GIEI pide al gobierno revelar información reservada en caso Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) solicitó al gobierno de México incorporar a la investigación la información que mantiene reservada, sobre la detención y traslado de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Luego de que señalara limitaciones y bloqueo del gobierno mexicano para acceder a información que lleve al esclarecimiento del caso Ayotzinapa, a través de un último mensaje, pide mostrar información oculta, clasificar delitos por desaparición forzada y ejercer acciones contra perpetradores.

Los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain firmaron un mensaje denominado “Hoy es Todavía”, en el que explicaron que tras siete años de ocurridos los hechos en Guerrero, en la Normal Rural de Ayotzinapa, y tras su llegada en un segundo periodo, la documentación entregada por diversas dependencias de gobierno, como Sedena, Semar y Cisen, no contribuye para el esclarecimiento del caso, además de que se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones a pesar de las pruebas existentes.

“La documentación entregada, al día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”, advirtieron.

Ambos expertos mencionaron que estas dificultades sucedieron a pesar de la apertura inicial que mostró el gobierno federal y su disposición para abrir expedientes.

“Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (Sedena), la Marina (Semar) y los servicios de inteligencia (Cisen), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIE y la COVAL”, apuntaron.

Aunque hubo esta apertura, los problemas para avanzar fueron surgiendo conforme ocurría el hallazgo de datos, y se generó, incluso, dificultades para judicializar o realizar acciones contra posibles perpetradores en el caso Ayotzinapa, afirmaron.

“El caso y los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad”, apuntaron.

Agregaron que la investigación fiscal debe llevar no sólo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y la búsqueda.