Eliminar ‘pluris’ sería un retroceso; bajar su costo, no

El 15 de junio el presidente López Obrador puso sobre la mesa la posibilidad de eliminar del Congreso la representación proporcional y solo mantener diputaciones de mayoría. Aludió también a los costos elevados, tanto en financiamiento a partidos como en organización de elecciones; a la necesidad de que no haya fraudes; y a propiciar que los árbitros sean demócratas.

La disminución de los llamados “costos” de la democracia con un análisis serio es plausible, también explorar mejores fórmulas para la selección de perfiles en las autoridades electorales, pero desaparecer la representación proporcional sería un retroceso enorme que distorsionaría el voto de minorías, le daría trato de inexistente.

No es nueva esta idea de eliminar a los llamados pluris, la impulsó con entusiasmo el PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto al grado de proponer una consulta popular que no prosperó porque la Constitución impide usar esa figura para modificar reglas electorales.

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Los partidos instalados en gobierno suelen tener el mayor número de espacios en el Congreso y sentirse incómodos teniendo que negociar votos con las oposiciones. Es verdad que en muchos casos hay dispendio y lejanía en los hechos entre diputados pluris y la base social que se supone representan, pero eso también podría aplicar para quienes ganan mayoría relativa y usan indebidamente sus famosas oficinas de gestión distrital como espacio clientelar o pretexto para asignarse sobresueldos opacos.

Los pluris tienen mala fama, pero muchas veces a partir de una falacia que se repite mil veces argumentando que nadie les vota. Eso no es así, sus lugares son para representar votos de minorías que no ganaron el distrito y las listas de pluris por cada una de las cinco circunscripciones están en las boletas, son votos.

Sería antidemocrático volver a los años 50 e instaurar un modelo en donde el que gana se queda con todo el congreso excluyendo a minorías, en lugar de apostar por un cuerpo legislativo austero, pero que cada vez refleje de mejor manera la pluralidad del país.

Eliminar la representación de minorías, algo que tantos años peleó la izquierda, sería un búmerande mediano plazo, que en uno o dos sexenios podría invertir papeles e instalarse como instrumento de la derecha para legislar sin tomar en cuenta a opositores de izquierda aunque hayan tenido un porcentaje específico de votos, porque sencillamente se quedarían sin representación y se asumirá que no existen al momento de aprobarse leyes y reformas diversas.

Eso no era, no es, ni sería saludable, independientemente de las geometrías políticas de un periodo de gobierno determinado. Facilitaría aprobar reformas del ejecutivo pero a costa de la pluralidad parlamentaria. No se trata de defender a capa y espada que sean 200 diputaciones plurinominales o negarse a bajar sus costos, la nuez del debate está en garantizar que se ajuste el modelo pero sin atropellar el derecho de quienes votan por una opción política a estar representados con la proporción justa y no con cero proporción.

Adolfo López Mateos entendió que el poder legislativo en tiempos de partido hegemónico no era sostenible y por eso llegó la simbólica ley electoral de 1963. Ese diseño era un tímido reconocimiento a la pluralidad, con apertura controlada. La ley del 63 es un ejemplo de cómo se modulaba el derecho de minorías garantizando control absoluto del Congreso para el partido oficial. Los llamados “diputados de partido” justificaban una presencia de oposición en la cámara baja, pero lo hacían con una regla que dosificaba su asignación por goteo, calculado un número de diputaciones disidentes inofensivo para evitar cualquier desborde, sin importar la proporción a los votos totales que se obtuvieran.

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López Mateos abrió esa llave para dar un acceso opositor al congreso, aunque casi de ornato, diseñando una fórmula que, aunque permitía participación formal de minorías en la Cámara, también les cancelaba la posibilidad de incidir realmente en cualquier votación sustantiva. Los partidos que obtuvieran el 2.5% de respaldo en las urnas tendrían derecho a tener solo 5 “diputados de partido” y, de forma adicional, se les asignaría uno más por cada 0.5% de votos, con un tope máximo de 20 curules contando para ese tope el total de triunfos obtenidos en distritos.

La reforma política de 1977 fue el punto de inflexión para contar con un sistema mixto, en donde quien ganara cada uno de los 300 distritos (diputados de mayoría relativa a los que aludió López Obrador como únicos a considerar) representaría a ese distrito en el congreso, pero los votos de sus competidores, las minorías dispersas en ese mismo territorio, tendrían también espacio proporcional de representación en la Cámara (los famosos pluris que entonces eran 100 y hoy son 200 diputados).

Por eso es falso, aunque se ha regado como verdad desde hace tiempo, que a nadie representan los pluris, aunque eso no significa tampoco que sean intocables o que no se pueda repensar su modelo de asignación, reducir su número o evitar que sean los acuerdos cupulares la vía principal para definir el orden de las listas. Un cambio democrático sería que ese orden lo definieran las y los electores, que se eliminara la cláusula de sobrerrepresentación que regala espacios no ganados en las urnas si comparamos porcentaje de votos frente a porcentaje de diputaciones.

En el Senado el debate es distinto, porque ahí en cada entidad se postulan fórmulas de dos senadurías por partido. La fórmula que gana el Estado entra completa, es decir, son 32 entidades y como la fórmula es de 2 senadurías pues entran 64 representantes de mayoría relativa en total, pero la fórmula que pierde también aporta un senador o senadora, que suman 32 en total que se conocen como ‘primera minoría’) de su respectiva fórmula, eso independiente de los pluris, que son otros 32 adicionales.

Es decir, ahí los pluris pueden disminuir sin dejar sin representación a votantes minoritarios, pero en el caso de la Cámara de Diputados no, dejar solo diputaciones de mayoría crearía una ficción de congreso, en donde la pluralidad dispersa, que muchas veces suma más votos que un partido mayoritario en lo individual, pues sencillamente se borraría, como si no existiera, regresaríamos a un modelo previo al de 1963. Un retroceso que no debe ocurrir.

No se trata de envolverse en la bandera de la pluralidad para detener cualquier reforma que disminuya costos o cambie inercias que alejan a la política de la población, sino de evitar distorsiones que ya vivimos en cuanto a la representación parlamentaria efectiva. La pluralidad es real y debe reflejarse en su justa proporción.

Sí es posible diseñar una ecuación mucho más austera del congreso, hacer menos cupular la definición de listas, incluso bajar el número de diputaciones pluris, pero desaparecerlas por completo, particularmente en San Lázaro, sería equivalente a desconocer que el país es diverso, pretender que el que tiene un voto más que todos los demás en un distrito debe tratarse como si hubiera tenido todos los votos emitidos, solo tomaría en cuenta a ese ganador al momento de incidir en las leyes que rigen a quienes ganan, pero también a quienes pierden.

*Periodista especializado en medios y elecciones.

@lmcarriedo