Guacamayaleaks: Los motivos del gobierno para que la violencia del narco no fuera considerada terrorismo
Bien sea mediante música narco, videos privados o pancartas públicas, algunos narcotraficantes mexicanos han pedido perdón. Pero después de décadas de violencia, uno de cuyos hechos más recientes es el asesinato de dos sacerdotes católicos, ¿están los mexicanos dispuestos a perdonar?

El gobierno mexicano defendió que los ataques de grupos del narcotráfico no fueran considerados como terrorismo, en parte, por los efectos económicos que esto tendría en la relación con Estados Unidos.

En uno de los millones de documentos filtrados por el grupo de hacker autodenominado Guacamaya, un análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da cuenta de un análisis presentado ante la primera junta de comandantes fronterizos, en 2020, en donde se aborda la demanda que hicieron integrantes de la familia LeBaron, luego de la masacre de tres mujeres y seis niños, en Bavispe, Sonora, ocurrida el 9 de noviembre de 2019.

La familia solicitó al gobierno de Estados Unidos declarar terroristas a los cárteles mexicanos, petición que fue a dada a conocer por la Casa Blanca.

A los pocos días, el gobierno mexicano expuso que no aceptaría esa postura aludiendo a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos plasmados en la Constitución.

El 6 de diciembre de 2019, el gobierno de Estados Unidos declaró que temporalmente suspendería la designación de los cárteles mexicanos como terroristas, en atención a la petición del presidente de México.

El gobierno mexicano hizo alusión a varios fundamentos internacionales que impiden que los cárteles mexicanos sean señalados como terroristas, ya que no cumplían con los siguientes supuestos:

  • Acto violento cuyo objetivo sea alcanzar un fin político, religioso o social,
  • Acto violento cuya intención sea coaccionar a terceros y
  • Acto violento fuera de los preceptos del Derecho Internacional Humanitario.

En otros debates, como el de al prisión preventiva oficiosa, el gobierno mexicano no ha aceptado los convenios internacionales que ha firmado México.

Según el gobierno mexicano, los cárteles mexicanos atienden fundamentalmente a una disputa comercial para obtener el control de rutas, plazas y mercados de drogas y actúan a consecuencia de la acción del Estado al combatir su estructura delictiva y mercado financiero.

Entre las posibles consecuencias en la relación con el gobierno de Estados Unidos que preveía el gobierno mexicano, estaban la suspensión de mecanismos de cooperación.

Consideraba que esta medida, además obligaría a Estados Unidos a brindar asilo político a las personas afectadas por la violencia del crimen organizado. Y, por último, preveía la presencia de tropas en las fronteras afectando la soberanía de México.

Entre los efectos, también se vieron como posibles consecuencias, sanciones económicas en contra de México, así como el bloque a empresas y productos en ambos lados de la frontera ligadas supuestamente a cárteles de la droga.

Como parte de las acciones ante este tipo de actos de extrema violencia, el gobierno mexicano citó la Estrategia integral de protección ciudadana y atención prioritaria a ciudades fronterizas con altos índices de violencia y la creación de un Comité de Alto Nivel en materia de desarme, terrorismo y seguridad internacionales (Candesti), así como la suscripción de cuatro tratados internacionales.

Los fundamentos que presentó el gobierno mexicano no coinciden del todo con hechos de violencia registrados en los últimos años.

Cuando el Ejército mexicano detuvo a Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019 una ola de violencia se desató en la ciudad, con bloqueos, quema de vehículos y actos que causaron terror entre la población.

A las pocas horas, el presidente de México dio la orden de que le hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, fuera liberado. Reconoció públicamente que lo hizo para evitar que hubiera muertes.

En agosto de este año otro suceso similar ocurrió en varios estados por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en reacción a un operativo del Ejército en el estado de Jalisco. En la zona metropolitana de Guadalajara, luego en Irapuato, Guanajuato; en Ciudad Juárez, Chihuahua: y en Tijuana, Baja California, ocurrieron narco bloqueos, quema de vehículos de transporte en vía pública y hasta masacres.

En las redes sociales, se volvió tendencia la palabra terrorismo, debido al miedo que sembraron en la población, hechos que fueron minimizados por el gobierno mexicano.

Aunque las filtraciones de Guacamaya han tenido efectos en materia de seguridad en otros países, como en Chile, en México, el gobierno ha minimizado la mayor filtración de archivos del Ejército.

Con información de Alexis Ortiz