Diputados del PRI impulsan reforma para homologar el fuero del presidente con el de los legisladores

Cuando Andrés Manuel López Obrador presentó por primera vez su Proyecto Alternativo de Nación, uno de los elementos más celebrados por sus seguidores y los simpatizantes de su partido fue el punto 11, en el que se comprometía a acabar con el fuero de los gobernantes.

“Expreso en forma categórica que cuando triunfe nuestro movimiento no habrá impunidad. Se eliminarán los fueros al presidente y a los altos funcionarios públicos“, anunció el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena desde el Estadio de Beisbol Central del Deportivo Azcapotzalco. “Se propondrá una reforma al Artículo 108 de la Constitución para poder juzgar por corrupción al presidente en funciones. El ejemplo de honestidad se dará desde el gobierno y habrá un sistema eficaz anticorrupción con participación ciudadana”.

Era apenas noviembre de 2016, durante el segundo congreso nacional extraordinario de su partido, pero el ahora mandatario ya se encontraba en campaña activa con esa promesa, misma que refrendaría en su campaña presidencial en 2018. Cuatro años después y tras varias negociaciones, el Senado aprobó una iniciativa de reforma al 108 constitucional para modificar los delitos por los que el presidente puede ser juzgado, pero sin retirarle el fuero, como el propio presidente de Morena y entonces líder de la bancada de su partido, Mario Delgado presume.

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“Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”, quedó la modificación, vigente desde el pasado 19 de febrero.

Sin embargo, en el fondo, el presidente mantiene fuero, y no solo eso, cuenta además con una protección diferenciada respecto de los demás funcionarios públicos considerados en ese artículo de la Carta Magna, como los propios legisladores federales, los ministros de la Suprema Corte o los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“En el artículo 111 que es donde está regulado el juicio de procedencia o desafuero, para el caso de la figura presidencial dice que únicamente podrá ser en caso de la imputación delito, solo podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110; (…) si alguien hace alguna acusación de delitos seguiría el procedimiento del juicio político, que es diferente al juicio de procedencia o desafuero”, explica en entrevista para La-Lista la diputada Claudia Pastor.

El domingo, legisladores de la bancada del PRI –liderados por Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y entre quienes se encuentra la propia Pastor– anunciaron que presentarán una iniciativa de reforma para adecuar el artículo 111 de la Constitución en consecuencia con la modificación del 108, y así homologar los procesos.

La también integrante de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que siguió el caso de los juicios de procedencia de Francisco García Cabeza de Vaca y Cruz Pérez Cuéllar, detalla que si bien los legisladores de Morena difundieron la reforma como la eliminación del fuero, se trató de una promoción errada. Además reiteró su oposición a la medida, por lo que se buscará completar la reforma planteada.

“En la iniciativa se hace una narrativa de la irresponsabilidad de tratar con esa, a nuestro parecer, frivolidad a la figura presidencial, porque finalmente los cargos públicos y la función pública tienen como finalidad la gobernabilidad, la estabilidad, y en el momento en que piensan que acusar a un presidente, sea quien sea, de un delito implique separarlo del cargo, es hablar de someter a México a una ingobernabilidad seria”, advirtió.

De acuerdo con la legisladora priista, la iniciativa se tenía preparada desde el periodo ordinario, pero ante la carga de trabajo y la premura para cerrar el periodo previo a la elección, se quedó en el tintero. Por lo que se buscará impulsar desde la Comisión Permanente.

Una reforma al reglamento de la Cámara de Diputados al final del periodo ordinario de sesiones en abril pasado abrió la puerta a que durante la siguiente legislatura, que comienza en septiembre, los nuevos diputados tengan que revisar las iniciativas pendientes que se encuentren en comisiones del último año de la legislatura anterior.

“Como hay reelección, lo que nosotros dijimos fue que tengan un año para ver qué iniciativas que están ya presentadas puedan salir. Entonces para nosotros es bien importante impulsar estas, que no sea trabajo desperdiciado”, dice Pastor.

La Comisión Permanente del Congreso tiene su próxima reunión este miércoles 19 de mayo.