Cardenal niega delitos financieros en el mayor juicio en la historia del Vaticano
El cardenal Angelo Becciu fue destituido como jefe de la oficina de canonización del Vaticano por el Papa el pasado mes de septiembre, después de los informes sobre las irregularidades financieras. Foto: Gregorio Borgia/AP

Un poderoso cardenal de la Iglesia católica romana ha sido acusado de delitos financieros en el juicio más grande jamás realizado en el Vaticano.

El cardenal Angelo Becciu, de 73 años, en algún momento un aliado cercano del Papa Francisco, y otros nueve demandados han sido acusados de extorsión, malversación de fondos, lavado de dinero y abuso de poder. Todos niegan los cargos.

Becciu fue destituido por el Papa como jefe de la oficina de canonización del Vaticano el pasado mes de septiembre, después de que comenzaran a surgir informes sobre delitos financieras. Francisco también le quitó su derecho a votar en los cónclaves papales, dejándolo como cardenal solo de nombre.

El Papa también cambió la ley del Vaticano a principios de este año para permitir que los cardenales y obispos con sede en Roma sean procesados ​​y juzgados por el tribunal penal laico de la Santa Sede. Anteriormente, estos cardenales solo podían ser juzgados por sus pares, una Corte de tres compañeros cardenales.

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El caso se centra en un desastroso acuerdo de 350 millones de euros para comprar un antiguo almacén de Harrods en Londres en 2014. Una investigación del Vaticano descubrió que se perdieron millones de euros, incluidas las donaciones de los bancos.

Becciu también está acusado de desviar dinero a los negocios dirigidos por sus hermanos en Cerdeña.

Las audiencias del juicio penal más grande de la historia moderna del Vaticano se están llevando a cabo en un gran salón convertido en un tribunal en los Museos Vaticanos.

Sólo Becciu y otro acusado comparecieron en persona, y los otros ocho ejercieron su derecho a ser juzgados in absentia. Al final de la primera audiencia que duró ocho horas, Becciu les dijo a los reporteros: “El Papa quería que fuera a juicio. Soy obediente. Aquí estoy“.

El presidente del tribunal, Giuseppe Pignatone, es un fiscal jefe jubilado de Roma que anteriormente se enfrentó a la mafia y a los delitos financieros en Sicilia.

Se alega que los acusados han estado involucrados en actos que efectivamente le costaron a la Santa Sede decenas de millones de euros a través de malas inversiones, tratos con administradores de fondos de dudosa reputación y presuntos favores a amigos y familiares.

Entre los acusados se encuentra Cecilia Marogna, quien fue contratada por Becciu como consultora de seguridad externa. Está acusada de malversar 575 mil euros de los fondos del Vaticano que Becciu había autorizado para su uso en los esfuerzos por liberar a los rehenes católicos en el extranjero, supuestamente utilizando el dinero para comprar bolsas, ropa de diseñador y otros artículos de lujo.

Se espera que el juicio dure varios meses. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentarse a penas de cárcel.

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Desde que fue elegido como Papa hace más de ocho años, Francisco se ha comprometido a limpiar el sistema financiero y judicial del Vaticano, siguiendo un impulso iniciado por su predecesor, Benedicto XVI.

Antes de la apertura del juicio, Juan Antonio Guerrero Alves, el prefecto de la Secretaría de Economía, dijo que el caso le demostraría al mundo que la Santa Sede estaba tomando medidas serias contra la delincuencia financiera.

“Creo que (el juicio) marca un punto de inflexión que puede conllevar a una mayor credibilidad de la Santa Sede en cuestiones económicas. El hecho de que se esté llevando a cabo este juicio demuestra que los controles internos han funcionado: las acusaciones han venido de dentro del Vaticano“, declaró.

Durante el fin de semana, el Vaticano publicó por primera vez información sobre su patrimonio inmobiliario, revelando que posee más de 4 mil propiedades en Italia y más de mil en el extranjero, sin incluir sus embajadas en todo el mundo.

Solo alrededor del 14% de sus propiedades italianas se alquilaban a precios del mercado, mientras que el resto se alquilaban a precios reducidos, muchos de ellos a empleados de la Iglesia. Aproximadamente el 40% eran edificios institucionales, como escuelas, conventos y hospitales.

Tras las audiencias de esta semana, se espera que el juicio sea aplazado hasta el otoño.