Morena presenta iniciativa contra fideicomisos del Poder Judicial
Fachada de la SCJN en la CDMX. Foto: Wikimedia Commons

A nombre del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa con la que se busca eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), los cuales han sido criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estos recursos son utilizados para mantener los privilegios y excesos de los ministros y altos funcionarios de este Poder”, acusó el diputado federal en conferencia de prensa el miércoles 6 de septiembre.

Ignacio Mier destacó que la Cámara de Diputados tiene el deber constitucional de garantizar que “cada peso del presupuesto se ejerza de acuerdo a las leyes”. Esto luego de que el presidente López Obrador también consideró que el presupuesto del PJF es excesivo y debe ser reducido.

En total son 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial los que están en riesgo con esta iniciativa, para lo cual se propone reformar el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La propuesta del coordinador de los diputados de Morena es desaparecer los fideicomisos y que la Tesorería de la Federación absorba los 21 mil millones de pesos que estos contienen.

Los fideicomosos del Poder Judicial son destinados para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, por lo que la iniciativa, defendió Mier, garantiza los compromisos contractuales y los derechos que se hayan generado a partir de su creación.

El diputado refirió que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene seis fideicomisos con fondos de 6 mil 99 millones de pesos, lo que representa 469 millones adicionales a su presupuesto para el presente año, que es de 5 mil 630 millones de pesos, “y ninguno de ellos están dentro de lo que establece la ley”, acusó.

De los 6 mil 99 millones de pesos, indicó, cerca de 790 millones de pesos están etiquetados para las pensiones complementarias de mandos superiores, es decir, quienes se retiren de los cargos de magistrado de circuito o juez de distrito.

En materia de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo se destinan más de 2 mil 815 millones de pesos. Mientras que el plan de prestaciones médicas cuenta con un monto superior a los 137 millones de pesos. Respecto al manejo del producto de la venta de publicaciones en CD y otros proyectos se suman 357 millones de pesos.

De acuerdo con Ignacio Mier, la partida de remanentes presupuestales cuenta con 1 mil 311 millones de pesos, mientras que el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) cuantifica 688 millones de pesos. 

Asimismo, apuntó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) administra otros seis fideicomisos que suman más de 14 mil millones de pesos, en tanto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene dos fideicomisos. 

Del total de fideicomosos, solo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia está amparado por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según Mier.

SCJN defiende fideicomisos

Tras el anuncio de Ignacio Mier en la Cámara de Diputados, la Suprema Corte defendió la existencia de los fideicomisos y destacó que estos no se financian con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El máximo tribunal indicó en una ficha informativa que los fideicomisos se integran por aportaciones individuales de los propios jueces y magistrados, y son manejados tanto por la SCJN como por el CJF, cuya administración, defendió, es transparente mediante informes trimestrales.

Asimismo, aclaró que los fideicomisos para pensiones complementarias no son para los ministros, sino para personal operativo y mandos medios que cumplan más de 30 años de servicio.

También mencionó que el fideicomiso denominado “Mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces” no se destina a propiedades de los juzgadores, sino que son inmuebles del CJF ocupados por impartidores de justicia que por su adscripción se ven obligados a cambiar de lugar de residencia.

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