SCJN
Se trata de un recurso que aporta elementos a la Corte para tomar una decisión sobre el ‘plan b’ de la reforma electoral.
Ahora resulta que para López Obrador decirle a los mexicanos cuánto cuestan las obras, en qué se están gastando los impuestos, quiénes son los proveedores a los que se les están asignando los contratos, es un golpe de Estado.
Es el mundo al revés cuando el presidente se ufana de que los narcos respetan a trabajadores del gobierno federal en los retenes clandestinos y por otro lado acusa a la Ministra Piña de desechar conforme a derecho una queja administrativa contra una juzgadora por falta de pruebas.
La ministra Yasmín Esquivel sería sometida a un proceso administrativo si las quejas en su contra son admitidas.
En el foro hubo quien rechazó la propuesta de elegir a los ministros por medio del voto popular y quien propuso una votación de perfiles previamente aprobados.
El pleno de la SCJN consideró que el precepto vulneraba el derecho de autodeterminación informativa.
Norma Piña resaltó que no se debe confundir la legitimización con popularidad porque eso no está en los valores institucionales.
Con la finalidad de hacer frente a los intentos de la “oligarquía mexicana por detener el desarrollo social”, el legislador de Morena presentó una iniciativa de ley para proteger las megaobras del gobierno.
El presidente llamó a evitar la violencia en las manifestaciones.
No podemos normalizar la política del resentimiento como forma de gobierno, porque al hacerlo seremos cómplices de la polarización que corrompe la verdad desde Palacio Nacional.