Ministro rechaza reforma a ley de amparo, que podría llegar a la SCJN

El ministro Alberto Pérez Dayán llamó a proteger el juicio de amparo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de legisladores, en referencia a la reforma a la ley de amparo aprobada recientemente.

Pérez Dayán también señaló que “para muchos” el amparo se ve severamente amenazado por la intolerancia.

“No puedo dejar de expresar mi preocupación precisamente por la aprobación de la reforma a la ley de amparo”, comentó.

Lo anterior, luego de que se aprobara una reforma a la ley de amparo, la cual prohíbe a jueces otorgar suspensiones generales a obras, políticas y posibles violaciones a derechos humanos.

El integrante de la Suprema Corte -a donde podría llegar para ser revisada la reforma a la ley de amparo- aseguró que el juicio de amparo ha sido la vía efectiva para proteger los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de la autoridad y es un pilar fundamental del sistema jurídico mexicano.

Además, dijo Pérez Dayán que el juicio de amparo garantiza y protege la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico.

Y recordó que la protección que ha otorgado esta figura no hubiera podido tener lugar, si no hubiera ido acompañado de una suspensión que permitiera preservar el derecho protegido por el propio medio de defensa, pues se asegura la tutela preventiva de los derechos e intereses colectivos y difusos.

Principalmente, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuyo cumplimiento y exigibilidad constituye una obligación humana a cargo del Estado mexicano.

“¿Acaso la existencia de un juicio, cuya finalidad es proteger los derechos humanos, realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones, si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en él, se detenga? Esta es una interrogante principal que nos envuelve con un gran dilema: la suspensión con efectos generales es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución federal”, sostuvo el ministro.