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México

Cartel Project | ‘Culpables’: estos países venden las armas que matan a periodistas en México (IV)

Muchas de las armas utilizadas en los asesinatos de 119 periodistas entraron de contrabando… las leyes y la cultura de México hacen que sea imposible rastrearlas.

Foto: EFE

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Fue cerca del amanecer cuando el reportero mexicano Luis Vallejo recibió una llamada de un policía local diciéndole que se había encontrado una bolsa con restos humanos en la ciudad de Salamanca, donde él vive.

Para Vallejo, estas llamadas ya eran  costumbre: en los últimos años, la violencia en Guanajuato, el estado de su ciudad, se ha disparado a niveles sin precedente en medio de sangrientas guerras territoriales entre cárteles rivales.

Cuando llegó al lugar, Vallejo se encontró con Israel Vázquez, un colega reportero y amigo de toda la vida, jadeando en un charco de sangre. Vázquez, de 31 años, había recibido 11 disparos de asaltantes desde un vehículo mientras se preparaba para transmitir en vivo por Facebook. La policía encontró casquillos de bala de dos pistolas: una de 9 mm y una de calibre .45.

Vázquez, padre de dos niñas, falleció el 9 de noviembre, convirtiéndose en el tercer periodista asesinado a tiros en 10 días en México, el país más peligroso del mundo para los reporteros fuera de las zonas de guerra.

“Todo se derrumbó sobre mí”, dijo Vallejo, de 32 años, quien se inspiró en su amigo para convertirse en periodista.

También lee: México es el país más mortal del mundo para los periodistas: CPJ

Unos días después, dos hombres vinculados al asesinato fueron arrestados, junto con siete presuntos pandilleros locales. De acuerdo con noticias locales, las autoridades también incautaron un arsenal de armas de alto calibre provenientes de todo el mundo, incluido un rifle semiautomático de fabricación estadounidense, rifles de asalto israelíes y alemanes, y una escopeta semiautomática modificada de Turquía.


¿Qué es The Cartel Project? Durante 10 meses, 60 reporteros de todo el mundo investigaron la muerte de Regina Martínez, la investigación fallida de asesinato que siguió, y continuaron su investigación sobre las denuncias de vínculos entre la política y el crimen organizado durante los gobiernos consecutivos de los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera. (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016). El Proyecto Cartel descubrió que: ANTES DE SU MUERTE, Regina Martínez formaba parte de un grupo de periodistas atacados por una sofisticada unidad de espionaje dirigida por el Ministerio de Seguridad Pública de Veracruz, según fuentes gubernamentales bien ubicadas. LA UNIDAD UTILIZÓ TECNOLOGÍA de vigilancia y una vasta red de informantes pagados para monitorear y recopilar información sobre personas que se percibían como opositores políticos del gobernador. Los documentos filtrados muestran que durante las últimas tres décadas, los analistas mantuvieron archivos sobre cientos de objetivos, que enumeraban a miembros de la familia, compañeros de trabajo, lugares de reunión favoritos, afiliaciones políticas e incluso preferencias sexuales. EN EL MOMENTO DE SU MUERTE, Martínez se preparaba para publicar una investigación explosiva que buscaba establecer el papel de los funcionarios locales y las fuerzas de seguridad en el encubrimiento de la desaparición de miles de personas. LA INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO realizada por funcionarios estatales fue deliberadamente fallida y los investigadores ignoraron pruebas convincentes de que Martínez fue asesinada debido a su trabajo, según el fiscal que encabezó una investigación federal paralela. LA SEGUNDA INVESTIGACIÓN fue deliberadamente socavada, dijo una fiscal federal. UNA INVESTIGACIÓN TÉCNICA encontró evidencia de que una campaña coordinada de desinformación promovió la línea oficial de que Martínez fue asesinadA en un robo fallido, utilizando cuentas bots que circularon artículos de un medio de comunicación vinculado al gobierno estatal. A MEDIDA QUE SE DESARROLLABA EL PROYECTO, la violencia contra los medios de comunicación era implacable: durante los 10 meses de investigación, al menos ocho periodistas mexicanos más fueron asesinados en relación con su trabajo, según el CPJ.

Desde 2000, casi tres cuartas partes de los 119 periodistas asesinados en México fueron asesinados con armas de fuego, según encontró una investigación del Cartel Project, siendo importadas la mayoría de esas armas.

“Casi todos los periodistas en México son asesinados con armas extranjeras”, dijo Laura Angelina Borbolla, exfiscal federal encargada de investigar delitos contra periodistas. Más del 90% de los asesinatos siguen sin resolverse.

La-Lista de los descubrimientos

Una coalición internacional de periodistas, coordinada por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, examinó el flujo de armas hacia México en un esfuerzo por comprender de dónde provienen las armas.

Los principales hallazgos incluyen:

  • Las armas fabricadas en Europa e Israel vendidas legalmente al ejército mexicano, así como las armas que entraron ilegalmente a través de la frontera de EU, probablemente se utilizan en violaciones de derechos humanos y ejecuciones de pandilleros, de acuerdo con documentos militares desclasificados obtenidos por la organización no gubernamental Stop Us Arms to Mexico.
  • Hay un boom comercial, pero las compañías de armas europeas envian armas, partes y municiones con un valor de cientos de millones de dólares a estados mexicanos con un historial oscuro en materia de derechos humanos.
  • Las empresas multinacionales de armas podrían estar violando las leyes de exportación europeas, ya que solo se denuncia a una fracción de los usuarios finales, según el análisis de los documentos publicados en un nuevo informe de un grupo internacional de organizaciones de la sociedad civil https://stopusarmstomexico.org/deadly-trade.
  • Una combinación de regulaciones internacionales débiles y una cultura de impunidad en México provocan que rastrear las armas de fuego utilizadas para cometer delitos hasta sus orígenes sea prácticamente imposible.

Un negocio en auge

En 2006, el presidente Felipe Calderón, lanzó una guerra militarizada contra las drogas que continua en las administraciones de los siguientes  presidentes y que ha provocado un aumento sostenido de las violaciones de derechos humanos. Desde entonces, la violencia se ha disparado: unas 300,000 personas han sido asesinadas y decenas de miles más han desaparecido.

La pobreza en México ha sido una bonanza para el comercio de armas.

Según datos de la Comisión de Comercio Internacional de EU, alrededor de 28,465 armas, en su mayoría pistolas, se vendieron legalmente a México en 2019, pero muchas más armas de EU entraron de contrabando a través de la frontera. Algunos calculan que hasta 213,000 armas entran ilegalmente a México cada año.

Entre 2006 y 2018, empresas europeas e israelíes exportaron más de 238,000 armas de fuego a México para uso de la policía estatal y local. Más de la mitad provino de solo dos compañías, Beretta, con sede en Italia, y Glock, con sede en Austria, en contratos comerciales por valor decenas de millones de euros, según documentos militares mexicanos desclasificados obtenidos por Stop US Arms to Mexico.

Los documentos muestran que las armas europeas se venden, de forma ordinaria, a estados donde las fuerzas de seguridad tienen un historial bien documentado de violaciones de derechos humanos y complicidad con grupos criminales, como Guerrero, donde policías y soldados locales han sido implicados en la desaparición forzada de 43 normalistas en 2014.

“En la mayoría de los casos en los que hemos documentado desapariciones forzadas, siempre existe esta colusión entre autoridades estatales y el crimen organizado, y siempre existe el intercambio de armas entre estas dos entidades”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

 Beretta y Glock no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios.

Incluso países que venden relativamente pocas armas a México, como el Reino Unido, han visto aumentar las exportaciones. Según cifras de la Campaña en Contra del Tráfico de Armas (CAAT, por sus siglas en inglés), las licencias de exportación del Reino Unido a México aumentaron de 58 en 2008 a 350 en 2017.

A principios de 2015, pocos meses después de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la embajadora del Reino Unido en México dijo a The Guardian: “A largo plazo, aspiraríamos a convertirnos en un actor en las adquisiciones militares de México”.

Desde entonces, México figura como un “mercado prioritario” para las exportaciones de armas del Reino Unido.

Si bien la mayoría de las licencias han sido para equipos militares a gran escala, el Reino Unido también ha autorizado 4 millones de libras esterlinas (106.5 millones de pesos) en armas pequeñas a México. Pero el verdadero valor de las transacciones de armas podría ser mayor, ya que hay tres licencias de exportación abiertas que, según los activistas, dificultan mucho el seguimiento de las ventas. Las licencias de exportación abiertas, que suelen durar unos cinco años, permiten exportaciones ilimitadas.

“Al utilizar este opaco mecanismo, el gobierno dificulta aún más el control adecuado de la venta de armas”, dijo Andrew Smith de CAAT.

Un portavoz del gobierno dijo: “El Reino Unido opera uno de los regímenes de control de exportaciones más completos del mundo”.

 Un monopolio perverso

En México, el ejército controla todas las importaciones y reventas de armas a la policía local, estatal y particulares. Más del 95% de las armas europeas que el ejército ha vendido a las fuerzas policiales desde 2006 se clasificó de “uso exclusivo del ejército” según la ley mexicana. Esto, en el papel restringe la venta legal de armas a civiles.

Armas pertenecientes al Cartel de Sinaloa se reparan en un taller ubicado en el campo cerca de Culiacán (Sinaloa, México). Pistolas Heckler & Koch (Alemania), Beretta (Italia) y Llama (España) sobre la mesa de trabajo. Foto: Forbidden Stories

Más allá del uso de estas armas por parte de la policía, la evidencia sugiere que algunas de las armas europeas que inundan el mercado en México también se han relacionado con el asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos, y civiles, de acuerdo con el análisis de los documentos del ejército publicados en un nuevo informe por un grupo de organizaciones internacionales de la sociedad civil, incluida Global Exchange.

José Armando Rodríguez Carreón, quien trabajaba para El Diario de Ciudad Juárez, fue asesinado a tiros en 2008 con una pistola italiana, de acuerdo con la fiscal Laura Angelina Borbolla. En 2013 se utilizó un arma belga para disparar contra Jaime Guadalupe González Domínguez en el estado de Chihuahua.

Veracruz, el estado mexicano con el mayor número de periodistas asesinados desde 2000, ha recibido regularmente armas y municiones de varias empresas europeas e israelíes.

Autoridades de Estados Unidos dijeron que los numerosos asesinatos y desapariciones, incluidos periodistas locales, en Veracruz durante la administración en 2010-2016 del gobernador Javier Duarte, no podrían haber tenido lugar sin la complicidad entre los cárteles, los políticos y la policía.

Los periodistas atacados con más frecuencia son aquellos que se atreven a investigar las relaciones entre funcionarios corruptos y el crimen organizado. El Proyecto de Recursos contra la Violencia de México (Mexico Violence Resource Project) estima que casi la mitad de las amenazas contra periodistas proviene de actores estatales como la policía y los alcaldes, en comparación con el 5% que proviene de grupos criminales.

A pesar de esto, los fabricantes internacionales de armas son indiferentes  cuando se trata de vender sus productos a estados con un largo historial de violaciones de derechos humanos, afirma John Lindsay-Poland, director de Stop US Arms to Mexico.

“Saben claramente que las armas van a estados como Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua que tienen una larga y bien documentada historia de corrupción, abusos contra los derechos humanos e impunidad”, dijo. “En nuestra opinión, la culpa es de ellos”.

La evidencia sugiere que un número significativo de armas europeas de grado militar han terminado en manos de cárteles, según el análisis de Forbidden Stories de fotos de código abierto.

El asesinato de Javier Valdez

El periodista sinaloense Javier Valdez, de Riodoce, asesinado en 2017. Foto: Luis Antonio García Sepúlveda/Wikimedia Commons

Los guardias de seguridad de Dámaso López Serrano, hijo de un lugarteniente del Cartel de Sinaloa, que según fiscales mexicanos ordenó el asesinato del periodista Javier Valdez en 2017, fueron fotografiados con una ametralladora de fabricación alemana. El mismo modelo se vendió a la policía en más de la mitad de los 32 estados de México, incluido Sinaloa, según documentos desclasificados.

Otros cárteles también han obtenido armamento de grado militar del extranjero. Imágenes del intento de asesinato Omar García Harfuch, director de Seguridad Pública de Ciudad de México, en junio de 2020, por el Cartel Jalisco Nueva Generación, muestran un rifle de asalto belga en la caja de una camioneta.

En la última década, más de 4,000 armas de empresas con sede en Europa (Italia, Rumania, Austria, Bélgica y Alemania) se recuperaron en escenas del crimen en México, según los documentos del ejército.

Entre 2000 y 2015, más de 20,000 armas fueron perdidas o robadas a la policía federal, estatal y local, según datos del ejército. En Guerrero y Tamaulipas, dos de los estados más violentos de México, se perdieron 20% y 10% de armas respectivamente, entre 2006 y 2017.

Después de que Israel Vásquez fuera asesinado a tiros en Salamanca, los manifestantes salieron a las calles cuando el alcalde local presuntamente pretendió culpar al periodista por informar temprano en la mañana desde un barrio peligroso.

A pesar del arresto de dos hombres vinculados a su asesinato, los colegas de Vásquez continúan exigiendo una investigación completa sobre las armas y el motivo del asesinato.

“El pueblo de Salamanca está exigiendo justicia para Israel, por la pérdida que dejó como hermano, hijo, padre y amigo”, dijo Vallejo. “No queremos que sea solo otro caso sin resolver”.

Con información de Veronica Espinosa (Proceso) en Guanajuato y Dana Priest (The Washington Post).

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/09/mexico-cartel-project-weapons-import-trafficking

The Guardian
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