Obradorizar la justicia

La procuración de justicia con fines políticos se ha consolidado como una de las marcas de la casa. Esta práctica no es exclusiva del obradorato, lamentablemente es uso y costumbre de gobernantes que han pervertido las instituciones para ejecutar venganzas, eliminar adversarios, encarcelar opositores o silenciar periodistas. Otro rubro en el que se cae a pedazos esa mentira repetida hasta la saciedad del “no somos iguales”.

El uso de las fiscalías muestra casos que hacen ver las novelas policíacas más audaces como cuentos infantiles donde la realidad convertiría a Franz Kafka en costumbrista si su obra describiera lo que ocurre en nuestro país.

Ninguna reforma al sistema de justicia ha evitado en el pasado o el presente que el poder político disponga de las fiscalías como extensiones de su servidumbre, ahí queda el ejemplo de la persecución a Rosario Robles. El caso más fresco nos lleva a Morelos con el escándalo de la detención de Uriel Carmona, funcionario heredado desde la administración de Graco Ramírez en la entidad que gobierna Cuauhtémoc Blanco, un buen ex futbolista con ambiciones que desbordan sus capacidades primarias. No tengo ninguna intención de defender al fiscal morelense, para eso están sus abogados, sin embargo, la situación es ejemplar sobre las tácticas inspiradas en la Cosa Nostra para eliminar al que amenace los intereses del “don”.

El viernes 4 de agosto desde su domicilio en Cuernavaca anticipó la captura, Uriel Carmona declaró que la aprehensión respondía a motivos políticos por las indagatorias que vinculan al propio Gobernador de la entidad y por sus recriminaciones a Claudia Sheinbaum por las versiones encontradas sobre el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz encontrada muerta en la autopista la Pera-Cuautla en octubre de 2022.

Es oportuno recordar que las autoridades de la Ciudad de México informaron que la causa del deceso había sido un golpe en la cabeza y en Morelos se estableció que la muerte de la joven se debió supuestamente a una broncoaspiración. La imputación contra Carmona Gándara es por su presunta responsabilidad respecto a delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia en virtud del tortuguismo para aclarar plenamente el feminicidio. Desde la capital se consideró que Carmona falseó información, entorpeció la indagatoria y procedió de forma maliciosa, según lo expresado por el vocero de la fiscalía de la Ciudad de México, famoso por su forzada manera de declarar para justificar las tropelías de Ernestina Godoy que carece de escrúpulos para doblar leyes y procedimientos.

El fiscal fue llevado de su domicilio a la Comisión Estatal de Seguridad que depende del gobierno local donde se le retuvo violando la cadena del debido proceso al ser incomunicado. Antes de la detención en entrevistas con medios nacionales responsabilizó a Claudia Sheinbaum y al propio Andrés Manuel López Obrador por lo que pudiera ocurrirle. En el operativo participó personal de la fiscalía capitalina, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, lo que evidenció la cadena de mando a nivel federal para perseguirlo a pesar de contar con una suspensión de amparo vigente y tener fuero por la naturaleza de su encargo.

El grave atropello implica un evidente uso político del aparato de justicia y aquí algunas consideraciones:

Nunca un fiscal en funciones había sido aprehendido por la judicialización operada desde una fiscalía de otra entidad.

Se libró una orden de aprehensión contra un funcionario con fuero, conducta que constituye un ilícito. ¿Qué hacían la Fiscalía General de la República y la marina en un asunto del ámbito local?

¿Tiene la fiscalía capitalina facultades para considerar que hay un retardo en la indagatoria del caso Ariadna, cuando la prevención se hizo desde Morelos?

Hay una evidente invasión de competencias, se desconoce una suspensión y se pasa por el arco del triunfo el fuero de Carmona que no pierde hasta enfrentar un juicio de procedencia.

El caso revela una serie de irregularidades que acumula y exhibe el uso político de la justicia para anular a un funcionario, en teoría autónomo que confrontó a la corcholata preferida del presidente siendo Jefa de Gobierno en la capital y que además consolidó carpetas de investigación contra el Gobernador de Morelos por presuntas conductas que lo relacionan al crimen organizado y siguen la pista de un supuesto enriquecimiento ilícito.

El argumento desde la Ciudad de México es el retardo en la administración de justicia ¿Y el caso de la línea 12 del metro? Sin duda representa el ejemplo perfecto de dilaciones y exoneraciones al vapor respecto a Sheinbaum y funcionarios involucrados en la tragedia que costó la vida a 26 personas y dejó heridas a más de 100 el 3 de mayo de 2021 en la alcaldía de Tláhuac.

La audacia de los autores intelectuales y materiales de la maniobra es un tiro en el pie. Han pisoteado leyes y procedimientos, en esa lógica Ernestina Godoy debería ser detenida de inmediato por retardar decenas de asuntos, entre ellos el del metro. 

¿Cuántos casos de retraso en la justicia involucran al propio Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, que utiliza a la institución para satisfacer sus venganzas personales? 

El tema podría llegar a la Suprema Corte por haberse violentado el fuero de Uriel Carmona. Sienta un precedente inédito por los hechos que clarifican una venganza, la intervención de la Marina Armada de México lleva implícita la aprobación de su comandante supremo para satisfacer a Sheinbaum y quitar al funcionario que pone nervioso a Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien convenientemente ha dejado en manos de su hermano Ulises Bravo Molina, presidente del Comité Estatal de Morena, la operación de la designación de un Fiscal a modo con los diputados locales.

Lo ocurrido en Morelos es grave y representa una advertencia para otros Fiscales y funcionarios. Es un mensaje siciliano para quienes se atrevan a confrontar al poder político del Ejecutivo Federal y sus cortesanos, es la obradorización de la justicia que utiliza como estandarte la impunidad.

Uriel Carmona es un personaje ciertamente cuestionado, lo grave es el método y el fondo, no las características del individuo. Es como colgar ajusticiados en los balcones de Palacio Nacional para que asimilen lo que les puede pasar a los rebeldes que atenten contra los intereses de la mafia del poder versión 4T.

Edictos

Todo se puede torcer para satisfacer el concepto primitivo que tiene Andrés Manuel López Obrador sobre la justicia. El tabasqueño pierde los estribos ante la firmeza de algunos juzgadores federales que con sus decisiones autónomas lo desafían. Es el caso de Martín Santos Pérez, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que a través de una suspensión provisional ordenó al Presidente frenar el “discurso de odio” contra Xóchitl Gálvez, al difundirse indebidamente desde su monólogo mañanero los ingresos y declaraciones fiscales de las empresas de la aspirante a la candidatura presidencial por el frente opositor. Lo que además sacó de quicio a López Obrador fue el señalamiento del juez para calificar de “maliciosas” las expresiones dirigidas a la Senadora hidalguense. Colérico amenazó a Santos Pérez ¡faltaba más!

Mientras, en el frente Guerrero, Félix Salgado Macedonio otro detractor del Poder Judicial de la Federación acusó de “cobardes” a todos aquellos que se atreven a hablar mal de una mujer en la situación de su hija, severamente cuestionada por sus presuntos vínculos con grupos criminales que controlan esa entidad que vive en la zozobra. La reflexión de Salgado Macedonio respecto a Evelyn alcanza a López Obrador en el caso de la campaña de odio contra la mujer que le produce angustiantes pesadillas electorales.  

Otra de jueces que causará más furia entre los talibanes morenistas tiene que ver con la decisión de la jueza Decimoquinta de Distrito en Veracruz que ha ordenado a la fiscalía de esa entidad la liberación inmediata de Angélica Sánchez Hernández, jueza local encarcelada arbitrariamente por órdenes del Gobernador Cuitláhuac García, autor intelectual de la violación a una suspensión de amparo que protegía a la jueza detenida con lujo de prepotencia en la Ciudad de México y que actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.

Más de autor: Las ‘corcholatas’ y el Poder Judicial de la Federación