Los ataques del narco a la población deben considerarse terrorismo, consideran analistas

México suma una cuarta jornada de terror con la quema de vehículos de transporte por parte de hombres armados y con el rostro cubierto en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, en el estado de Baja California, la tarde del viernes, ataques atribuidos a grupos del narcotráfico.

La cadena de hechos, que algunos analistas consideran como actos de terrorismo a cargo de integrantes del narcotráfico, inició el martes en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde se registró el incendio de vehículos y bloqueos que se atribuyen a integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esa misma noche, en varios municipios del vecino estado de Guanajuato, 25 tiendas Oxxo fueron incendiadas. La tarde del jueves se volvió mortífera en el municipio fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 11 personas de la sociedad civil fueron asesinadas, entre ellas un menor y cuatro periodistas durante una transmisión en vivo.

La ola de violencia se atribuye al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, luego de que el Ejército intentó capturar a dos líderes, quienes supuestamente estaban reunidos en la zona metropolitana de Guadalajara: Ricardo Ruíz Velazco, el “RR”, y Gerardo González, “El Apá”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta semana la reunión de los narcotraficantes y el operativo comandado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque hasta ahora no se ha informado si se logró la captura del “RR” y el “Apá”. La falta de información ha hecho que analistas de seguridad califiquen como “fallido” el operativo del Ejército o que lo comparen con el llamado Culiacanazo, cuando un hijo de “el Chapo” Guzmán fue detenido y liberado más tarde ante los actos de violencia. 

Los grupos del “RR” y el “Apá” habrían puesto de cabeza la zona metropolitana de Guadalajara para huir. “Fueron seis horas de pánico e incertidumbre”, relató El Informador, un medio de comunicación de Jalisco que contabilizó seis bloqueos con autos incendiados entre las 20:00 horas del 9 de agosto y las 02:00 horas del 10 de agosto.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó el mismo 9 de agosto que el CJNG bloqueó la carretera que conecta con Saltillo, Coahuila, “para tratar de evitar el paso de las corporaciones”. Al siguiente día, el funcionario señaló que el estado “vivió una noche dura, dolorosa, con horas difíciles e incertidumbre” y que el saldo fue una persona asesinada más cinco detenidos, de quienes se desconoce la identidad.

El desastre se extendió hasta el vecino estado de Guanajuato. El portal Zona Franca relató que entre las 20:56 y las 23:50 horas fueron incendiadas 25 tiendas Oxxo y vehículos para realizar bloqueos en Irapuato, Celaya, León, Silao, San Francisco del Rincón y la capital del estado.

La zona metropolitana de Guadalajara apenas estaba recuperando la paz cuando, a más de mil 500 kilómetros de distancia, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una riña dentro de un reclusorio dejó a dos personas muertas. Medios locales y nacionales, citando fuentes de la fiscalía, apuntaron que el conflicto se dio entre Los Mexicles y Los Chapos, dos células del Cártel de Sinaloa.

Luego de lo ocurrido en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez, presuntos integrantes de Los Mexicles recorrieron la localidad y asesinaron a un total de 11 personas, entre ellas a un menor de edad. El presidente López Obrador informó en su conferencia matutina de este viernes 12 de agosto que las víctimas eran inocentes y nada tenían que ver con el narcotráfico.

Estos últimos episodios de violencia ocurrieron en estados, donde la inseguridad ha sido frecuente. En Jalisco desde hace cinco años los homicidios dolosos anuales varían entre 2 mil 300 y 2 mil 600, mientras que en Chihuahua los asesinatos crecieron 111% entre 2015 y 2021, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pero la noche del viernes, la violencia alcanzó al estado de Baja California, donde se registró la cuarta ola de violencia. Antes de estos ataques últimos ataques, especialistas consultados por La-Lista ya se habían referido a estos actos como terrorismo.

La gobernadora Marina del Pilar condenó los hechos y dijo que ya había detenidos, pero no precisó cuantos, durante la noche, comunicó que su gobierno trabajaba en la contención y en la investigación de los ataques en Baja California.

Los ataques del narcotráfico deben ser considerados como terrorismo, advierten analistas

Expertos en temas de seguridad consultados por La-Lista antes de los ataques en Baja California no dudan en calificar estos hechos como actos de “narcoterrorismo” porque, en su opinión, tuvieron la intención de infundir terror en la población y de paso doblegar a las autoridades para que no detuvieran a los delincuentes.

“El Cártel Jalisco tiene capacidades para demostrar su fuerza y quiere doblegar a algunos gobernadores, también quiere hacer una especie de ‘terrorismo’ en la población y ese es un gran problema que el gobierno debe enfrentar”, dijo al mediodía del viernes, antes de los ataques en Baja California, Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Entre las personas asesinadas estaba un menor de cuatro años y cuatro periodistas de radio mientras realizaban una transmisión en vivo desde una de las principales avenidas de Ciudad Juárez.

Hace poco más de un año, Los Ciclones, una célula del Cártel del Golfo, entró y asesinó a 14 personas inocentes en la periferia de Reynosa, Tamaulipas. En ese entonces el presidente López Obrador consideró que no era necesario clasificar ese hecho como “terrorismo” y pidió no utilizar ese término “a la ligera”.

Sin embargo, ante la repetición de hechos donde inocentes son asesinados y bienes inmuebles son incendiados, los expertos reiteran la necesidad de renombrar los ataques cometidos por grupos de la delincuencia organizada e implementar políticas públicas para prevenirlos.

“Estos eventos de alto impacto buscan generar miedo en la población y se dirigen a la población civil con el objeto de inhibir conductas de parte de la autoridad”, dice David Saucedo, analista de temas de seguridad de Guanajuato. “Entiendo el pudor y la vergüenza del gobierno federal de hablar abiertamente de que en México hay narcoterrorismo por la imagen que va a proyectar el país, pero aquí se tiene que llamar las cosas por su nombre porque si no se categoriza de manera adecuada no se generan políticas pública a la altura del reto”.

Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, coincide en que el gobierno federal debe ir más adelante en el combate del narcotráfico, incluso considerar apoyo internacional para frenar su crecimiento.

“Estos son actos de terrorismo definitivamente y desgraciadamente las autoridades no quieren entenderlo, son actos que hacen los grupos delictivos para que el Estado haga, deje de hacer o para crear esa zozobra en la sociedad y ellos puedan realizar sus actos”, opina el experto.

En México el Código Penal Federal tipifica el delito de terrorismo en su artículo 139 con una pena de 40 años de cárcel. La descripción de este crimen coincide con los señalamientos hechos por los especialistas:

“A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”

La Fiscalía de Coahuila acusó de este delito a Juan Gerardo Treviño, líder del Cártel del Noreste detenido en marzo de este año, pero al final fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para que siguiera su proceso legal en ese país.

Según la Fiscalía de Coahuila, Juan Gerardo Treviño ordenó en 2019 el despliegue de varios hombres armados al municipio de Villa Unión para atacar a balazos la presidencia municipal, hecho en el que murieron 21 personas y que es parecido a lo ocurrido en Ciudad Juárez hace unos días y hace más de un año en Reynosa, Tamaulipas.