En una tendencia que ha tomado fuerza en los últimos años y que puede ya considerarse un patrón en algunos países de América Latina, el autoritarismo está presente en una época que se nos ha dicho se caracteriza por ser aquella en la que las personas hemos contado con más derechos reconocidos que en cualquiera otra. Una paradoja.
Buen ejemplo del fracaso rotundo del intento de un régimen de libertades es Nicaragua, lugar gobernado por ya casi 20 años (de manera absoluta en una segunda etapa) por el clan de la familia Ortega – Murillo, quienes desde los años ochenta habían gobernado ese país por un tiempo (en una primera etapa), retomando ese lugar en la cúspide del poder a partir del año 2007 hasta los días actuales.
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A pesar de contar con antecedentes de lucha en contra de otra dictadura y abanderando supuestos ideales de izquierda, tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo han pasado a engrosar la muy lamentable lista de líderes políticos que al acceder al poder lo terminan utilizando en contra del pueblo al que dicen representar y cuya voluntad afirman interpretar prácticamente de manera exclusiva.
El poder absoluto que dicha familia ejerce en Nicaragua es perfectamente comparable con las autocracias existentes en otros continentes, siguiendo un modelo en el que los instrumentos institucionales del Estado a su alcance son utilizados para reprimir a la población y para hacer los cambios que su grupo considera necesarios para perpetuarse en el poder.
En ese país el mundo ha sido testigo de transformaciones en el aparato gubernamental que han desmantelado a las instituciones democráticas, que en diversos casos no tienen anclaje doctrinario alguno y que invariablemente llevarán al Estado nicaragüense al colapso. El hecho de que su Poder Ejecutivo sea encabezado de acuerdo con su Constitución por dos personas (el matrimonio Ortega – Murillo) que forman parte de algo conocido como una copresidencia, es un buen ejemplo de una concepción patrimonialista de la cosa pública en donde la satisfacción del interés general queda relegada en beneficio del interés de un grupo.
Asimismo, en Nicaragua los casos relacionados con la corrupción han estado presentes durante todo el régimen encabezado por esta familia. Tanto ella como su entorno más cercano han sido beneficiarios de la apropiación de recursos públicos y privados que ha derivado en una clara e inexplicable evolución patrimonial.
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En las más recientes páginas de esta historia de terror, las reformas constitucionales y legales han llevado a que la división de poderes se vea difuminada, a que la independencia judicial desparezca, a que el ejército responda a una jefa y a un jefe supremo, y a que el aparato represivo creado por este clan se encuentre los suficientemente aceitado para que el Estado nicaragüense sea algo cercano a un negocio familiar en el que cualquier disidencia es aplastada de manera contundente.
En un paso más de esta escalada autoritaria, el régimen está echando mano de lo establecido por el artículo 24 de la Constitución “las y los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, comenzando a castigar a quienes consideren opositores con la pérdida de este derecho humano.
Hoy la Comunidad Internacional atestigua este y otros casos que parecen no tener límites y cuyo fin está aparejado al fracaso mismo de los países en donde se encuentran asentados y, por su parte, la izquierda latinoamericana cuenta ya con otro ejemplo de una deriva que ha llegado al extremo de contravenir sus propios principios más fundamentales.