Norma Piña defiende solicitud de incremento presupuestal; ‘México demanda Poder Judicial fuerte’

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que solicitará un incremento presupuestal real del 4 % para 2024, respecto del presupuesto aprobado para 2023, al argumentar que México demanda un poder judicial fuerte, independiente y autónomo, responsable y profesional.

Al llevar a cabo una sesión solemne e inédita, en la que estuvieron presentes los ministros y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra presidenta, Norma Piña, resaltó la unión como Poder Judicial Federal.

“Es una satisfacción tenerlos a todos aquí, unidos como Poder Judicial Federal”, les dijo.

La ministra presidenta Norma Piña, recordó que las funciones del próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social. Explicó que el proceso electoral federal 2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. 

“Ello exige una asignación presupuestal suficiente para resolver los asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Eso permitirá que la transición de poder se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”, afirmó.

Estimó que la asignación presupuestal requerida en 2024 por a 84 mil 792 millones 400 mil pesos, representa el equivalente del 0.26 % del Producto Interno Bruto, y en promedio 1.8 pesos diarios por mexicano, al tiempo que, dijo, “El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable”.

“La consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar a los más vulnerables a una mayor desventaja para acceder a sus derechos”, aseguró.

Norma Piña recordó que de 2018 a 2023, el Poder Judicial Federal ha visto disminuidos sus recursos asignados en 15.4 % en términos reales. 

“Esto no ha sido obstáculo para que la judicatura continúe sus esfuerzos y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión”.

Subrayó que México demanda un poder judicial fuerte, independiente y autónomo, responsable y profesional, que garantice el ejercicio de los derechos, la igualdad ante la ley y la legalidad del actuar público.

En ese sentido, manifestó que la asignación presupuestal responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes que “si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, el debilitamiento de sus atribuciones esenciales ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”.

Dentro de los mayores gastos que se espera tenga el Poder Judicial de la Federación para el próximo año, se encuentra el reforzamiento de las medidas de seguridad para los trabajadores de ese Poder de la Unión.

“Impartir justicia nunca debe traducirse en una afectación de nuestra integridad personal ni de los que nos rodean. Que no existan presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”, dijo.

Asimismo, la resolución de 1.3 millones de casos nuevos por parte del Poder Judicial Federal. Se requerirá la creación de 45 organismos más debido al nuevo modelo de justicia laboral que deriva de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en la suscripción del T-MEC. Y garantizar la implementación gradual del Código de Procedimientos Civiles y Familiares.

La ministra presidenta Norma Piña, dijo confiar en el respeto de la división de poderes y la independencia judicial. 

Durante 2023 el Poder Judicial en conjunto ejercerá alrededor de 77 mil millones de pesos, un año en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado el excesivo gasto en ese Poder de la Federación.