Relatora de la ONU rechaza la reforma judicial de AMLO

Margaret Lockwood Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, manifestó su preocupación por la reforma judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y se pretende discutir en el Congreso el siguiente mes.

Para la relatora, esta iniciativa podría “socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”.

“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces”, indicó Lockwood Satterthwaite.

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La relatora señala que la propuesta de reforma judicial modificaría los artículos 96 y 97 de la Constitución, reemplazando estos procedimientos de nombramiento por elección popular directa de todos los jueces y magistrados federales, lo que incluye a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ello, subraya que el derecho internacional no requiere un procedimiento específico de nombramiento de juzgadores, pero se exige que cualquiera que este sea “garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva. Los Estados deben adoptar medidas específicas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones, incluso a través de la adopción de procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción”.

Anota que “idealmente, los procesos de selección deberán llevarse a cabo por una autoridad independiente y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y la ciudadanía para asegurar que la selección se fundamente en los méritos y aptitudes de los candidatos”.

Sobre la elección por voto popular, la relatora enfatiza que “este procedimiento puede dar lugar a la politización de los
nombramientos judiciales, de forma que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los criterios objetivos establecidos en las normas internacionales y regionales (el mérito, las calificaciones, la integridad, el sentido de independencia e imparcialidad, etc.)”.

Y señala que “las reformas propuestas no especifican los criterios aplicables a la selección de candidatos por cada rama de gobierno”.

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Además, anota que las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad.

Adicionalmente, subraya que “la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.

Agrega que la permanencia o seguridad en el cargo de los jueces está garantizada por estándares internacionales que prohíben su remoción arbitraria o sin justa causa, lo cual se rompería con la reforma que propone removerlos a todos.

“La remoción anticipada de todos los jueces en funciones una vez que los nuevos jueces sean electos sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial. La imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión”, expone.

“También resultan profundamente preocupantes los informes que indican que aproximadamente 1,800 jueces y funcionarios serían inmediatamente despedidos tras la implementación de esta reforma. La remoción abrupta de un número tan grande de
funcionarios judiciales podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales, y podría violar su derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, añade.
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