Las ‘corcholatas’ y el Poder Judicial de la Federación

La novela para encubrir el dedazo que definirá la candidatura morenista en la sucesión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que desde ahora ya anda ofreciendo premios de consolación en el Congreso y el gabinete que vendrá en 2024, no deja duda sobre las intenciones de maximato. 

Siendo un político experimentado y poderoso, es difícil pecar de ingenuidad para creer que AMLO se hará a un lado en la designación del sucesor o mejor dicho, sucesora. Todo lo controla, él fija las reglas, condiciones y tiempos. A las llamadas “corcholatas” sólo les resta aceptar el guión, tomarse fotos sonrientes, invocar unidad y sostener el cuento de la familia feliz que inevitablemente se pateará con saña por debajo de la mesa en los próximos tres meses.

La aparente disputa es entre tres y se jugará con los dados cargados. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López se desprenden de sus cargos para lanzarse al trapecio hasta que días antes de la ceremonia del Grito de Independencia se conozca el nombre que habrá de aparecer en la boleta de la elección presidencial bajo el signo guinda. Ricardo Monreal participará de la pantomima para ser retribuido con la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que aparentemente ya negoció y con la cual siente satisfechas sus ambiciones. Sin debates, ni autocrítica que magnifique públicamente las diferencias entre los tres principales suspirantes, será interesante conocer si son capaces de generar una propuesta verdaderamente propia sobre los grandes retos nacionales. 

El proceso de selección de candidato en Morena es un catálogo de violaciones flagrantes a la ley electoral vigente, consumadas como actos anticipados de precampaña en su convocatoria, que ya es analizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para decidir en los próximos días una impugnación presentada por Salomón Chertorivsky y Jorge Álvarez Maynez, diputados federales de Movimiento Ciudadano, que podría tener como consecuencia la inhabilitación de las “corcholatas”. 

Se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en contra del acuerdo del Consejo Nacional de Morena operado por Mario Delgado. La impugnación formal fue presentada ante el Tribunal Electoral el lunes 12 de junio a las 18:20 hrs. 

Para procesar su análisis hay criterios claros en materia electoral respecto a los principios de legalidad y equidad que podrán ser invocados en una resolución que tendría las características de bombazo en la escena política nacional.

Según la legislación vigente, será hasta la tercera semana de noviembre de 2023 que podrán darse los procesos de selección de candidatos a la presidencia por parte de los partidos políticos. El razonamiento jurídico tiene fondo y forma porque lo que estamos viendo es una lucha súper libre en la que se desconocen los tiempos fijados en las normas electorales, que obviamente no coinciden con las necesidades del partido de Estado. ¿De dónde saldrá el dinero de los aspirantes para sus campañas anticipadas en todo el país? Partiendo de la base ingenua de considerar que no habrá desvío de recursos públicos, ¿habrá donaciones, cuánto y de dónde? ¿Quién fiscalizará ese dinero? ¿Será con los “ahorros personales” como ya anticipó Adán Augusto? ¿Cómo se regulará el tiempo de promoción en los medios? Y lo más trascendente, ¿qué consecuencias jurídicas tendrá este desgarriate ante los magistrados electorales que ya han sancionado conductas similares como la de Félix Salgado Macedonio, que fue bajado de la contienda por la gubernatura de Guerrero por los mismos motivos?

Si la impugnación referida prospera como es probable, todos los aspirantes de Morena serían sancionados, lo que conociendo la intolerancia presidencial sería motivo de un enorme escándalo en el que se acusaría al Poder Judicial de encabezar un ataque conservador simplemente por aplicar la ley vigente que está siendo quebrantada. 

Un nuevo episodio para agudizar el asedio contra magistrados federales, ministros y en particular hacia Norma Piña, señalada absurdamente como enemiga de las causas del obradorato por preservar la independencia e imparcialidad a la que se debe constitucionalmente.     

La maniobra intenta darle la vuelta diciendo que se trata de una competencia interna para definir quién será designado coordinador Nacional de la Defensa para la Transformación y entonces abrir de facto una precampaña por todo el país durante 70 días a partir del 19 de junio en la que no habrá ningún control sobre el origen y transparencia de los gastos corcholateros. Con esta ideota palomeada en el despacho presidencial, el régimen se adueña de la narrativa prácticamente por lo que resta del año y difumina los temas incómodos que tienen que ver con los paupérrimos resultados de un gobierno que disfraza la realidad con saliva. El presidente nuevamente saca brillo a su colmillo retorcido y exhibe la incapacidad de reacción de una oposición apaleada, maniatada y carente de audacia.

A Morena no le interesa respetar la ley y desafía a las autoridades judiciales en materia electoral. En manos de los magistrados de la Sala Superior está el dilema de hacerse de la vista gorda ante la impunidad o sancionar con energía el atropello en proceso. 

Nada es más molesto para López Obrador que el deber de cumplir las normas que comprometen sus planes. Los tribunales federales son el único terreno en el que el tabasqueño pierde consistentemente porque para él sus reglas están por encima de cualquier ley, sentencia o criterio jurídico aplicable, ¡faltaba más! 

A pesar de este contexto, vale la pena hacer el siguiente cuestionario, 10 preguntas que no les harán en los medios predilectos de la 4T.

Las preguntas a Marcelo, Adán Augusto y Claudia son: 

1.- De lograr la candidatura de Morena y ganar la elección presidencial, ¿mantendría la actitud hostil y amenazante hacia la Suprema Corte?

2.- ¿Consideraría la posibilidad de promover una reforma para acotar al Tribunal Constitucional, restarle facultades de revisión a los actos del Ejecutivo y Legislativo o disolverlo?

3.- De ganar la presidencia, ¿sostendría una nueva etapa de interlocución respetuosa con la ministra Norma Piña en la que se garantice la división de poderes, independencia y autonomía del Poder Judicial? 

 4.- ¿Qué perfil tendrían las personas que propondría en las ternas para los relevos en la Corte que serán procesados en el Senado de la República?

5.-  ¿Sería respetuoso o respetuosa de las resoluciones de la Corte y los juzgados federales aunque le sean adversas al Ejecutivo? 

6.- De contar con mayoría absoluta en la nueva legislatura federal, ¿daría continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador para impulsar una reforma en la que se elija a los ministros de la Corte a través del voto popular?

7.- ¿Tomaría el teléfono rojo o pediría personalmente a los integrantes del pleno de la Corte que resuelvan determinado asunto en el sentido que más convenga a su proyecto político y de gobierno?

8.- ¿En su gobierno contemplaría el fortalecimiento del Poder Judicial con el presupuesto que requiere para lograrlo?

9.- ¿La ley es la ley o no me vengan con aquello de que la ley es la ley? 

10.- De protestar ante el Congreso como titular del Ejecutivo Federal, ¿honraría en los hechos el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen? 

En los casos de Sheinbaum y López Hernández anticipo, desde mi punto de vista, que las respuestas a las 10 preguntas serían una ratificación de la animadversión hacia el sistema federal de impartición de justicia. Con Marcelo Ebrard me atrevo a sostener la esperanza de que sus respuestas reflejarían el compromiso hacia la división de poderes, consciente de que el excanciller no es el favorito entre las “corcholatas”. 

La mejor opinión siempre será la de ustedes estimados lectores.   

EDICTOS

En la mañanera de ayer, con el desparpajo acostumbrado de confesar barbaridades, el presidente de la República reconoció que presionó a ministros de la Corte para tratar de evitar que se anulara la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La justificación cantinflesca sobre la maniobra no fue lo más espectacular, sino el dato preciso de con quienes lo intentó. Los cuatro propuestos por él al Senado, más su amigo cercano Arturo Zaldívar. A toro pasado y a pesar de lo desafortunado de la anécdota, es encomiable la independencia a prueba de presiones de Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcantara Carrancá, que con sus decisiones labran su prestigio como jueces constitucionales. Por otro lado queda ratificado el entreguismo de Yasmín Esquivel que ingresó desde diciembre al basurero de la historia y de Loretta Ortiz que extravió la dignidad que tuvo antes de ponerse la toga. Lo de Zaldívar simplemente es confirmación.

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, reza el axioma.