AMLO pide a la SCJN resolver impugnaciones de 2018 antes del ‘plan b’ electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, le exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva si es constitucional el decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social, antes analizar la validez de la reforma a dicha normatividad, la cual forma parte del llamado “plan b” electoral.

La Consejería Jurídica de AMLO, a cargo de María Estela Río González, recordó que la Ley General de Comunicación Social, aprobada por las mayorías del PRI y el PAN en el Congreso previo al proceso electoral de 2017-2018, fue impugnada en su momento por Movimiento Ciudadano (MC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Desde entonces, denuncia la Consejería, no se ha dictado sentencia respecto a esta ley, pese a haber pasado casi cinco años de su promulgación.

“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y luego, se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022”, señaló en un comunicado.

“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente 5 años desde su impugnación en 2018”, remarcó.

En ese sentido, la Consejería de AMLO le reprochó a la corte que suspendió indefinidamente la aplicación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social del “plan b” electoral, mientras que para la promulgación de la normatividad no consideró esa determinación.

“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral, ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022”, resaltó.

Asimismo, indicó que este se trata de “respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.

“La solicitud de la consejería jurídica es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México”, concluyó.