Viene lluvia de amparos contra eliminación de fideicomisos del Poder Judicial

Los trabajadores del Poder Judicial ya se preparan para presentar amparos en contra de la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos de la judicatura, pues verán afectados sus derechos laborales. 

En entrevista con La-Lista, Rodolfo Martínez, socio y director de Constitucionalidad y Derecho Administrativo de la firma Trusan & Roma Abogados, informó que hasta ahora suman alrededor de 600 trabajadores del Poder Judicial quienes se han acercado con el fin de promover un amparo. 

350 de ellos son trabajadores en activo y 250 jubilados, entre los que se encuentran magistrados, jueces en retiro y personal operativo. Explicó que se trata de recursos que constituyen derechos adquiridos por los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. 

“Ninguno de estos fideicomisos son recursos que se destinen a ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son fideicomisos que cuentan con recursos que dada la naturaleza en su erogación progresiva, tienen que ser administrados. No están ahí de manera ociosa calentando una cuenta bancaria. No es dinero que esté sin ejercicio”, aseguró. 

El litigante explicó que con la desaparición de fideicomisos no nada más se afecta a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sino también se pone en riesgo la administración de la impartición de justicia, pues uno de los 13 fideicomisos se utiliza para el fortalecimiento de la infraestructura para la implementación de reformas constitucionales. 

Concretamente se refiere a la reforma constitucional que hubo en materia laboral, por la cual se suprimen las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje para convertirlas en Tribunales, así como para la reforma constitucional de 2008 del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

“No nada más se ven perjudicados los empleados del Poder Judicial, sino también la sociedad al no poder tener una administración de justicia pronta y expedita, porque ya no se va a contar con recursos para poder seguir con la modernización y la ampliación de las instancias jurisdiccionales en materia laboral y penal”, dijo. 

Ante ello, el litigante Rodolfo Martínez explicó que una vez que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sea aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, se presentarán las primeras demandas de amparo en todo México.

De acuerdo a la Ley de Amparo, se cuenta con 30 días tras su publicación, para impugnar la reforma por la vía del amparo directo. 

“Las prestaciones de todos los empleados, cuestiones de seguridad social, como lo es el servicio médico complementario, vivienda, esparcimiento, etc; van a ser afectados por esta reforma, van a tener que ampararse para poder mantener sus remuneraciones a través de las suspensiones que seguramente otorgarán los jueces de distrito”, explicó. 

El litigante recordó que los trabajadores del Poder Judicial también resultaron afectados en su momento con la aprobación de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y la Ley de Austeridad Republicana, que provocaron una ola de más de 30 mil amparos, entre los que se encontraban los de los empleados de ese Poder. 

Augura inconstitucionalidad de la reforma

Explicó que desde hace dos años ya se empezaron a emitir resoluciones en las que se determina la inconstitucionalidad, con lo que se les reintegran dichas remuneraciones, y lo mismo sucederá con la eliminación de los fideicomisos.

“Mi pronóstico es que se va a declarar la inconstitucionalidad de esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y va a ser tanto por el cúmulo de amparos que se presentarán de manera individual, como por las acciones de inconstitucionalidad que presentarán los grupos parlamentarios del Congreso, y eventualmente este asunto se va a conocer en el pleno de la Suprema Corte”, concluyó.