Apuntes sobre la iniciativa de reforma electoral que toca la puerta
Medios Políticos

Es un periodista especializado en el análisis de medios y elecciones. Tiene posgrado en Derecho y TIC, obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Reuter en 2007, fue conductor en IMER y durante 12 años asesor electoral en el IFE e INE, editor, articulista y comentarista invitado en diversos diarios, revistas y espacios informativos. Twitter: @lmcarriedo

Apuntes sobre la iniciativa de reforma electoral que toca la puerta
Ricardo Monreal, senador de Morena. Foto: senado.gob.mx

Ya existe un proyecto preliminar de reforma electoral que confecciona el grupo parlamentario de Morena en el Senado, con Ricardo Monreal al frente. Al momento de escribir estas líneas, como muchas y muchos colegas, he revisado los contenidos de lo que circula de manera informal y han retomado ya varios medios en sus aspectos centrales. Es probable que se haya dosificado para medir la temperatura en cuanto sus ejes torales, registrar reacciones y eventualmente ajustar o modular sus alcances en una versión final, aunque todo apunta a que los temas sustantivos no cambiarán, al menos estarán presentes en el debate, se colocarán sobre la mesa y de ahí partirá una negociación política que definirá qué avanza y qué no, que marcará las reglas de competencia y arbitraje de cara a la revocación de mandato y comicios presidenciales de 2024. 

Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta necesita respaldo de dos terceras partes de cada Cámara y también del total de Congresos locales. Entre los elementos relevantes destacan los siguientes 10 puntos: 

1. Pide renovación casi total de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). El instituto pasaría de 11 a siete integrantes en su máximo órgano de dirección, permitiendo, en un artículo transitorio, que únicamente quienes fueron designadas y designados en 2020 puedan inscribirse para ser consideradas y considerados en el proceso para la integración del nuevo consejo.

De esa manera, se pediría que terminen de forma anticipada su encargo el presidente del instituto Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz (quienes llegaron al INE en 2014), así como Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera (quienes llegaron en 2017). Es decir, siete de 11 dejarían de forma anticipada el cargo sin derecho a concursar en la nueva integración, mientras que Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas y Martín Faz (nombradas y nombrados en 2020) sí podrían inscribirse en el nuevo proceso de selección, aunque sin pase automático o lugar seguro.

Una remoción anticipada de consejeras y consejeros rompe el principio de inamovilidad en los encargos, pero no es algo novedoso, de hecho ocurrió con la integración del instituto en los dos sexenios previos, incluso antes de las elecciones intermedias y no después como sería en este caso. 

En 2008 gobernaba Felipe Calderón por el PAN, faltaban pocos meses para la elección federal intermedia de 2009 y luego de una amplia reforma constitucional en materia electoral se modificó la integración del instituto de forma escalonada, acortando periodos de los entonces consejeros Luis Carlos Ugalde (que había renunciado ante la inminente destitución), Rodrigo Morales y Alejandra Latapí.

En 2014 gobernaba Enrique Peña Nieto del PRI. Faltaban pocos meses para la contienda federal intermedia de 2015 y vino otra reforma con cambio de integración del árbitro. Antes de esa reforma se habían cancelado los procesos escalonados de renovación para consejeros que fueron terminando sus encargos sin que hubiera acuerdo para nombrar a los relevos. El IFE tenía entonces un diseño de nueve integrantes y se quedó solo con una consejera y tres consejeros (un IFE de cuatro integrantes), quienes tenían encargos en curso que fueron interrumpidos por la reforma pero con la posibilidad de participar en el nuevo proceso de designación con el que se integró el primer INE ya con 11 integrantes. Tres permanecieron, pero la consejera María Marván no fue ratificada y, por lo tanto, su periodo se interrumpió. En cambio, el consejero Córdova, no solo fue ratificado, sino que se le designó presidente del INE, pese a que había sido un crítico de esa reforma, entre otras cosas, porque se habría pactado a cambio de la reforma energética.

La iniciativa que circuló de manera informal en medios retoma, entre otros argumentos, que ningún país en América Latina tiene órganos electorales colegiados con 11 consejeras y consejeros como ocurre hoy en el INE de México. Alude la propuesta a que hay países con solo tres árbitros (Panamá, Argentina o Paraguay), otros con cinco (El Salvador, Chile, Guatemala, Venezuela o Costa Rica), con siete (Ecuador, Brasil, Bolivia) o nueve (Colombia, República Dominicana, Uruguay).

El IFE tenía nueve integrantes, el INE los subió a 11 aunque con más comisiones que atender por las nuevas atribuciones. La iniciativa incluye un artículo QUINTO transitorio que para “no afectar derechos adquiridos” (¿?) las y los consejeros que verían interrumpido su encargo tendrían una indemnización equivalente a la totalidad de sueldos que les hubieran correspondido si terminaran su encargo. El pago sería inmoral, pero probablemente es un agregado que trata de ablandar resistencias o mejorar condiciones para concretar la negociación. No es correcto dar pagos por adelantado de trabajos no realizados y sería indigno para consejeras y consejeros aceptar algo así, aunque se aprobara.  

2. Renovación total en el tribunal electoral. La iniciativa pide pasar de siete a solo cinco magistradas y magistrados en la Sala Superior y, ahí sí, no hay alguna alusión en artículos transitorios respecto a que pudieran participar alguna o alguno de las y los magistrados que actualmente desempeñan su encargo en medio de escándalos auto afligidos que no terminan. 

3. Desaparecer institutos y tribunales electorales locales. La iniciativa de reforma quiere nacionalizar de forma total las elecciones y desaparecer a los institutos y tribunales locales para que sus tareas las absorba el INE y el poder judicial.

4. Acabar con pluris en el Senado y reducir pluris en diputados. La propuesta estaría por eliminar la totalidad de escaños plurinominales en el Senado de la República (son 32 lugares hoy) y reducir de 200 a 100 esos espacios de representación proporcional en la Cámara de Diputados. En otras palabras, pasaríamos de un Senado con 128 legisladores a uno con 96. En esa cámara en específico, la medida no implica dejar completamente sin representación a votos minoritarios, porque prevalecería de todas maneras el modelo de fórmulas de mayoría relativa con primera minoría. Quien gana la entidad se queda con dos lugares (la fórmula completa) pero el partido segundo lugar en votos tiene derecho a un lugar (la mitad de la fórmula) conocido como “primera minoría”. Así se representa a mayorías y a la minoría con más respaldo.

En el caso de diputaciones pluris, ahí regresaríamos al número original de la reforma aprobada en 1977, es decir, a 100 lugares en lugar de los 200 que existen desde 1987. La Cámara de Diputados tendría entonces (si avanza la reforma en esos términos) pasaría de 500 a 400 integrantes. En este punto una ausencia es que nada se dice de eliminar la sobrerrepresentación, que sería el agregado natural a disminuir los escaños pluris.

5. Autonomía de la Unidad de Fiscalización frente a consejeras y consejeros del INE. Acorde a la propuesta ya no se votarían los proyectos de resolución y dictámenes que elabora la Unidad de Fiscalización, es decir, no tendrían participación directa las y los consejeros en ese tema y aunque esto supone una instancia unipersonal de decisión final (quien sea titular de la unidad), lo cierto es que siempre podría revisar el resultado el tribunal electoral que es órgano colegiado. Algo similar ocurrió con los llamados procedimientos especiales sancionadores, que previo a la reforma 2014 los resolvía en primera instancia el Consejo General del INE y ahora el INE solo hace la sustanciación y emite en su caso medidas cautelares en tanto la Sala Regional Especializada del Tribunal resuelve en primera instancia y Sala Superior en última en caso de impugnación. 

6. Se eliminaría del artículo 38 constitucional la anacrónica pérdida de derechos políticos por “vagancia” o por ser “ebrio consuetudinario”. Pues sí, hoy está vigente en la constitución la regla de que no tienen derecho a voto cualquier persona que sea apegada con frecuencia a la bebida y eso por fin lo quitarían aprovechando el viaje.

7. Prohibida propagada con calumnia, pero también con “hechos falsos”. La propuesta tiene una redacción en donde asumiría que está prohibida no solo la propaganda calumniosa (es decir la que impute un delito no comprobado), también cualquier propaganda que impute “hechos falsos”. Eso puede generar cierta discrecionalidad en los procedimientos de sanción, tal y como ocurrió cuando la reforma 2007 elevó a rango constitucional la prohibición a propaganda que calumniara o “denigrara”. En 2014 se volvió a solo mención a calumnia y ya no a denigración, porque es más objetivo demostrar que la propaganda imputa delitos no comprobados que valorar si se “denigra” o en este caso si hay hechos falsos (por ejemplo, un spot en donde se diga que un partido promovió políticas neoliberales u otro en donde se diga que una candidatura representa esperanza, por absurdo que parezca, pueden implicar quejas aludiendo a que son hechos falsos y generar pleitos que se evitan dando la mayor precisión a las restricciones). Sería bueno modular esa regla si avanza. Veremos.

8. Violencia de género como causal de nulidad. La propuesta, como ya se había propuesto en una previa, impulsa que se incluya como causal de nulidad de elecciones la violencia política de género.

9. Reducción del financiamiento a partidos. La iniciativa pida reducir a la mitad la bolsa total de financiamiento que en 2021 fue de casi 6 mil millones de pesos. La constitución establece un fórmula fija para calcular el monto a repartir que hoy es el mismo aunque sean muchos o pocos partidos. 

10. Limitar reglas de competencia novedosas. El INE tiene hoy una facultad para aprobar normas y criterios de interpretación sobre diversos aspectos de la competencia política. La iniciativa del Senado buscaría prohibir que 90 días antes del inicio de un proceso electoral eso ocurra para elementos sustantivos (empieza en septiembre del año previo a la votación que siempre es primer domingo de junio). Esta sería una regla que responde a lo que ocurrió con el criterio de sobrerrepresentación que aprobó el Consejo General para impedir que se registraran como candidatos de un partido los militantes de otro y con ello evitar más representación de la que prevé la constitución.

Habrá más temas, aunque Morena no tiene votos suficientes para una reforma constitucional sin antes generar consenso con bancadas de oposición y aliados. Eso siempre es deseable cuando se ajustan reglas de competencia. Por eso esta iniciativa es un referente más sobre los ángulos del debate que estarán sobre la mesa y podrían avanzar solo si hay amplios acuerdos. No son destinos todavía seguros, y están todavía lejos de ser un ajuste definitivos con posibilidad de prosperar de manera integral.

Es importante que la reforma no sea reactiva a las coyunturas de pleito, porque las reglas trascienden el contexto inmediato. Los actores políticos (del presente) debieran colocar contrapropuestas, argumentos en contra o a favor de estas y las que vengan en lo que parece un inminente debate legislativo que no es algo nuevo en esta materia (tampoco las reformas), pero la historia nos dice que ayuda la altura de miras, perfilar puntos con de encuentro sin renunciar al debate razonado aunque sea álgido, de eso depende que al final las reformas posibles sean mejores en sus reglas y no en retrocesos.