Desde Miguel Ángel Félix Gallardo hasta Cuauhtémoc Cárdenas, los expedientes que no aparecen

Una serie de anomalías fue detectada en la transferencia de documentos que, por decreto presidencial, el Centro Nacional de Inteligencia debió hacer al Archivo General de la Nación: carpetas “vacías”; expedientes “sin datos” o “no localizados”. Por ejemplo no aparecen los expedientes del seguimiento que se hizo al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo o al excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, por parte de las agencias de inteligencia.

Lo anterior, de acuerdo con un informe de la situación de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), y del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN), a partir de las observaciones de las personas investigadoras del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de cara a la exigencia de transferencia de la documentación faltante luego de la salida del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del AGN el 7 de enero de 2019. 

Hay tarjetas catalográficas que evidencian la existencia de expedientes creados por la institución de inteligencia, pero que no aparecen en los catálogos y que, por lo tanto, no están disponibles para consulta en el acervo documental del AGN. La información ubicada perteneció tanto a la DFS, DGIPS, DGISEN y CISEN, y se trata de los casos específicos de Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, y Enrique Camarena Salazar. 

Hay evidencia de expedientes faltantes en el acervo, pero de los cuales hay referencia en fichas y en, al menos, un catálogo. Las fichas correspondientes a Manuel Becerra Acosta, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rafael Aguilar Talamantes remiten al expediente 009-017-010. La descripción del Catálogo General refiere que este expediente se compone de 52 legajos, de los cuales del 1 a la mitad del 24 datan de antes de 1985 y el resto son posteriores a ese año . Aun cuando esos 52 legajos están en el Inventario General elaborado entre 2009-2013, no aparecen registrados en el Inventario Topográfico.

La DFS, DGIPS, DGISEN y el CISEN estuvieron a cargo del monitoreo, investigación, vigilancia y combate de las actividades de individuos y colectividades señaladas como enemigos y opositores del Estado: líderes políticos, campesinos, sindicalistas, estudiantes, personas de ciudadanía extranjera, organizaciones religiosas, movimientos fascistas y de derecha, agrupaciones comunistas y anarquistas, asociaciones de las clases medias, movimientos armados y un largo etcétera. 

La importancia de los documentos de estas dependencias, también denominados “archivos de la represión”, consiste en que permiten conocer las lógicas de la violencia y las estrategias represivas empleadas por el Estado contra sus enemigos y opositores. Por ejemplo, en dichos papeles se consignó “una gran cantidad de información personal de miles de ciudadanos mexicanos y extranjeros a quienes, sin conocimiento o por coerción, les fue arrancada información”. Asimismo, en esos documentos es posible encontrar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos perpetradas por agentes del Estado mexicano, como en los casos de “personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas […] durante los años setenta”.

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico hizo un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a acatar la orden del Presidente de la República en el sentido de que corresponde a su gobierno y al Estado mexicano “permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie” como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990.

Entre las anomalías registradas, las personas investigadoras del MEH han notado expedientes faltantes o incompletos, tarjetas que permiten confirmar la existencia de información que no fue entregada al AGN luego de la expedición del Acuerdo presidencial de Vicente Fox en 2001 que obligó a la Secretaría de Gobernación a transferir “la totalidad de los archivos, expedientes, documentos e información en general que fueron generados por las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales”, en ese momento custodiados y conservados por el CISEN.