Los nombramientos y contrarreformas en la cancha del Congreso

En este periodo de sesiones, que dio inicio el 1 de febrero entre protestas y rencillas políticas, el Congreso de la Unión tendrá que revisar al menos tres reformas clave para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y realizará 25 designaciones en organismos autónomos.

Las decisiones que tomen los legisladores tendrán un impacto relevante en las reglas del juego en material electoral, económica, energética, en seguridad pública, en transparencia, en la lucha contra la corrupción, la impartición de justicia y la generación de estadísticas e indicadores de nuestro país.

El Observatorio de Designaciones Públicas, impulsado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, destaca 25 procesos en los que los senadores, en algunas ocasiones en conjunto con el presidente López Obrador, deberán elegir nuevos funcionarios públicos.

La elección de servidores públicos será para instituciones autónomas que han sido cuestionadas por el titular del Ejecutivo federal. Incluso algunas han sido amenazadas con desaparecer por la política de austeridad del gobierno.

“Todas estas instituciones tienen un papel central para mejorar o afectar nuestra vida, proteger nuestros derechos y mantener fortalecidos los contrapesos. Por eso nos parece muy importante que los legisladores cuiden el perfil de las personas que serán designadas”, señala Itzel Checa, coordinadora del Observatorio.

Las dependencias que tendrán nuevas designaciones son la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) con cuatro; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con tres.

También habrá designaciones en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con dos; y por último el Tribunal Superior Agrario (TSA) y el Banco de México (BM) con una.

De estas 25 designaciones, 16 se debieron hacer desde el 2015 según el observatorio coordinado por Checa. “Hay muchas hipótesis de por qué se han retrasado, en el caso de la CNH y la CRE podría ser por la reforma energética con la que desaparecen estas instituciones. En algunos otros casos creo que es una omisión”, indica la experta.

Estas dependencias son clave para el desarrollo de México. El INAI, por ejemplo, procura el derecho de los ciudadanos a solicitar información a los tres niveles de gobierno. La CRE regula el mercado energético, como el de la luz y la gasolina, mientras la Cofece interviene para que los mexicanos tengan varias opciones de empresas al momento de contratar un servicio.

Pese a su relevancia, estas dependencias han sido atacadas de manera constante por el presidente López Obrador. El INAI ha recibido múltiples amenazas de su desaparición porque supuestamente este no hizo nada en casos de corrupción como Odebrecht, pero el instituto se ha defendido al señalar que gracias a su intervención se dieron a conocer documentos de los negocios ilícitos de la empresa brasileña con Petróleo Mexicanos.

De igual forma el presidente ha amagado con unificar a la CRE con la CNH por considerar que hacen trabajos parecidos. Y aunque podría ayudar en su lucha contra la corrupción, también ha abierto la posibilidad de desaparecer el SNA.

Esta situación pone en alerta a Itzel Checa, quien lamenta que las designaciones de funcionarios por parte del Senado puedan ser influidas por el gobierno federal, con el objetivo de socavar la autonomía de estas instituciones.

“El Senado se convierte muchas ocasiones en una oficialía de partes donde solamente el Ejecutivo le manda una propuesta, simula un ejercicio de comparecencia y en automático valida”, dice Checa. “No ha habido un cambio de prácticas del Senado, al contrario, vamos hacia atrás en términos de la rapidez con la que se hacen las designaciones, no se explica por qué se tomó una decisión y no hay mecanismos de participación ciudadana”.

Tres reformas clave de López Obrador

Este año, los senadores y diputados deberán analizar por lo menos tres reformas prioritarias del presidente López Obrador.

La primera es la reforma eléctrica, con la cual el gobierno de López Obrador busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente al capital privado y acaparar la explotación del litio, lo que ha detonado cuestionamientos por el sector privado nacional y extranjero que ha invertido en este sector.

La segunda reforma incluye la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, una decisión que ha sido criticada en múltiples ocasiones por expertos en seguridad y defensores de derechos humanos.

Y la última, es la reforma electoral, de la que aún no se dan detalles, es la relacionada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

En su conferencia matutina del pasado 7 de enero, el presidente López Obrador explicó la relevancia de cada una de estas reformas. La eléctrica ya está en discusión en el Senado de la República, mientras que la de la Guardia Nacional y la electoral aún están pendientes de ser enviadas al Congreso.

“La eléctrica, que es para que no aumente el precio de la luz, que no se siga entregando subsidio a empresas extranjeras (…) Y también para que el litio no se privatice, porque es un mineral estratégico”, señaló el mandatario.

Sobre la reforma electoral dijo que se llevará a cabo “porque tenemos que resolver el problema de que no actúan los del consejo del INE como árbitros, como jueces. Toman partido, están en contra de nosotros”.

Y de la Guardia Nacional indicó que se adscribirá al Ejército “para que no suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se echó a perder, se corrompió, porque no había profesionalismo, disciplina y honestidad”.

La línea en materia de seguridad y justicia a Morena en el Senado

A todas estas intenciones de reforma, se suman siete puntos clave que compartió la Secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ante los senadores de Morena durante la plenaria que sostuvieron el 30 de enero.

La secretaria propuso revisar varios temas en materia de seguridad, como utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores, para el equipamiento de las policías de todo el país.

También planteó “realizar reformas en materia penal para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realicen apología de la violencia y el delito, así como aquellos que tengan contenido sobre consumo de drogas.”

Señaló que existe un vacío legal a actos de reclutamiento a través de videojuegos en línea y plataformas de redes sociales. Planteó endurecer las penas a personas involucradas con actos de pornografía infantil.

Señaló también el devolver a la presidencia de la República y a las y los gobernadores en los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a centros federales penitenciarios. Esta facultad es exclusiva del Poder judicial, a través de los jueces de Ejecución.

Rosa Icela Rodríguez propuso también “establecer medidas para que los gobiernos estatales asignen un porcentaje mínimo de su presupuesto a la compra de productos elaborados “en centros penitenciarios.

¿Una nueva constitución?

Durante el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente López Obrador expresó que sí llegaron a pensar en impulsar una nueva Constitución, pero eso los habría desgastado.

“Pero, imagínense —y por eso la política, entre otras cosas, significa optar entre inconvenientes— lo que se nos hubiese costado llevar a cabo un cambio así, el tener una nueva Constitución. Nos hubiese desgastado, nos hubiese confrontado, no hubiésemos avanzado. Entonces, optamos por reformar buscando los equilibrios, también la conciliación. Y se avanzó en reformas muy importantes”, dijo en el Teatro de los Constituyentes, acompañado por los presidentes del Poder Legislativo, Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos y su gabinete.