‘No queremos a la Guardia Nacional aquí, es nuestro territorio’: indígenas luchan contra la construcción de cuarteles

Micaela* siempre se detiene para besar una cruz en la base de tres cerros, una frondosa franja de tierra en el ejido indígena de San Sebastián Bachajón, Chiapas. Su ejido se comparte entre más de 5 mil habitantes tzeltales. Pero pronto también tendrán que compartirlo con la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional ha construido 165 cuarteles en México desde su creación, hace solo dos años, para sustituir a la Policía Federal, la cual, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, era corrupta. La comunidad de Micaela encabeza la primera demanda contra uno de los aproximadamente 500 cuarteles previstos en todo el país.

“En agosto de 2020 escuchamos rumores de que se vendió un terreno y que el presidente municipal lo donó a la Guardia Nacional“, dice Micaela. “Trabajaron día y noche para terminar el cuartel. Lo construyeron muy rápido”.

De acuerdo con los dueños del terreno, ni el gobierno local ni la Guardia Nacional consultaron a la comunidad.

México está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre cualquier actividad que afecte sus vidas o sus tierras.

Sin un mecanismo federal que regule este proceso, las autoridades estatales diseñan las consultas indígenas, un ejercicio ambiguo que con frecuencia subestima los derechos de las tierras indígenas. En San Sebastián Bachajón, los líderes de la comunidad comentan que se realizó una consulta solo para un grupo selecto de pobladores.

“La comunidad nunca estuvo de acuerdo con los cuarteles”, destaca Micaela. “No queremos a la Guardia Nacional aquí porque este es nuestro territorio“.

Reconocida constitucionalmente como una fuerza civil bajo liderazgo civil cuando fue creada en 2019, la Guardia Nacional ha sido criticada desde entonces por su similitud con las Fuerzas Armadas del país. Una propuesta reciente de López Obrador de convertir a la Guardia Nacional en un elemento permanente del ejército no ha hecho más que alimentar estas preocupaciones. La construcción generalizada de cuarteles forma parte de un importante debate sobre si el despliegue de la Guardia Nacional confirma lo que los críticos consideran la militarización de facto de México.

Ivette Galván, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), comenta: “Este es el primer (amparo) que presenta una comunidad indígena contra estos cuarteles por la violación de sus derechos colectivos“. El amparo para suspender la construcción del cuartel se presentó en diciembre pasado en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los abogados que actúan en nombre de la comunidad, el Poder Judicial rechazó el amparo para detener la construcción, argumentando que los cuarteles fueron ordenados por la Secretaría de la Defensa (Sedena). “El fundamento jurídico de su negativa argumenta efectivamente que los cuarteles responden a las necesidades de la seguridad nacional”, explica Galván, “afirmando la magnitud de la coordinación de la Guardia con los militares”.

En 2021, la Guardia Nacional desplegó alrededor de 100 mil soldados, de los cuales 60 mil pertenecían anteriormente a la Secretaría de Defensa. Responsable de la seguridad pública, la Guardia Nacional también supervisa la inmigración y la lucha contra el crimen organizado, así como la reforestación del país, un despliegue de gran alcance que algunos consideran confuso.

Cata Hernández, representante en Chiapas de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), señala que aún no conocen las implicaciones que tendrá la presencia de la Guardia Nacional en su comunidad, pero añade: “Lo que sabemos es que en el pasado, el despliegue de los militares tuvo un impacto negativo, particularmente para las mujeres y las niñas“.

Después de oponerse a la presencia de fuerzas militares durante décadas, Chiapas está llena de restos de antiguas bases policiales y militares. Tras el levantamiento zapatista en 1994, los Acuerdos de San Andrés exigieron la autodeterminación, el acceso a la justicia y la autonomía de los grupos indígenas de Chiapas, solicitudes que siguen sin cumplirse. La violación de tres mujeres tzeltales en un retén militar en 1994 quedó impune.

“Cuando ellos (los soldados) estuvieron aquí hace algunos años, embarazaron a las mujeres, abandonaron a los niños, entraron en nuestro espacio de reunión sin permiso y cortaron nuestros árboles. Tenemos miedo“, dice Micaela.

San Sebastián Bachajón se vio impulsado a emprender acciones legales contra el cuartel en octubre de 2020 cuando, durante una protesta pacífica, tres civiles fueron detenidos arbitrariamente y al menos 13 resultaron heridos por la policía estatal y municipal.

Victórico Galvéz, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señala que la falta de intervención de la Guardia Nacional fue negligente. Galvéz dijo que el hecho de que la policía acusara a dos manifestantes indígenas de amotinamiento era “una forma de decirle a las comunidades que no actuaran, amenazándolas con que les pasaría lo mismo”.

Victórico Galvéz, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, considera que la falta de intervención de la Guardia Nacional fue negligente. Galvéz agrega que el hecho de que la policía acusara a dos manifestantes indígenas de disturbios fue “una forma de decirle a las comunidades que no actúen, amenazando con que a ellos les pasará lo mismo”.

Juan Jiménez García, vocero de la comunidad, dice que no hay necesidad alguna de que la Guardia Nacional esté en su comunidad. “Los terratenientes se van a sus maizales, a sus cafetales, ¿por qué quieren vigilarnos?“, se pregunta.

Para los habitantes tzeltales de Chiapas, los cuarteles también generan preocupaciones por su soberanía frente al desarrollo. En la región están en juego al menos 40 proyectos de infraestructura, entre ellos el Tren Maya y una carretera de 400 km que conectará Pijijiapan con Palenque. La comunidad de San Sebastián Bachajón se opone al proyecto de la autopista.

“Una de las mayores amenazas de la militarización es la represión de los movimientos sociales y la protesta, especialmente para una región con una larga historia de organización”, señala Gustavo Castro, fundador de la organización local Otros Mundos Chiapas. El defensor de los derechos humanos también recuerda las experiencias de los activistas en Nicaragua y Honduras, donde las fuerzas de seguridad, así como las agrupaciones criminales y los paramilitares, han silenciado de forma violenta a los ecologistas para proteger las inversiones extranjeras.

“Ya sabemos que ante cualquier pequeño problema, el gobierno envía miles de guardias y no podemos hacer nada porque hay más soldados que pobladores”, reconoce Micaela. “Pase lo que pase, no seremos capaces de defender nuestra tierra”.

La Cámara de Diputados recientemente aprobó un nuevo proyecto de ley federal sobre la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, el proyecto de ley retiene el derecho a la consulta en materia de seguridad nacional. “Acercar estos conceptos a la cosmovisión tzeltal es una obligación pendiente”, concluye Galván.

*Su nombre fue cambiado para proteger su identidad.