Respaldo inédito a la Suprema Corte

La incesante campaña de recriminaciones que se detona con cientos de declaraciones externadas desde enero a la fecha en la tribuna del Ejecutivo contra el Poder Judicial de la Federación, ha producido un efecto social nunca antes visto desde que la Suprema Corte de Justicia es Tribunal Constitucional en virtud de la reforma impulsada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, hace 28 años. 

No hay antecedentes de una manifestación desde la sociedad civil para salir a las calles en respaldo de la Corte, que generalmente es percibida por los ciudadanos como un tribunal lejano que resuelve cuestiones jurídicas que pocos entienden. Las ministras y ministros que han enfadado al Presidente de la República con sus recientes resoluciones y las que faltan, en una larga lista de atropellos anulables desde la óptica constitucional, reciben un respaldo jamás visto que significa un bono de confianza, de ahí el calificativo histórico para describir las expresiones del pasado 28 de mayo.

Sin entrar en la polémica de las cifras de participantes que siempre son subjetivas y sin dar crédito a los mañosos conteos oficiales, el estruendo del nutrido grupo de ciudadanos debe considerarse inédito. El discurso oficial desde el Máximo Tribunal siempre ha sido a encausado a mesurar la tentación del aplausómetro para resoluciones que no se desarrollan pensando en la popularidad, sino en la técnica jurídica y la imparcialidad como salvaguarda de la Constitución, bastante pisoteada por la autodenominada 4T.

En el trayecto del contingente pude identificar a algunos jueces, y magistrados federales, así como empleados de la Corte, pero en su mayoría los participantes salieron de su confort dominical para sumarse al mensaje de defensa en torno a una institución que no había despertado tal simpatía. Insisto, se ha generado un bono de credibilidad que ninguna campaña mediática había logrado en casi tres décadas desde que la Corte dejó de ser un apéndice decorativo del presidente en turno. 

La maleabilidad del Poder Legislativo ha hecho más interesante el desempeño de la Suprema Corte. El Secretario de Gobernación ha dejado las visitas frecuentes a las oficinas del tercer piso de Pino Suárez 2, porque afortunadamente sus cabildeos amenazantes ya no producen el efecto que calculaba para lograr mayorías entre los integrantes del pleno, pero ese alegato de oreja ha sido sustituido por la calumnia pública que se suma al discurso de odio de su superior jerárquico. No hay un sólo día que desde el Gobierno Federal se deje de buscar el más ligero pretexto para golpear togados, no importa que se invente o tergiverse, lo prioritario para ellos es provocar un desgaste de alto impacto que amedrente al Poder Judicial que se ha sostenido sin genuflexiones desde el arranque de 2023. 

Se busca hasta por debajo de las piedras alguna rendija que pueda ser utilizada para descalificar en lo personal o profesional a los 8 dignos integrantes del pleno que le han negado con razón sus votos a las causas indefendibles del obradorato. El más reciente ridículo de una amplia lista, fue el señalamiento de una supuesta intervención indebida de la ministra Norma Piña para acusarla en el guiñol de “cero impunidad” en la mañanera del martes, de desechar una queja interpuesta contra la jueza Beatriz Álvarez Rodríguez, que supuestamente pretendía dejar en libertad a escoltas de Martín Orozco, ex gobernador de Aguascalientes, acusados del delito de desaparición forzada. En este caso, la calumnia es autoría de Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, que después fue desmentido oficialmente desde el Consejo de la Judicatura Federal con un argumento demoledor. A la queja mencionada no se le agregó ningún elemento probatorio fidedigno contra la juzgadora. 

Tampoco el señalamiento más mencionado por el tabasqueño para desacreditar a Piña Hernández resultó cierto. Fernanda Casanueva, Secretaria Ejecutiva de Administración de la Judicatura Federal jamás trabajó con Genaro García Luna, como se aseguró sin pruebas en diversas oportunidades.

Lo que es una realidad, es que el espionaje que se dice es “inteligencia” desde el gobierno federal, la búsqueda de alguna deuda fiscal, dato bancario hurgado en el sistema financiero o hasta una infracción de tránsito no pagada, serán motivo de nuevos episodios de persecución para descalificar a las ministras y ministros indignos de las querencias obradoristas.

No importa que en el pleno haya una plagiaria confesa, una ex diputada federal de Morena entregada al besamanos o un amigo confeso de López Obrador que pretendió pisotear la Constitución para prolongar su periodo en la presidencia de la Corte. Esos personajes están inmunizados contra el odio y la persecución. Es el mundo al revés y algo debe estar muy descompuesto en las entrañas del Poder Ejecutivo cuando el presidente se ufana de que los narcos respetan a trabajadores del gobierno federal en los retenes clandestinos de diversos territorios perdidos en el país y por otro lado acusa a la Ministra Piña de desechar conforme a derecho una queja administrativa contra una juzgadora por falta de pruebas. 

Es la narrativa del engaño que procura a los corruptos y agrede a quienes exhiben sus abusos. Una estrategia vulgar que pretende insultar la inteligencia de quienes se resisten al intento de dictadura que amenaza al país. 

Es un error interpretar las resoluciones de los ministros como marcadores de fútbol, los tribunales no deben, ni pueden trabajar para ser populares,  pero su autonomía, independencia e imparcialidad son conquistas que millones de ciudadanos están dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias. 

EDICTOS   

1. Hablando de marcadores deportivos, si vale el paralelismo, la empresa Malaya Coastal 1, la mexicana TRESE  2. Resulta que después de siete años de una fatídica lucha en tribunales, bajo el número de expediente 666/2016 del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la capital se ha logrado revertir con éxito el intento de mandarla a quiebra. TRESE obtuvo resoluciones favorables que le permitirán contar con pagos en proceso en favor de los trabajadores y acreedores reconocidos en el concurso mercantil que enfrenta. Coastal y los despachos que los representan ya no pueden sostener las maniobras que pretendían desplazar a la empresa mexicana para arrebatarle recursos a través de una quiebra a todas luces artificial e irregular. Ahora queda esperar la correcta ejecución de las sentencias que ante el Poder Judicial de la Federación les han otorgado la razón. 

2. Este jueves, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford anuncian un Amicus Curiae (documento que aporta argumentos y opiniones jurídicas para enriquecer los elementos de juicio que la Corte podrá tomar en cuenta)  para enriquecer el análisis de la totalidad del llamado  plan “B” aprobado en el Congreso. Para los barristas y la Directora Ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de esta prestigiada institución educativa, las leyes de Andrés Manuel López Obrador amenazan la existencia de instituciones electorales independientes en nuestro país e incrementan el riesgo de fraudes. Otro abuso que se espera sea revertido próximamente por la Suprema Corte.   

3. El promedio de las encuestas más respetables y precisas indican, salvo eventos realmente extraordinarios, que en las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila no habrá sorpresas el próximo domingo.