Esto costaría la elección de consejeros electorales, que propone AMLO

La elección de consejeros electorales por voto popular, como propone la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, costaría más de 8 mil millones de pesos, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

En un análisis de la reforma electoral propuesta por el actual presidente de la República, se apunta que ésta “propone convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad electoral en el país, absorbiendo las funciones de los organismos electorales locales, los cuales desaparecerían. También se propone suprimir a los órganos jurisdiccionales locales para que el TEPJF se encargue de resolver las controversias a nivel local”.

“Los consejeros del INEC serían elegidos cada seis años mediante el voto secreto y directo de la ciudadanía, en elecciones celebradas cada seis años durante el primer domingo de agosto”, se anota.

“Cada uno de los Poderes postularía a 20 personas de manera paritaria (por conducto del presidente de la República, 10 personas la Cámara de Diputados, 10 el Senado, ambas cámaras por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, y 10 el pleno de la SCJN, con mayoría de ocho votos)”, precisa.

“Las personas candidatas tendrían derecho de acceso igualitario a radio y televisión en los tiempos asignados a los partidos políticos nacionales. Además, podrán participar en foros de debate organizados por el INEC”, expone.

En cambio, los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo a favor o en contra de candidatura alguna.

El estudio advierte que “la idea de someter a las personas titulares de los órganos electorales es contradictoria con la premisa de la austeridad que impulsa la iniciativa, toda vez que implicaría destinar más recursos a una nueva contienda de alcance nacional“.

“Como se mencionó anteriormente, la iniciativa del Ejecutivo Federal plantea que la elección de consejeros y magistrados sea por primera vez el 23 de febrero de 2023 y a partir de ahí el primer domingo de agosto cada seis años. Ello supone un proceso electoral federal adicional al cual habría de destinar recursos económicos, prerrogativas y tiempos en radio y televisión, monitoreo de medios, labores de fiscalización, entre otras actividades”, apunta.

“Es conveniente recordar que la realización de las elecciones en nuestro país se lleva a cabo observando ciertas condiciones y cumpliendo obligaciones específicas señaladas por la ley, la cual estipula, entre otras cosas, el número de casillas a instalar, la cantidad de boletas a imprimir, la capacitación de funcionarios, tan solo por nombrar algunas”, señala.

“Si tomamos como parámetro el costo de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos que supondrían una carga adicional para el sistema electoral mexicano”, explicó.

Además de los costos que representa, el estudio anota que la iniciativa del Ejecutivo Federal entraña riesgos y problemas para la estabilidad y el desarrollo político del país que no pueden perderse de vista por el Poder Legislativo en la discusión de la reforma electoral.

Por ejemplo, la iniciativa del Ejecutivo abre la posibilidad de que las autoridades electorales se desempeñen de forma parcial y sesgada en el ejercicio de sus responsabilidades, guiadas más por los cálculos políticos que por el apego a la legalidad.

“En ese sentido, llama la atención que la propuesta es contradictoria en sus propios términos, pues propone ‘elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder'”.

(el subrayado es nuestro).

“La adopción del voto directo para la conformación de las autoridades electorales no solo las introduce de lleno en la lucha por el poder, sino que los convierte en juez y parte en las contiendas electorales, lo que podría poner en duda la objetividad de sus resoluciones y eventualmente debilitarlas en el marco de una elección competida”, sostiene.

“Por otro lado, la participación de los partidos en el Congreso y del titular del Poder Ejecutivo en la postulación de las candidaturas deja abierta la posibilidad de que las autoridades electorales sean capturadas por los actores políticos que participan en la lucha por el poder, incluso con el refrendo del voto popular”, agrega.

“El mayor riesgo en ese sentido sería la captura de las autoridades electorales por parte del gobierno en turno. Si hoy en día se llevaran a cabo las elecciones para integrar las autoridades electorales, es muy probable que los consejeros y magistrados más votados serían los propuestos por el presidente de la República, considerando la exposición mediática y popularidad que tiene esta figura, las mayorías con las que cuenta en las cámaras del Congreso y el hecho de que su partido gobierna en 20 de las 32 entidades federativas“, concluye.