Tribunal Electoral, incompleto rumbo al 2024: tensión política ante falta de magistrados

A partir de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) operará con cinco magistrados, y con dos plazas vacantes,  luego de que el martes concluyeran su periodo Jose Luis Vargas Valdez e Indalfer infante, y el Senado de la República no realizara aún los nombramientos correspondientes. 

Esto, en el contexto de los choques que mantienen el Ejecutivo y el Judicial, en el que el último episodio fue desaparecer 13 de los 14 fideicomisos de ese Poder, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara abajo la reforma electoral conocida como Plan B, por lo que los nombramientos podrían no realizarse. 

De acuerdo con especialistas, este escenario inédito podría generar tensión política en el marco del proceso electoral federal 2023-2024, en el que se elegirá al Presidente de la República y más de 20 mil cargos.

El papel de la Sala Superior en la elección presidencial es declarar la validez de la elección, y del presidente electo. Es la última instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanas y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos.

Para que la Sala Superior pueda sesionar, debe tener mayoría simple para asuntos ordinarios, que son cuatro de los siete magistrados. En casos en los que se requiere una mayoría calificada es en la declaración de validez de la elección de la Presidencia de la República, que en este caso son los votos de seis de los siete magistrados.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece una fecha límite para que se realicen los nombramientos, sin embargo señala que para la declaración de validez de Presidenta o  Presidente de la República, magistradas o magistrados decanos de las Salas Regionales deben ocupar esas vacantes. 

De acuerdo con el analista político Jorge David Aljovín, esto generaría una falta de legitimidad en las decisiones, e incluso tensión política. 

“Imagínate una decisión controvertida, alguien podría decir que tomó la decisión un perfil que no fue elegido para ese cargo, y que simplemente se encargó de un reemplazo, por lo tanto esto puede generar una tensión no solamente desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista político”, advirtió el especialista.

En el Senado de la República, la Comisión de Justicia ya emitió el dictamen de idoneidad de las tres mujeres y tres hombres que fueron propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo la Junta de Coordinación Política no ha citado para alcanzar acuerdos. Esta semana la cámara alta no sesionará, y regresará a sus labores habituales hasta el próximo 7 de noviembre.

Aljovín consideró que el mensaje político que se envía es que poco importan las instituciones y los temas de justicia al Gobierno Federal y al partido mayoritario. 

El especialista vio en esta acción de Morena en el Senado, como parte de la “venganza” en contra del Poder Judicial por la invalidación del llamado “Plan B electoral”, registrado en meses pasados, además de “parte del estrangulamiento y descabezamiento del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con Aljovín, esto podría venir acompañado de una reducción del presupuesto del organismo para 2024, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que debe estar aprobado antes del 15 de noviembre.

“Nos estamos encontrando que el plan que se tiene por parte del bloque oficialista es minar al Poder Judicial, en este caso a la Sala Superior”, consideró.

Y es que a principios de octubre, el pleno del Senado rechazó a las tres magistradas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postuló para ocupar la vacante que hay en la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el pleno, 92 legisladores votaron en favor de la “elegibilidad” de las candidatas, dos en contra y dos se abstuvieron. Pero al votar por cédula (voto secreto) ninguna de las aspirantes obtuvo mayoría calificada de dos terceras partes.