Ciencia de datos para trazar un mapa de la crueldad a la mexicana (I)

“Impresionante y a la vez perturbador”. Así describieron algunos usuarios de Twitter al modelo basado en machine learning para dar con fosas clandestinas desarrollado por Data Cívica, Human Rights Data Analysis Group y la Universidad Iberoamericana. Es un prototipo único en su tipo, no sólo por la macabra naturaleza del mapeo social que arrojan los datos utilizados, sino por las muchas y muy duras preguntas que surgen a partir de los resultados obtenidos: 

“Cuando nos decidimos a hacer este modelo, el gobierno no tenía ningún reconocimiento sistematizado sobre las fosas clandestinas en México, al menos no en términos de narrativa organizada. Así que nuestra  idea fue usar la ciencia de datos para elaborar un mapa, una guía, que pudiera orientar al gobierno para saber dónde hacer las búsquedas de las miles de personas desaparecidas”, dice en entrevista Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, una organización sui generis de la sociedad civil especializada en el oro actual: los datos, pero con un especial enfoque en los derechos humanos y la ética social.

Como país, México tiene una nada honrosa historia y larga experiencia de ese terrible fenómeno llamado desaparición forzada. La crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, a partir del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, no tiene precedentes. Ya desde 2015, en un paper académico de la investigadora Ariadna Estévez López se vertían cifras de unos vaticinios terribles. Profecías sociales de un horror que, al día de hoy, siguen cumpliéndose:  

“Con más de 163 mil muertos de 2006 a 2015, este es el periodo más sangriento de la historia reciente (…) con nuestros 23 mil desaparecidos, México está hoy por alcanzar la cifra registrada en Argentina durante la dictadura militar (30 mil personas) y supera exponencialmente las cifras de la dictadura pinochetista en Chile (3 mil 65). El resultado de esta crisis de Derechos Humanos es un sufrimiento individual y colectivo de proporciones abrumadoras (…) el dolor es inmenso, y esas personas quieren de vuelta a sus seres queridos”.

-Ariadna Estévez López, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), UNAM.

El horror, lejos de detenerse ha ido en escalada. Por eso, utilizando el conocimiento científico sumado a los avances tecnológicos para incidir en la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, Data Cívica, Human Rights Data Analysis Group y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana pusieron sobre la mesa esta propuesta. 

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El material ya estaba ahí. Era cuestión de acercarse al problema con otra mirada: a una base de datos hecha desde la academia, y que reunía, por un lado, información de hallazgos de fosas clandestinas reportadas en prensa y los informes de fiscalías locales. Se agregó un muestreo de todos los municipios mexicanos (2,458 geolocalizaciones en total) y finalmente, una serie de variables con indicadores socioeconómicos, demográficos y de violencia, que pudieran cruzarse, utilizando el modelo conocido como random-forest. Y así, a partir de ‘lo observado’, el modelo fue puesto a “entrenar” con datos y variables de lo conocido (inputs), a fin de arrojar probabilidades y resultados de lo todo lo que aún no se conoce (outputs). 

“Este predictor de fosas clandestinas se hizo en un contexto en que el gobierno acepta que hay fosas en el país pero no sabe dónde buscar, o no lo hace porque dice desconocerlo. El problema aquí es que cada quien parece tener sus datos, así que hay una falta de consistencia entre lo que se genera en las fiscalías, los hallazgos que reporta la prensa y la información que tienen los propios familiares o los colectivos de la sociedad civil”, dice Meltis.

“No sé si en algún momento conoceremos la magnitud de lo que nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo como país, por eso quisimos hacer este mapa, para articular la información y colaborar desde nuestro campo. No hay intención de suplir el trabajo que le corresponde al Estado mexicano o al gobierno en turno. Hicimos este mapa precisamente para acortar la brecha entre el gobierno y los ciudadanos, porque hay mucho dolor de por medio”, agrega la directora ejecutiva de Data Cívica.

NO SE META, ME DIJERON
“Me dijeron que no entorpeciera la investigación. ¿Cuál investigación? Si todo lo hice yo misma, yo encontré el pozo donde estaba mi hijo; yo les avisé que lo había encontrado; yo fui la que (días después) halló su cabeza y el resto de su cuerpo. Yo señalé a los responsables, que nunca fueron detenidos, ni siquiera declararon. ¡Yo lo he hecho todo! Ellos (los de la Fiscalía) ni siquiera hicieron bien la exhumación”, explicó Nancy Bustos a los medios de comunicación. Así narró su pesadilla personal, tras encontrar, ella sola, la fosa donde estaban los restos de su hijo Oscar Eduardo Núñez Bustos, de 18 años de edad. Desaparecido primero, asesinado después. Bañado en cal y luego arrojado en partes al fondo de un pozo de agua en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, muy cerca de donde apenas dos meses atrás (ese mismo septiembre de 2018), la Fiscalía del estado había abandonado cientos de cadáveres apilados en un camión-refrigerador, alquilado para este fin por el propio Instituto Forense de la dependencia, es decir: por la autoridad local.

Para la titánica tarea de predecir dónde se ocultan los lugares de toda esta “crueldad a la mexicana”, al esfuerzo conjunto de Data Cívica y la Universidad Iberoamericana también se sumó un actor internacional determinante: el Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), una organización sin fines de lucro basada en San Francisco, Estados Unidos, y dedicada a hacer “análisis científicos sobre las violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo”. 

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Esta entidad, que existe desde 1991, es liderada por su fundador, Patrick Ball, un científico que acumula una experiencia de más de 25 años realizando análisis cuantitativos en los lugares y en las situaciones más convulsos del planeta. Sobre su colaboración con el proyecto del predictor de fosas clandestinas en México, único en el mundo, Ball afirmó en entrevista: 

“Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad estamos hablando de instituciones, de organizaciones grandes, cometiendo miles o centenares de miles  de violaciones a víctimas distribuidas sobre una geografía enorme. Para entender los patrones en esas violaciones, la estadística puede brindar una mirada sobre quiénes son los responsables materiales e intelectuales, quiénes son las víctimas y dónde o cuándo pasaron esas violaciones. Pero la estadística no es contabilidad, pues no estamos hablando solamente de las violaciones que podemos ver, sino que también debemos calcular las violaciones no observadas, las escondidas, invisibles, para incluir en nuestro análisis la totalidad de las violaciones”.

Dejar hablar a los datos

Hablar de “algoritmos” está de moda, aunque siempre nos han rodeado, especialmente desde que las computadoras irrumpieron en todas las tareas de nuestra vida cotidiana. El especialista español Ricardo Peña Martí lo explica así: “Los algoritmos nos están cambiando (porque ya) podemos traducir los problemas del mundo a un lenguaje que las máquinas puedan leer y resolver. Sólo hay que picar la realidad en pequeños problemas sucesivos y poner a la computadora a hacer la tarea. Un algoritmo es un mecanismo ciego y sin voluntad propia que trabaja con inputs (entradas) y outputs (salidas), que son datos escritos en lenguajes de programación, y que acaban convirtiéndose en miles de sencillas operaciones que se realizan con corrientes eléctricas, representadas por los famosos ‘unos y ceros’, esos dígitos que caracterizan a todo lo digital”.

Por fortuna, y a veces por desgracia, vivimos en un momento de la historia en que el lenguaje de la tecnología es capaz de hablar lo que los humanos callamos. Y precisamente, en un fenómeno rodeado de silencios y verdades a medias, tan delicado y doloroso como el de las miles de inhumaciones clandestinas de México, la ambiciosa meta que se propuso el mapa de Data Cívica fue “dejar que hablaran los datos”. Buscar que los algoritmos alumbraran aquellos oscuros lugares donde la violencia ha sepultado no sólo a miles de personas, también la esperanza de las familias que los buscan. 

Para Oscar Elton, analista de datos en Data Cívica, gracias al desarrollo de las computadoras y al ulterior perfeccionamiento en los métodos estadísticos, ahora es posible obtener resultados que hace 30 años ni los humanos ni las máquinas habrían podido procesar. Aunque es politólogo de profesión, y con un marcado interés en las cuestiones de derechos humanos, Oscar se expresa a la perfección con la jerga especializada de un apasionado en la informática:

“El árbol de decisiones es la semilla del algoritmo. Y lo que hace el modelo es crear muchísimos otros árboles a partir de las variables que le proporcionamos. Entonces surge un bosque, lo que se conoce como ‘random forest’ o bosques aleatorios, donde los datos vertidos y las variables asignadas juegan un papel preponderante”, dice Elton.

“Es un trabajo sumamente meticuloso y altamente sensible a cualquier cambio de orden de las variables o de la jerarquización de datos que estemos utilizando. Con una misma observación, el modelo mezcla la información. Con una misma semilla, el algoritmo va dando resultados ramificados hasta acercarse a las probabilidades. Esta tecnología que usamos puede generar miles y miles de árboles de decisión, hasta darnos respuestas que son bastante confiables y muy cercanas a la realidad”, agrega el especialista de Data Cívica.

Acercarse, por lo menos aproximarse, a la espeluznante realidad que vive el país en términos de desapariciones y fosas, es un tema pendiente que ya varios gobiernos de México, de diversos partidos y de distintas ideologías. Se ha postergado durante décadas hasta verla convertirlo en una de las crisis humanitarias más graves del mundo, de proporciones tales que, probablemente, sólo los algoritmos podrían ser capaces de ordenar. Para así, con cierta frialdad estadística, leer y traducir, desde otro lugar, todo ese dolor acumulado por los mexicanos.

Territorio de fosa común

Al finalizar el primer semestre de 2020, el actual y casi recién estrenado gobierno de Andrés Manuel López Obrador (llegado al poder apenas a finales de 2018), aventuró una “cifra total” de personas desaparecidas que no dejó indiferente a ningún sector. De acuerdo con el “Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda” (CNB), presentado en julio de 2020, desde marzo de 1964, desde la época de la así llamada “guerra sucia” y hasta la fecha, en México han desaparecido 177 mil 863 personas, de las cuales 73 mil 201 siguen sin ser localizadas hasta el día de hoy. Sin embargo, de esta cifra, que ya exhibe en sí misma una tragedia descomunal, nadie en el gobierno actual ha sido todavía capaz de explicar a cabalidad cuál fue la metodología usada para llegar esta conclusión, además de simplemente agregarle años al registro. 

Alejandro Encinas, el actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, ha reconocido en diversas ocasiones que “el territorio se ha convertido en una gran fosa común”, y aunque recientemente se ha publicado el tan anunciado “Protocolo Homologado de Búsqueda”, los métodos estadísticos y de recopilación de información utilizada por el gobierno en turno todavía no están claros. 

El modelo predictor de fosas desarrollado por Data Cívica, cuya primera versión se publicó en 2017, ha tenido cuidadosas actualizaciones hasta donde los datos existentes permiten ser estudiados y evaluados. Bajo la premisa ética de meticulosidad y rigor, esta organización no gubernamental ha puesto en duda la última cifra de desapariciones dada a conocer por el gobierno de la 4T, puesto que se trata de una numeralia poco transparente para abordar un tema tan delicado.

En su blog público, las investigadoras de Data Cívica, Mariana Solano y Alicia Franco, resaltan: “Contar con información desagregada sobre los casos de desaparición es crucial para entender quiénes y cómo desaparecen las personas en México. Sin información pública de calidad es imposible auditar procesos de búsqueda e identificación. También dificulta dirigir las exigencias a quienes deben registrar y alimentar esos registros, específicamente pone barreras para que podamos exigir a las fiscalías locales su papel en los procesos y diligencias de búsqueda, así como en la investigación de los casos”.

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Tanto Data Cívica como diversos colectivos de víctimas y otros sectores involucrados en el tema, han señalado la opacidad y poca transparencia, sobre todo cuando el fenómeno de este tipo de violencia ha repetido por décadas. Todavía hoy es un patrón social que va en aumento cotidiano, al que se suman día a día más y más víctimas.  

De acuerdo con Lilia Saúl Rodríguez, periodista mexicana miembro de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCCRP), “en México hacemos todo de manera completamente distinta al resto de naciones. La complejidad de nuestra burocracia no la tiene ningún país de América Latina. Somos casi 130 millones de personas viviendo bajo una federación, pero cada estado tiene una constitución y una autonomía. En este tema de las fosas clandestinas, tendríamos que empezar a reconocer que muchas no son del crimen organizado, sino del propio Estado mexicano”.

La cobertura de investigación de Rodríguez se ha centrado en intentar “desenterrar” las muchas facetas ocultas –actuales e históricas– de la desaparición de personas. Con esa experiencia en el campo afirma que “ha habido varios casos en que alcaldes o funcionarios se vieron rebasados por la cantidad de cadáveres sin identificar apilados en sus morgues oficiales y un buen día ya hartos dijeron: ‘ya no me caben los muertos, hazte un hoyo por allá y entiérralos’. Así pasó en Veracruz, en Morelos… ¿en qué otro país se ha visto eso? Aquí hay omisiones muy graves del Estado y de los gobiernos”.

Entre 2006 y 2012, el gobierno del panista Felipe Calderón fue el primero que se atrevió a arriesgar una cifra de 26 mil personas “extraviadas”. Luego, entre 2013 y 2017, el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto elevó ese número, primero a 31,000 y luego a 40,000 personas “no localizadas”. A finales de 2019, durante su primer año de ejercicio, el actual gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador afirmó –siempre sin aclarar sus fuentes o su metodología– que en el país había 60,000 personas “ausentes”, para luego anunciar que en realidad eran más de 73,000 si el recuento se hacía en retrospectiva hasta la década de los 60, cuando en México se hicieron las primeras denuncias oficiales de personas desaparecidas. 

Cifras más o cifras menos, lo cierto es que estamos ante información sumamente sensible: no son números, son personas. Detrás de cada desaparecido hay una historia individual con un vacío. A nivel social, sin embargo, estamos ante un hecho innegable. Por eso el “predictor de fosas” de Data Cívica tiene, además de una urgente actualidad, un valor histórico. 

“Por supuesto que es posible optimizar el uso de los datos para cuestiones de derechos humanos. Por eso nosotros quisimos poner nuestro expertise al servicio de un tema que involucra tanto dolor, ayudar así a los tomadores de decisión de este país, por supuesto, pero sobre todo, nos propusimos ayudar a los colectivos y a los familiares, a todos aquellos que, incansablemente, siguen buscando a sus desaparecidos. En este proyecto se unieron varias visiones, y así logramos hacer algo tan necesario y que hasta ahora a nadie más se le había ocurrido: organizar los datos que ya existían para elaborar un nuevo mapa de todo el territorio nacional e intentar ubicar los lugares donde podrían existir fosas clandestinas que nadie ha observado o descubierto”, afirma Oscar Elton, analista de Data Cívica, quien ha colaborado desde el inicio para el desarrollo de este algoritmo. 

La pesadilla de una pesadilla

Luis Octavio Cotero es padre de una de las miles de personas desaparecidas en México. Su hija, abogada de profesión, desapareció en julio de 2018 y su familia, igual que sucede en estos casos no resueltos en todo el territorio nacional, simplemente no volvió a saber de ella. Sin embargo, la prensa nacional e incluso internacional, solo se hizo eco de esta noticia dos meses después, hasta septiembre de ese mismo año, cuando Luis Octavio se lo contó a los medios, quienes lo rodeaban y acosaban en medio del escándalo no por la pérdida de su hija, sino por su despido como funcionario estatal, pues era el encargado de la morgue, en el Estado de Jalisco. 

Cotero fue cesado de su puesto en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por haber alquilado dos camiones de carga y metido ahí, de manera clandestina, cientos de cadáveres que no habían sido reclamados y que ya no cabían en el depósito de la dependencia. Uno de estos vehículos, de grandes proporciones y con sistema de refrigeración interna para ralentizar la descomposición de los cuerpos, fue abandonado en una colonia de la periferia de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, y solo fue descubierto cuando los vecinos se quejaron por el fétido olor que despedía esta enorme carroza de la muerte. 

El padre de una joven desaparecida, probablemente asesinada, y funcionario de la propia Fiscalía que debe indagar las desapariciones y las muertes violentas, dijo haber participado en la desesperada decisión de dejar abandonados, en un predio del extrarradio cientos de cadáveres humanos, porque llevaba ya dos años advirtiendo a sus superiores que la morgue había rebasado su capacidad, debido al tenaz incremento de cuerpos sin vida y sin destino que llegaban hasta el depósito de la dependencia. Y esta historia, que  parece sacada de una mala película, no es, ni de lejos, el único caso de inverosímil negligencia y burocracia estatal que convierte en titánica la labor de miles de familias que deambulan por todo México buscando a sus familiares desaparecidos. 

¿Están muertos? ¿Permanecen con vida? ¿Quién se los llevó, por qué y a dónde? Hace años que en México ninguna autoridad de ningún nivel, parece tener respuesta a estas dolorosas interrogantes.

Esta serie continuará mañana en La-Lista.

* Este texto pertenece a una serie de investigaciones latinoamericanas sobre las implicaciones éticas del uso de inteligencia artificial y algoritmos en políticas públicas y empresas privadas a nivel regional. Estas piezas periodísticas recibieron el apoyo financiero Chequeado y la Knight Foundation.