Militarización de seguridad
Con 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado aprobó la reforma constitucional. García Harfuch y Adán Augusto López, entre los impulsores.
El reporte indica que los estados cuyos secretarios de seguridad provenientes de fuerzas militares tienen más del doble de la tasa de homicidios que los que están a cargo de la policía o civiles.
En caso de aprobarse por una mayoría calificada de ministros el proyecto para frenar el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, estaríamos sin duda ante fin del proceso militarizador de la seguridad pública en México.
El control parlamentario no es más que una ilusión que se repiten aquellos legisladores que tratan de justificar su voto en favor de la militarización.
Las Fuerzas armadas tienen mandos que también se corrompen y mandos en funciones reacios a la exigencia de investigaciones civiles encaminadas a la justicia por violaciones a derechos humanos.
La votación a la reforma constitucional promovida por el PRI para ampliar la militarización fue detenida, pero es desorbitado asumir que esta fue una gran victoria de la oposición.
¿Estaríamos hoy discutiendo la posibilidad de ampliar el plazo para que el Ejecutivo pueda disponer del ejército y la marina si nuestro máximo tribunal ya se hubiera pronunciado sobre lo que sí y lo que no puede hacerse con esa facultad?
La CNDH ha fallado en su tarea de proteger a los mexicanos, a las víctimas y, por ello, su titular debe renunciar.
Uno de los principales ejes para cuidar a la población debe ser instruir a los cuerpos de seguridad para que cuenten con las habilidades y herramientas suficientes. También tenemos derecho a una buena policía.
Las siete impugnaciones en materia de militarización y uso de la fuerza, promovidas de 2016 a 2020, continúan paradas en la SCJN.