Recorte al presupuesto del Poder Judicial afectaría a los más pobres: Norma Piña

La disminución de presupuesto al Poder Judicial afectaría a los más pobres, aseguró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.

El inminente recorte presupuestal al Poder Judicial ha provocado un choque entre ese poder y el Ejecutivo.

La ministra Piña Hernandez indicó que ha habido un incremento en la demanda de justicia en el país en los últimos cinco años, por lo que es indispensable el incremento en el presupuesto para atender esos asuntos. 

“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, comentó Norma Piña en las reuniones que sostuvieron los representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA).

Agregó que la Corte, así como el Consejo de la Judicatura Federal, están comprometidas con el combate a las detenciones arbitrarias y a la protección de la dignidad de las personas que lidian con algún asunto legal.

“Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, señaló Norma Piña ante el GTDA.

Además, mencionó que el Poder Judicial ha tomado en consideración las cerca de 50 opiniones que desde el 2002 el grupo de trabajo ha emitido y que a finales de este año presentarán un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, relacionado con la legalidad de las detenciones en el sistema legal acusatorio. Esto, para brindar herramientas útiles a jueces y abogados tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia.

La ministra Norma Piña añadió que, por medio de sentencias emitidas por la Corte, se ha garantizado la protección de las personas por medio de registros de cada detención y que han obligado a las autoridades de seguridad pública, así como a los miembros de las fuerzas armadas, a acatar esas resoluciones.

La presidenta de la Corte anunció que entregará un informe sobre los principales temas de interés para el GTDA, entre otros: el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, así como las resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa.

En tanto, Matthew Gillett, integrante del GTDA, en su intervención confirmó que el tema de la independencia de los jueces es una característica importante en un país que enfrenta una criminalidad compleja y, además, resulta esencial para la presunción de inocencia.