Diputados aprueban en ‘fast track’ la ley minera

La Cámara de Diputados aprobó en ‘fast track’ el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley Minera, las leyes de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

La iniciativa, considerada de urgente y obvia resolución, fue avalada en lo general por 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, mientras que en lo particular se aprobó con 251 votos en pro, 209 en contra y una abstención en términos del proyecto de decreto y las modificaciones aceptadas por el Pleno. Se remitió al Senado.

Mientras que la ley actual otorga las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación reduce a 30 años la duración de los permisos, con una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar.

La reforma permitirá que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.

La ley minera también contempla recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación; regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castigar la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua.

Además, no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos; prevé el cierre de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública y establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos el 5 por ciento de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.

Al presentar la iniciativa, el diputado Manuel Rodríguez González (Morena) expresó que la propuesta la suscribe conjuntamente con el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) y la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), y tiene punto de partida la que presentó el 24 de marzo el Ejecutivo Federal, cuya esencia es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo mexicano.

Indicó que se asume el compromiso de legislar sirviendo a la pluralidad de todos los actores que participan en el sector, trazando los mecanismos para conciliar y armonizar el cuidado de las inversiones, la creación de riqueza y generación de empleo en el sector minero con una explotación racional y sustentable que proteja y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y a la preservación de los recursos naturales, poniendo en el centro de la actividad minera a las mujeres y hombres de los pueblos originarios. 

La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) dijo que las reformas tienen como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación. Aseguró que la iniciativa es muy importante porque el actual marco jurídico no prevé ningún procedimiento que establezca cómo se va a efectuar la reparación o restauración de los impactos ocasionados por la actividad minera.

Por ello, consideró trascendental que las inversiones protejan al sector social, a los trabajadores, a las comunidades donde se encuentran las minas, los derechos humanos a la salud, al agua, a un medio ambiente sano, limpio, sostenible y evitar la contaminación de los recursos naturales.   

Del PAN, la diputada Laura Patricia Contreras Duarte resaltó que la minería es un sector muy importante porque es generador de más de 417 mil empleos directos y dos millones y medio de empleos indirectos; es el quinto lugar en generador de ingresos por divisas, aporta el 8.6 por ciento del PIB industrial y el 2.5 por ciento del PIB nacional, y representa una derrama económica cercana a los 269 mil millones de pesos anuales.

Esta propuesta de reforma, destacó, “merecía analizarse con tiempo, de manera responsable, considerando las voces de los trabajadores de las minas, de las comunidades y de los expertos de más de 70 sectores que requieren de los minerales para su desarrollo como son el automotriz, aeroespacial, siderúrgico, energías renovables, electricidad, farmacéutico, ganadero, agricultura, entre otros”.   

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) reconoció que el proyecto tiene avances, pero “lamentablemente tiene un defecto central que va a ser que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento y ese problema se encuentra en los artículos 10 y 10 Bis, en donde se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración”. 

Enfatizó que si no se corrigen dichos artículos “estamos destinando el futuro del sector al fracaso”. Sostuvo que “esta iniciativa nos va a llevar a la parálisis de un sector que representa un 10 por ciento del sector manufacturero de México y representa empleo para dos millones y medio de mexicanos”.  

Ciria Yamile Salomón Durán, diputada del PVEM, indicó que esta iniciativa transforma al sector minero, sin comprometer la continuidad de la industria, pues atiende y corrige los vacíos legales que permiten los abusos, considerando en todo momento a los actores económicos y la relevancia de la minería en la economía nacional.

Precisó que dentro de los cambios propuestos resalta el sentido de justicia implícito en cada modificación y con especial énfasis en los cambios en la relación del sector privado con las comunidades aledañas a las zonas de extracción de minerales. Además, se busca hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas al establecer que deberán ser consultados previamente al otorgamiento de cualquier concesión. 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) destacó que la iniciativa constituye una reforma estructural a la regulación del sector minero de México, al proponer la reducción de beneficios y el aumento de obligaciones para las empresas privadas, recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo. Es un paso más en la dirección de anteponer el bienestar de la nación, los derechos humanos, cuidado del medio ambiente y defensa de la soberanía y rectoría del Estado por encima de la búsqueda de la utilidad y la ganancia.

Se busca, afirmó, terminar con la extracción intensa de los recursos minerales, el despojo territorial y el desplazamiento forzado, fortalece las medidas de seguridad para las personas trabajadoras de las minas, regula de manera adecuada la concesión minera y el consumo de agua de éstas. De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72 por ciento no tiene permiso en las descargas residuales, el 62 por ciento no cuenta con concesiones de agua, 55 por ciento sin datos sobre emisiones de contaminantes, y 51 por ciento opera en acuíferos sin disponibilidad de agua. 

Por MC, el diputado Jorge Álvarez Máynez expresó que se viola el proceso legislativo impunemente y una de las cosas positivas de la ley es garantizar el derecho de consulta a las comunidades cuando se abre una concesión minera, pero “nosotros como legisladores tenemos la obligación de consultarles con mecanismos por el derecho internacional, antes de legislar y no lo hicimos”.

Afirmó que no hay manera de votar en contra de la ley, pese a que se violó el proceso legislativo, porque el tamaño del agravio y atraco es mayúsculo; entre 1988 y 2022 se entregaron más de 46 mil concesiones mineras que abarcan el 58 por ciento del territorio nacional. Hay cosas positivas, dijo, como la disponibilidad hídrica, que las concesiones se entreguen vía licitación, la reducción del plazo de las concesiones de 50 a 30 años y el establecer planes de regulación, pero vamos a reservas en el tema del agua.