México ha emprendido una serie de normas contra el maíz transgénico. Foto: EFE
El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos presionó a la embajadora del representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai, a anunciar el próximo 7 de abril las medidas que provocan la disputa con México debido a la política del país respecto al maíz transgénico.
El senador Chuck Grassley agradeció a Katherine Tai su compromiso ante la problemática y el llevar a cabo reuniones con México, asimismo, pidió iniciar una disputa formal cuando termine el periodo de consultas técnicas.
“Después de haber dicho que todas las opciones están sobre la mesa en su discurso de apertura y solo hay una opción, el 7 de abril, que eso es después de 30 días, yo esperaría que usted presente una solución de controversias formal”, agregó Grassley.
Ante las preguntas del senador republicano por Iowa, la representante comercial sostuvo “que no es mi intención permitir que esto continúe indefinidamente”.
Las consultas fueron convocadas debido a que consideran que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene bases científicas de que el maíz transgénico es dañino para la salud.
Recientemente Andrés Manuel López Obrador, dijo estar dispuesto a ir a un panel de resolución de controversias para defender que no se importe maíz transgénico para consumo humano.
El maíz amarillo también se utiliza en el sector avícola, entre otros granos, para criar animales de consumo, como son los pollos y las gallinas.
Esta controversia inició desde el inicio del año pasado por la intención del presidente López Obrador de vetar las importaciones de maíz transgénico estadounidense para 2024 por considerarlas dañinas para la salud.
De acuerdo con el decreto mexicano, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal “para que se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado”.
Así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.
“Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizarán las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana”, apunta el documento.
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