Santiago Aguirre: AMLO reconoció crisis en derechos humanos, pero terminó por abandonarla
Al evaluar el sexenio lopezobradorista, el director del Centro Pro señaló en entrevista que AMLO no tuvo empatía con las víctimas de la violencia ni privilegió el respeto a los derechos civiles.
Al evaluar el sexenio lopezobradorista, el director del Centro Pro señaló en entrevista que AMLO no tuvo empatía con las víctimas de la violencia ni privilegió el respeto a los derechos civiles.
Acabar con la violencia y atender el problema de la impunidad en México fueron la bandera con la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la titularidad del ejecutivo; sin embargo, estas promesas fueron abandonadas, acusa Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En una revisión al sexenio de AMLO, el abogado subraya que al expresidente le hizo falta empatía con las víctimas y lamenta que se privilegiara una visión militar y poco humana en medio de la exigencia de justicia.
Además, reconoce en entrevista para La-Lista que algunas organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Pro, confiaron en que la administración tendría buenos resultados y terminaron descubriendo que en materia de derechos humanos no fue muy distinta a otros sexenios.
Cuando comenzaste a dirigir el Centro PRODH, ¿cómo era la relación con el gobierno?
Lo que yo puedo decir, a partir de mi experiencia, más allá de mi persona, es que creo que todos los organismos de derechos humanos que habíamos venido documentando la crisis de violencia del país y exigiendo un cambio en el modelo de seguridad y justicia, vimos con esperanza la llegada al poder de una opción política que reconocía que había una crisis que atender, porque esa fue la posición inicial de la administración. Entonces, veíamos que eso podría abrir espacios de cambio.
Como muchas organizaciones y muchos otros actores, acercamos propuestas, buscamos colaborar y coadyuvar.
En nuestro caso, algo de eso fue en el contexto del proceso de Ayotzinapa, porque como organización estuvimos muy cerca de los esfuerzos iniciales para reabrir el caso e investigarlo a fondo. Entonces, trabajamos estrechamente con el primer subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, con el primer fiscal del caso, Omar Gómez Trejo.
Desde esa experiencia y otras, en distintos casos, lo que vimos en el sexenio fue, digamos, un inicio en el que se reconoció la necesidad de implementar una agenda de atención a la violencia, de reconocimiento de la crisis que vivió México.
Hubo servidores públicos que hicieron un trabajo relevante, como los mencionados, pero también vimos cómo, poco a poco, esta promesa (de acabar con la violencia) y este impulso inicial se abandonó conforme aumentó la necesidad de sostener un discurso, el cual negaba la persistencia de esta crisis.
Conforme se dio más poder al Ejército y conforme se equivocó el diagnóstico en materia de justicia, y en vez de atender a las fiscalías y sus deficiencias, se inició esta ofensiva contra el Poder Judicial Federal, que culminó con la reforma judicial.
Habiendo un impulso inicial, que implicó buenos nombramientos, reconocimiento de la crisis, algunas políticas acertadas, poco después de la mitad del sexenio, ese impulso se abandonó.
Prevaleció más bien la visión militar, prevaleció el abandono a las víctimas, el intento de manipular las cifras de desaparecidos y, de esa manera, el sexenio terminó cerrando de una manera no tan diferente al de las anteriores administraciones, en cuanto a relegar la exigencia de justicia y verdad de las víctimas, con la agravante de haber impulsado una agenda muy errática en materia de justicia que significó fustigar a los Poderes Judiciales, al tiempo que se toleraron las incapacidades de las fiscalías.
¿Cuántos compromisos hizo el expresidente López Obrador con las víctimas, que no se cumplieron en materia de derechos humanos?
No sé si podría enumerar una lista de compromisos, pero te podría decir: a ver, se prometió una política migratoria diferente y el sexenio terminó con la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez; se prometió solucionar el caso Ayotzinapa y el caso terminó con la protección del Ejército; se prometió enfrentar la crisis de desapariciones con una Comisión Nacional de Búsqueda con recursos y a la altura, y se terminó apoyando una Comisión Nacional de Búsqueda más ocupada en reducir las cifras, que en atacar realmente el fenómeno.
Se prometió explorar mecanismos extraordinarios de identificación humana mediante un centro nacional de identificación humana, que incluso se inauguró y se construyó y ese esfuerzo fue abandonado, dejando que de nuevo las fiscalías controlaran todo lo concerniente a la identificación.
Se prometió revisar el modelo de seguridad y terminamos con el Ejército más empoderado que nunca y se prometió también que no habría límite presupuestal para la atención victimal y, sin embargo, se debilitó a una ya de por sí debilitada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La CEAV fue desprovista de herramientas esenciales en su diseño, como el fondo de asistencia y apoyo para la reparación integral, que era un fideicomiso útil para las víctimas.
Y, finalmente, se prometió acabar con la impunidad. Sin embargo, se toleró que la Fiscalía General de la República y la fiscalías estatales, que son las verdaderas causantes de la impunidad en el país, continuaran con su ineficiencia, distrayendo toda la atención en los ataques judiciales.
Entonces, creo que que más que una lista de compromisos, en estas cuestiones es donde se puede ver que el impulso inicial que hubo se abandonó muy rápidamente.
¿A qué atribuyes este abandono?
Creo que esa es la gran pregunta de evaluación del sexenio.
Creo que el expresidente AMLO fue muy empático con las víctimas del sistema económico, y los puntos de avance en su sexenio están en esa agenda de los derechos sociales, como aumentar el salario mínimo, la reforma laboral, poner en el centro la desigualdad, hablar más de discriminación por el color de piel en México…
Pero en lo que hacen los derechos civiles y políticos, y en particular en cuanto a las víctimas de la violencia, por la guerra contra las drogas y la inseguridad, no tuvimos esa misma empatía.
Y poco a poco, fueron privando en las decisiones públicas que se adoptaron, pues más bien las visiones del Ejército, más bien las visiones de una Fiscalía General de la República quebrada y el resultado está a la vista.
¿Dirías que hubo un retroceso en materia de derechos humanos?
Yo lo que diría es que la evaluación del sexenio es de pasos en la dirección correcta en derechos sociales, mezclados con retrocesos en la garantía de derechos civiles y políticos, a lo que hay que aunar la enorme preocupación que deja, por la forma y el fondo, la reforma judicial.
En el Centro PRODH, somos de la opinión de que privando un balance más bien negativo, con retrocesos, la aprobación de la reforma judicial en forma y fondo implicó adicionalmente cruzar una línea roja muy preocupante.
Una línea roja es como cruzar un límite de respeto a decisiones fundamentales del Estado, como la división de poderes, que nos parece preocupante.
Digamos, se inclinaría hacia una evaluación negativa el sexenio de López Obrador, sin duda.
La violencia no se contuvo; el balance es más bien negativo en derechos humanos, incluso reconociendo pasos adelante en algunos temas de derechos sociales.
Eso, sin mencionar la política frente a los organismos de garantía de derechos, como la captura política de la CNDH y la propuesta para eliminar al INAI; no son desde luego buenas noticias para los derechos humanos.
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