La multa por firmas falsas debería ser mayor a los 5 millones de pesos, pero como le sería imposible solventarla, se ajustó a 500 mil pesos.
Fotografía: La-Lista/ Eduardo Séptimo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con medio millón de pesos a la Asociación Civil “Que Siga la Democracia” tras detectar que entregó alrededor de 15 mil firmas de personas fallecidas para llevar a cabo la revocación de mandato
El Consejo General explicó que por la actitud orquestada, grave y dolosa, la multa debía ser de 5.3 millones de pesos, pero debido a que la organización apenas recibió financiamiento por 800 mil pesos en el último año, le sería imposible solventarla y por eso, se ajustó a 500 mil pesos.
El INE encontró 17 mil 776 firmas de personas fallecidas, las cuales fueron utilizadas para solicitar la realización de la consulta de revocación deen abril del año pasado.
De ese total, 15 mil fueron proporcionadas por la organización “Que siga la democracia”, una de las principales promotoras del ejercicio.
Además de la multa de medio millón de pesos, se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
La asociación que impulsó la revocación es encabezada por la morenista Gabriela Jiménez.
La ley general en materia de delitos electorales establece que quien haga mal uso de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o lista de electores recibirá una pena de hasta 7 años de prisión y hasta 200 días de multa.
La investigación del INE concluyó que dicha organización tuvo acceso a fotocopias de credenciales de personas fallecidas y falsificaron las firmas, con lo que se hizo un uso ilegal de datos.
El 10 de abril del año pasado, la consulta de revocación de mandato registró una participación del 17% del padrón electoral; la mayoría votó por la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el fin de su mandato en 2024.
El INE también dio vista al INAI y se ordenó a la agrupación que publique en su página y redes sociales un extracto de la resolución durante 30 días.
El consejero Ciro Murayama recalcó que “con esta siembra de firmas de personas muertas”, Gabriela Jiménez cometió un fraude a la ley, lo que es un delito, por lo que personalmente, tendrá que publicar durante 30 días en todas sus redes sociales, un extracto de esta decisión donde se acredite que cometió este fraude entregando firmas de muertos, usurpando su identidad y haciendo mal uso de datos personales.
Aún queda la opción de que la organización ‘Que Siga la Democracia’ y Gabriela Jiménez impugnen esta decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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