Javier Duarte acusa ‘chicanada judicial’ para que no lo liberen
Detención de Javier Duarte en Guatemala. Fotografía: AFP/ Jesús Miranda

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, denunció “una chicanada judicial” en su contra al ser vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada y acusó que el fin de esa medida fue evitar que recupere su libertad.

El expriista sostuvo que el objetivo de fondo impedir que salga en libertad, luego de haber cumplido la mitad de su condena y que se le acusaba por presuntamente haber obstruido las investigaciones de una desaparición forzada y no por haber participado directamente en ese delito.

Javier Duarte explicó que el miércoles 23 de noviembre tenía su audiencia para acceder al beneficio de libertad anticipada.

“Esto es lo que se conoce coloquialmente como una ‘chicanada judicial’ (…) Ahora con esta vinculación a proceso ya no puedo cumplir con los requisitos, porque uno de los requisitos que se establece es no estar sujeto a un proceso penal federal o local que amerite prisión preventiva, en este caso, me dictaron prisión preventiva justificada”, dijo Javier Duarte en entrevista con Grupo Fórmula.

“Cuando el señor política entra, la señora justicia sale de la cárcel”, reprochó.

El exgobernador aseguró que “tumbará esta aberrante mentira” en su contra y adelanta que será liberado “más pronto que tarde”.

En ese sentido, sostuvo que los testimonios de prueba en su contra por presunta desaparición forzada, tanto el del exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto Aguirre Garza, como el del exsecretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, fueron obtenidos a través de tortura.

“Lo único que lograron las autoridades fue ganar unos meses, sólo me tomará un tiempo demostrar este hecho y tumbar esta aberrante mentira en mi contra y pasará lo que es inevitable, que es que saldré libre”, subrayó.

Javier Duarte lleva poco más de cinco años recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en cumplimiento de una condena de nueve años, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.