Descubren estafa de 6 mil mdp de empresarios al gobierno mexicano

El gobierno de México ha sido víctima de una estafa que le ha costado al menos 6 mil millones de pesos de dinero público desde hace una década, reveló el diario El País.

Los empresarios René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García lograron convencer a tesoreros de instituciones públicas de invertir con dinero del erario en su sistema de negocios, con la promesa de unos rendimientos muy elevados (del 11% al 13% anuales) y el pago en efectivo de una “comisión de colocación” del 5% del total de los recursos comprometidos.

El diario detalla que el esquema consiste en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa en representación de compañías de Dávila y Guzmán que no tienen manera de respaldar las inversiones. Llegado el momento de pagar los compromisos —inversiones, rendimientos y comisiones—, los empresarios acuden a otra institución para vender el mismo modelo de emisión de deuda y refinanciarse. El siguiente préstamo debe ser mayor.

El País apunta que se trata de una compleja red en la que están involucrados brokers, bancos, casas de bolsa, funcionarios públicos y decenas de empresas fachada y testaferros usados para blanquear el dinero obtenido. Las víctimas de la estafa no son exclusivamente instituciones públicas: también hay clientes privados, de modo que el monto de recursos que ha circulado por esta red es necesariamente mayor.

La Fiscalía ha abierto investigaciones contra Dávila y Guzmán y sus compañías de papel por desvío de recursos, blanqueo de activos y evasión fiscal. Las autoridades también están a la caza de los funcionarios corruptos que comprometieron dinero que no les pertenecía.

Este esquema nació en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero la estafa ha continuado operando en la administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que las autoridades tienen plenamente identificado el problema.

El primer indicio de este modelo de robo apareció en 2021, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) había sido víctima del embauco (aunque aún no se conocía que se trataba de un negocio de emisión de deuda replicado con más instituciones).

La ASF documentó que Segalmex había pagado 950 millones de pesos en 2019 y 2020 para adquirir bonos —técnicamente llamados certificados bursátiles fiduciarios privados— expedidos por CI Casa de Bolsa en representación de Financiera Corafi, una de las empresas de Dávila y Guzmán.

El tesorero de Segalmex, René Gavira Segreste, fue destituido y denunciado por el ejercicio indebido de sus facultades (la ley mexicana prohíbe el uso de fondos públicos en inversiones riesgosas).

La sangría de las arcas públicas causada por uso del mismo esquema no ha parado, pues otras instituciones públicas han participado en el negocio de René Dávila y Roberto Guzmán y sus dos empresas principales: Corafi y Escorfin.

El mayor quebranto fue al Fondo del Retiro de los Trabajadores de la Educación (Forte), que administra las pensiones de miles de maestros contratados por el Gobierno federal. Este ha invertido 3 mil 900 millones de pesos en la compra de los bonos basura, según la información actualizada a septiembre de este año.

Por su parte, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el sistema de créditos, hipotecas y cuotas de salud pública de los funcionarios mexiquenses, ha invertido 610 millones de pesos en los instrumentos de deuda de Corafi/Escorfin. Un organismo semejante, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), ha pagado 302 millones. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha invertido 213 millones en el esquema, y la Fiscalía General de ese mismo Estado ha pagado otros 66 millones.