El rey emérito Juan Carlos reclama inmunidad en un caso de acoso

El rey emérito Juan Carlos reclamó inmunidad legal en Inglaterra intentando mitigar una demanda por acoso presentada por su examante, en un caso enturbiado por la publicación de un polémico podcast sobre su romance. 

Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres escucharon a los abogados del exmonarca, de 84 años, y de la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 57 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009.

Dada la complejidad del caso, anunciaron al fin de la vista que tardarán algún tiempo en pronunciarse, sin precisar fecha.

Denunciando ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria -divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen- presentó en 2020 una demanda civil por acoso en Londres, donde vive.

Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar “regalos” que incluyen 65 millones de euros (un monto similar en dólares).

Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. No hay riesgo de cárcel o extradición al padre del actual rey Felipe VI.

Juan Carlos, que vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, niega las acusaciones.

Su equipo jurídico defiende desde 2021 que no puede ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.

En marzo, un juez de la Alta Corte de Londres le denegó dicha inmunidad, argumentando que tras su abdicación en 2014 dejó de ser miembro de la casa real, e incluso que esa ley no lo protegía de esos presuntos “actos de acoso”.

Pero el Tribunal de Apelación accedió a reexaminar la cuestión, aunque únicamente mientras fue jefe de Estado y en caso de que actuase como tal. 

“La inmunidad es un obstáculo procesal, no tiene en absoluto en cuenta la legalidad o la moralidad de la conducta aludida”, defendió el martes el abogado del exrey, Tim Otty. “La conducta sigue siendo imputable al Estado aunque el agente del Estado actúe con abuso de poder”, agregó.

Sin embargo aceptar tal abuso, aunque beneficiase de inmunidad hasta 2014, puede tener consecuencias en los actos posteriores que se le imputan, advirtió uno de los jueces.

Estos deberán decidir si al solicitar los servicios del general Félix Sanz Roldán -entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-, quien según Sayn-Wittgenstein la amenazó y envió a agentes a acosarla, Juan Carlos lo hizo como jefe de Estado recurriendo al jefe del espionaje o como favor personal entre amigos.

Recientemente los abogados de la empresaria modificaron su demanda, eliminando toda referencia al CNI para dar a entender que ambos actuaron de forma privada. Esta modificación fue cuestionada por los magistrados que también pusieron en duda la ansiedad, como daño psicológico, alegado por la examante como consecuencia del acoso.

Y criticaron la falta de “exactitud” de ciertos argumentos en un caso de muy alto perfil, con acusaciones graves y mucho dinero en juego. 

El abogado de Larsen, James Lewis, insistió en que la inmunidad solo se aplica a actos realizados “en el desempeño de funciones oficiales” y “no por placer o interés propio” del jefe de Estado.

Y subrayó que el rey de España no tiene control o autoridad sobre el CNI.

El caso se vio enturbiado por la publicación el lunes de un polémico podcast titulado “Corinna y el Rey”, en que los periodistas londinenses Bradley Hope y Tom Wright relatan, con testimonios de Larsen y otros entrevistados, un romance real que al venirse abajo “abrió la ventana a un mundo peligroso y lleno de codicia, corrupción y crimen”.

En documentos judiciales presentados el martes, los abogados de Larsen aseguran que aunque Juan Carlos le entregó los 65 millones alegando “un afecto por ella y sus hijos que no podía reflejar en su testamento” su intención era en realidad ocultarlos al fisco español.

Y afirman que el supuesto hostigamiento comenzó en 2012 buscando acceder a dicho dinero.

Paralizada hasta que se resuelva el recurso sobre la inmunidad, la demanda por acoso debería proseguir después, dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad a partir de su abdicación.