Con AMLO, menos presupuesto para víctimas y periodistas asesinados aún con protección: Artículo 19
Artículo 19 expone los pendientes que deja el sexenio de AMLO en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador siguió la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, además de que el acceso a la información sufrió francos retrocesos y las víctimas tuvieron menos presupuesto, indicó la organización Artículo 19.
Así lo advierte su informe titulado “Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información”, presentado este martes.
La organización recordó el discurso de López Obrador en campaña y como presidente electo en 2018, en el sentido de que en México las víctimas tendrían justicia y siempre habría los recursos suficientes para su atención. Para contrastar ello, Artículo 19 puso de ejemplo el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la que “las condiciones para operar... se tornaron complicadas por lo que toca a recursos materiales, económicos y humanos que permitieran su adecuado funcionamiento”.
En lo que toca al estado de las cosas en la CEAV, las mermas en su presupuesto se traducen, al final, en miles de víctimas en el país y en la falta de atención a éstas. En el sexenio de López Obrador se han eliminado recursos fundamentales para la atención a víctimas.
Por ejemplo, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) se redujo de 500 millones en 2018 a 430 millones en 2019 y finalmente fue eliminado en 2020.
Su servicio de asesoría jurídica para la atención a víctimas está sobrecargado. La asesoría jurídica de la CEAV, como parte fundamental para el acompañamiento de las víctimas, muestra un serio déficit de personal respecto al número necesario de personas asesoras para una correcta atención, anotó.
En este sexenio, además de los problemas estructurales y de falta de recursos, el Mecanismo de Protección a Periodistas se describió afectado por graves fallas en la ejecución de medidas y la carencia de una perspectiva de prevención.
“Los asesinatos de periodistas fueron una constante este sexenio, incluso los asesinatos de al menos seis periodistas que gozaban de las medidas de protección del propio Mecanismo. Tal es el caso de Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el 17 de junio de 2021 sin que se llevaran a la práctica las medidas de protección pertinentes”, anotó Artículo 19.
Esto contrasta con el discurso del gobierno que sugiere que la culpa es de los propios periodistas por no aceptar protección, a pesar de las pruebas de que quienes la tienen han sido asesinados.
Sobre la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, señaló que afronta graves desafíos para su función de investigar y perseguir delitos contra la libertad de expresión.
“La FGR, por intermedio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se ha mostrado incapaz de hacer investigaciones exhaustivas y diligentes, dejando a los periodistas vulnerables y sin acceso a la justicia. A pesar de las promesas de garantizar la justicia para periodistas víctimas de delitos, este sexenio los avances han sido limitados y, dado que se transmite el mensaje de que los agresores no serán investigados, ellos se perciben impunes”, consideró.
También criticó que el Ejército siguió usando el malware Pegasus contra personas periodistas y defensoras de derechos
humanos.
Al ser interpelado sobre los nuevos casos de vigilancia, el presidente López Obrador se defendió aludiendo a que “no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores”, sino que las instancias de vigilancia correspondían a “labores de inteligencia, no de espionaje” para, en sus propias palabras “enfrentar a los delincuentes”. Es decir: confirmó que Pegasus seguía operando, pero desconociendo u ocultando que las fuerzas armadas estaban utilizando el malware para espiar selectivamente a personas inocentes.
Además, Artículo 19 apuntó que la justicia tampoco llegó en el único de los casos judicializados por el mal uso de Pegasus durante el gobierno anterior. En este caso, en el que figuraba como víctima la periodista Carmen Aristegui, el juez señaló que efectivamente había sido intervenida de forma ilegal por sus investigaciones periodísticas —en especial La casa blanca de Enrique Peña Nieto— pero no podía acreditarse plenamente la responsabilidad penal del acusado, un operador técnico de una empresa autorizada para vender Pegasus en México. Así cerramos un sexenio en el que se continuó espiando y tampoco se alcanzó justicia en los casos “del pasado”.
La organización criticó que “es paradójico que parte del presupuesto supuestamente asignado para atender el cambio climático se destine al proyecto del Tren Maya, que ha causado una evidente devastación ambiental”.
Por otro lado, Artículo 19 manifestó que “hemos llegado a la triste conclusión de que el derecho a la información no está plenamente garantizado en contextos de desastres naturales, cuando tendría que ser una prioridad para la población que pudiera verse afectada por esos fenómenos y así reducir su vulnerabilidad y las repercusiones en sus vidas”.