Entra en vigor nueva ley de ciencia que elimina al Conacyt

Este martes entró en vigor la nueva ley de ciencia con el que desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para pasar a llamarse Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

La llamada “Ley-Buylla”, que fue aprobada en “fast-track” los últimos días del periodo de sesiones del Congreso y que ha sido ampliamente rechazada por la comunidad científica y académica, expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la cual tiene el objetivo de “garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

“Con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general”, señala el decreto.

De acuerdo con la nueva ley expedida, el ahora Conahcyt deberá, en un plazo no mayor a 180 días, realizar las gestiones necesarias para terminar anticipadamente con los convenios de administración celebrados por el Conacyt, así como cancelar los contratos que se opongan a esta normatividad, “en beneficio del interés público”.

Asimismo, en un plazo no mayor de un año, el nuevo Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades “expedirá las disposiciones reglamentarias y administrativas a que se refiere este ordenamiento legal, así como aquéllas necesarias para su cabal cumplimiento, en concordancia con su contenido”.

Las comunidades científicas y académicas que se oponen a esta nueva ley impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusan que se pretende “militarizar la ciencia”. Toda vez que la Junta de Gobierno, el órgano de administración más importante, estará integrado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el de la Secretaría de Marina (Semar).

Además, denuncian que esta podría provocar un “trato discriminatorio” hacia aquellos investigadores y estudiantes de centros de estudios privados.

El bloque opositor en el Congreso ya anunció que acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a impugnar esta reforma, y otras más, aprobadas en la llamada “noche negra” del Senado.