaciones de elaborar los lineamientos de operación de la Política de Combate a la Corrupción e Impunidad y Mejora de la Gestión Pública y la de construir una base de datos coherente, estructurada y comparable.
A esta dependencia llegaría el Inai si logran desaparecerlo; este órgano, que comenzó como el Ifai en el 2002, actualmente se encarga de ordenar la entrega de información pública solicitada a todas las dependencias del gobierno, así como de la protección de datos personales.
Previamente, en 2019, una auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la SFP indicó que esta dependencia no realizó “acciones correctivas que contribuyeran a la eficiencia y eficacia de las operaciones relacionadas con la formación de profesionales de la administración pública, así como la supervisión permanente de los componentes de control interno”.
Asimismo, señaló que la SFP no elaboró “diagnósticos o estudios prospectivos para determinar las necesidades de formación que requerirá la misma en el corto y mediano plazo, con el fin de permitir a los miembros del Sistema cubrir los perfiles demandados por los diferentes cargos”.
Actualmente, la SFP se define como la “institución garante y facilitadora de las condiciones para que la administración pública cumpla sus objetivos y produzca los resultados esperados, mediante el establecimiento de normas, mecanismos, procesos y controles que aseguren razonablemente la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público”.
Secretaría de Infraestructura, con falta de presupuesto
Otro autónomo que desaparecería con la reforma sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyas funciones se trasladarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En una auditoría de desempeño de 2022, realizada por la ASF, se determinó que la SICT “tuvo la atribución de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones, así como de conducir las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social; sin embargo, no las ejecutó”.
Esa facultad se la cedió prácticamente al Ejecutivo, pues dejó que la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia se encargara de conducir políticas de telecomunicaciones y programas de cobertura universal y social, pese a que no cuenta con tal atribución.
A eso se suma que una de las tareas de la SICT, como la cobertura de internet para todo el país, no se cumplió, pues la dependencia argumentó en 2022 que “no tuvo recursos para continuar con el Proyecto México Conectado“, lo que dejó a 77 mil 219 localidades rurales sin cobertura de internet y a 4 mil 189 urbanas.
A la SICT llegaría el IFT, que tiene tareas como regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México.
Este 2024, el presupuesto de este órgano autónomo fue de mil 680 millones de pesos, mientras que el presupuesto de la SICT alcanzó los 85 mil 688 millones de pesos, de los cuales una buena parte se destina al mantenimiento de las carreteras.
La Secretaría de Infraestructura tiene como misión promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios.
Secretaría de Economía, con múltiples agendas que atender
La Secretaría de Economía es la que más facultades de órganos autónomos podría recibir, pues a ella se delegarían las facultades que actualmente tienen la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Una auditoría realizada en 2022 a esta dependencia detectó problemas en la administración y operación de los 18 controles de ciberseguridad, de los cuales nueve carecen de control, tres necesitan fortalecimiento y solo seis están en un nivel aceptable.
La ASF advirtió que estas deficiencias podrían comprometer la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la operación de la secretaría.
Otra auditoría de desempeño de 2022, apuntó que en la Secretaría de Economía “prevalece la falta de una sinergia gubernamental coordinada para disponer de información de calidad para la consecución y seguimiento de la Agenda 2030“, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, impulsada por la ONU.
En aquel momento, la ASF apuntó que a ocho años de concluir el plazo establecido en la Agenda 2030, no contaba con “umbrales de metas cuantitativas que sirvieran de parámetros para identificar el aumento o disminución de los fenómenos establecidos como prioritarios” ni elementos estadísticos que coadyuvaran a valorar la contribución del país a las prioridades establecidas.
Tampoco priorizó ni fortaleció los mecanismos de control que permitían medir el avance actual en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y pese a todos estos pendientes, la Secretaría de Economía tendría que adoptar nuevas tareas, que actualmente son realizadas por tres organismos autónomos, como:
- Garantizar las condiciones de libre competencia en los mercados (lo que hace la Cofece actualmente)
- Coordinar y supervisar todas las actividades relativas al transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y gas L.P. (lo que hace la CRE)
- Asegurar la mejora continua de la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos (lo que hace la CNH).
Además, la SE, que será encabezada por Marcelo Ebrard en el gobierno de Claudia Sheinbaum, tendrá como una de sus tareas centrales la revisión del T-MEC, un acuerdo comercial entre los países de América del Norte, que en 2026 obligará a México, Estados Unidos y Canadá a sentarse nuevamente a la mesa.
Actualmente, la Secretaría de Economía tiene como misión “desarrollar e implementar políticas integrales de innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, así como de estímulo a la inversión nacional y extranjera, propiciando el aprovechamiento de los recursos minerales e impulsando la productividad y competitividad de los sectores industriales, que permitan su integración a cadenas regionales y globales de valor”.
La próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, ha dicho que la iniciativa para desaparecer los órganos autónomos no tiene la misma prioridad que la reforma judicial, por lo que la discusión sobre la extinción de estos entes podría darse a finales de este año o incluso hasta el siguiente periodo legislativo del Congreso de la Unión.
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