La reforma eléctrica calienta las elecciones; la oposición amaga con llevarla a la Corte

La aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por parte del Senado de la República, calentó la arena política a sólo tres meses de que inicie el proceso electoral 2021. Desde la madrugada de este martes, los tres principales partidos de oposición manifestaron su rechazo a la polémica iniciativa federal.

Particularmente, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que la impugnará lo que consideraron un “madruguete” legislativo. Amagó con responder mediante una “acción de inconstitucionalidad” que presentarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Morena aprobó sin moverle una coma la #LeyDeLaIndustriaEléctrica como se los instruyeron y con esto se negó a darle energías baratas y limpias a las familias. Las y los senadores de @AccionNacional seguiremos luchando contra la #LeyCombustóleo en la @SCJN”, manifestó en bloque la bancada albiazul.

Al llamado se sumaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

“Vamos a agotar todos los medios de defensa legal. Vamos a preparar una acción de inconstitucionalidad y confiamos que la Suprema Corte va a mantener los criterios que ha tenido. Abiertos para trazar una ruta que defienda hasta el último medio a nuestro alcance”, expuso Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.

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Durante la noche y madrugada de este martes, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado de la República –dominado por el partido Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES)– ratificó, sin modificación alguna, la reforma exprés enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una semana antes, ésta fue aprobada por la Cámara de Diputados también dominada por la mayoría legislativa. Con este paso sólo resta la aprobación del Ejecutivo federal y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En respuesta, durante la mañana de este miércoles, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por el empresario Carlos Salazar Lomelín, manifestó su malestar por la iniciativa del presidente López Obrador y que el Congreso no haya escuchado sus propuestas.

“Hoy, con esta reforma evitar o de alguna manera aumentar la generación eléctrica”, acusó.

Salazar Lomelín añadió que la iniciativa privada no fue consultada antes de presentar el paquete legislativo ni participó en su diseño. Además acusó que el abaratamiento de costos en la industria eléctrica nacional debe ir dirigido a los grandes consumidores, no sólo a los hogares y pequeños negocios.

“Todos queremos que la electricidad nos llegue a mejores precios pero esto será posible siempre y cuando tengamos menores costos para producirla. Y tenemos que recordarle a los legisladores que cuando hablamos de menores precios, tenemos que hablar que hablar del precio de todos los mexicanos, tal como lo dijo el general Cárdenas en su momento”, añadió.

Por último acusó que subirán las tarifas eléctricas en las empresas del país, costo que pagarán los consumidores vía aumento de precios en alimentos, bienes y servicios o bien en el pago de más impuestos

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El ejecutivo federal reaccionó a la campaña que montaron los partidos de oposición y el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a empresas en el sector de estar molestas con reforzar el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Especialmente señaló a la empresa Iberdrola de ser una de las diez empresas dominantes en el sector.

 “Básicamente son Iberdrola y unas 10 más, porque está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico. Entonces, vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es sólo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política, así también de claro; ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas”, expuso.

Por último reafirmó que “no quiere expropiar por expropiar” ni generar miedo a los inversionistas ya que, la polémica iniciativa, fortalece a la compañías del Estado en detrimento de privadas y extranjeras.