Venganza presupuestal contra el Poder Judicial

En el vigésimo octavo Congreso Mundial de Derecho realizado en Nueva York, durante la segunda quincena de julio, en el que participaron algunos de los juristas y colegios de abogados más destacados del mundo (entre ellos la Barra Mexicana Colegio de Abogados), la ministra Norma Piña puso el dedo en la llaga con respecto a la tendencia de ataques y descalificaciones para debilitar la función jurisdiccional independiente. 

La presidenta de la Suprema Corte llegó a ese foro internacional sabiendo que en México se tenía lista la revancha del gobierno federal y su incondicional brazo legislativo para estrangular presupuestalmente al Poder Judicial de la Federación.

“Persiste la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar las ideas de un solo hombre”, comentó sobre esta propensión característica de los regímenes antidemocráticos.

“En mi país, pero no sólo en mi país, lamentablemente también en gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar la independencia de los poderes judiciales”, remató la togada que no ha mostrado el característico cálculo político de algunos de sus antecesores para adaptar el “timing” de resoluciones de alto voltaje al armado del presupuesto anual de egresos.

Desde la asunción de la ministra como titular del Poder Judicial, la animadversión gubernamental ha crecido a niveles de violencia verbal nunca antes escuchados. La autonomía de la corte en la época post Zaldívar ha encolerizado al presidente de la República y a sus más radicales colaboradores.

Ningún funcionario federal o legislador morenista ha tenido la capacidad para establecer un diálogo respetuoso que permita la relación equilibrada ante el Máximo Tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal; al contrario, se han sumado a las agresiones y amenazas para quedar bien con los más radicales en Palacio Nacional, donde gobierna el rencor y maldicen la división de poderes que reconoce nuestra vapuleada constitución.

Viene la venganza para procesar una disminución brutal en el presupuesto que se ejercerá en 2024 para la Corte, la Judicatura y el Tribunal Electoral, cuya Sala Superior tendrá la importantísima misión de la calificación de la elección presidencial y la entrega de la constancia de mayoría a quién resulte triunfante para suceder a Andrés Manuel López Obrador. 

¿De qué tamaño es el golpe presupuestal para la impartición de justicia federal?  Por instrucciones de su dueño, Morena le quitará hasta 25 mil millones de pesos al Poder Judicial, casi un 32.5% menos que el dinero que se ejerce este año. Un recorte de esta magnitud significará regresar a un presupuesto similar al que se ejerció hace 9 años. Esta situación someterá a los juzgados y tribunales federales a un proceso de restricción inédito en su historia. También obligará a renunciar a la posibilidad de crear nuevos órganos jurisdiccionales, probablemente impondrá la necesidad de recortes de personal que repercutirán en el rezago de asuntos a nivel nacional, todo esto en perjuicio de los justiciables.

El gran operador de la estrategia para colapsar la operatividad del sistema de impartición de justicia es el diputado Ignacio Mier, que es capaz de cualquier cosa para agradar al Ejecutivo Federal en el camino hacia la consolidación de su aspiración rumbo a la gubernatura de Puebla. El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro trata de hacer pasar la venganza como medida de austeridad, que no aplica en las obras faraónicas de berrinche presidencial, ni en los controles para adjudicar dinero público sin licitaciones en la administración pública federal. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio para asignar los recursos en el año de Hidalgo con el que concluye el sexenio más opaco en más de 3 décadas.

La incapacidad para controlar las recientes decisiones de la Corte y de algunos jueces federales les ha llevado a la práctica de la represalia desde el Congreso por un diputado que busca hueso poblano. Así de primitivos y predecibles son los legisladores del partido de Estado para ganarse el aprecio del principal detractor de la autonomía judicial.

El tema ya es parte de la narrativa rumbo a la batalla por la presidencia. Quien entiende bien la necesidad de exhibir los contrastes ante un régimen autoritario es Xóchitl Gálvez, que en su calidad de Senadora ha propuesto una iniciativa que plantea otorgar anualmente a la Corte y la Judicatura Federal por lo menos el 1% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación y así evitar los acostumbrados amagos desde el Ejecutivo. Con el proyecto de la aspirante presidencial de la alianza opositora este año se estarían ejerciendo 82 mil millones de pesos para el Poder Judicial, cerca de 5 mil millones de pesos más que los aprobados en 2022.

Dadas las circunstancias, el recorte de hasta 25 mil millones de pesos es prácticamente irreversible, lo que ya obliga a prevenir diversos malabares administrativos puestos a consideración en el escritorio de la ministra Piña Hernández que tendrá que decidir cuáles serán las áreas sacrificadas para subsistir con lo mínimo indispensable.

Según las cifras oficiales del presupuesto, dentro de la estructura del Poder Judicial donde más se gasta es en el Consejo de la Judicatura Federal, del cual dependen más de mil 500 juzgados y tribunales en todo el país, aproximadamente 70 mil millones de pesos durante 2023, en contraste con los 5 mil 630 millones que ejerce la Corte y los casi 3 mil millones de pesos presupuestados para el Tribunal Electoral este año.

La revancha morenista tendrá consecuencias que afectarán al sistema de justicia, tan odiado por los obedientes lacayos de un aprendiz de dictador que aniquila lo que no puede controlar.        

EDICTOS

¡Suena el tradicional grito del hipódromo capitalino en los rumbos de Ciudad Universitaria! ¿Quiénes arrancan como aspirantes a suceder a Enrique Graue Wiechers en la máxima casa de estudios? Se dice en los pasillos de la rectoría que ninguno del grupo de los médicos que han acaparado el cargo durante los últimos 24 años, eso descarta al actual director de la Facultad de Medicina.

Para la decisión que habrá de tomar la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México se considera que no hay más de 4 perfiles con reales posibilidades: Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas; William Lee Alardín, coordinador de Investigación Científica, Leonardo Lomelí, secretario general y posiblemente un reconocido ingeniero civil, profesor e investigador de impecable trayectoria profesional.

En la próxima entrega de Libertad bajo palabra, el saldo de Graue al frente de la UNAM.