Bolsonaro debe ser considerado responsable penalmente por el atentado contra el Amazonas, dicen activistas
Bolsonaro es un exparacaidista que ha presidido lo que los críticos llaman un ataque histórico contra el Amazonas y sus habitantes indígenas. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, debe ser considerado responsable penalmente del ataque “despiadado” contra el Amazonas, que ha agravado la emergencia climática y ha puesto en peligro la supervivencia misma de la humanidad, argumentan los activistas en una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En una presentación ante el tribunal con sede en La Haya, los expertos jurídicos y científicos señalaron que la “deforestación masiva” que se está produciendo bajo el mando del nacionalista de derecha supone un claro y presente peligro para Brasil y para el mundo.

“Existe un conjunto sustancial de pruebas que demuestran que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Brasil, que requieren una investigación y un enjuiciamiento inmediatos”, señala la denuncia de 284 páginas, que apunta a la creciente devastación del Amazonas bajo el mandato de Bolsonaro.

“Sin embargo, el impacto… se extiende mucho más allá de la pérdida de vidas generalizada y continua y del profundo sufrimiento infligido a las comunidades locales. Los conocimientos científicos más avanzados sobre el clima demuestran que las muertes, la devastación y la inseguridad resultantes se producirán a una escala mucho mayor, tanto a nivel regional como mundial, durante mucho tiempo, debido a los vínculos atribuibles entre la rápida aceleración de la deforestación, su contribución al cambio climático y la frecuencia e intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos”, continúa.

“Dada la amplitud y profundidad multilateral de su impacto, la naturaleza del ataque… constituye una criminalidad del más alto nivel“, señalaron los demandantes, añadiendo: “La CPI ahora tiene la oportunidad, de hecho, la CPI tiene el deber de actuar“.

Bolsonaro, un exparacaidista que ha presidido lo que los críticos llaman un ataque histórico contra el Amazonas y sus habitantes indígenas, ha sido objeto de tres denuncias anteriores en la CPI desde que asumió el cargo a principios de 2019.

En agosto, los activistas solicitaron a la Corte que investigara al presidente de Brasil por el presunto genocidio de sus pueblos indígenas, en parte como resultado de la respuesta anticientífica de Bolsonaro a la pandemia de Covid-19. “Tiene que pagar por toda la violencia y destrucción que está liderando“, dijo entonces la líder indígena Sônia Guajajara.

Johannes Wesemann, fundador de AllRise, el grupo de litigio ambiental con sede en Viena detrás de la última denuncia ante la CPI, la cuarta contra el presidente de Brasil, dijo que buscaba añadir una dimensión internacional a las presuntas ofensas de Bolsonaro al exponer su impacto respecto al calentamiento global.

Wesemann comentó: “El gobierno bajo Bolsonaro facilita directa e indirectamente y, por lo tanto, acelera la destrucción del Amazonas brasileño. Esto, obviamente, conduce a su vez a la destrucción ambiental deliberada y descontrolada del ecosistema con consecuencias catastróficas a nivel local… pero también con una grave consecuencia a escala global”.

“Hoy, sabemos que las emisiones atribuidas al gobierno de Bolsonaro causarán más de 180 mil muertes en todo el mundo hasta el año 2100″, comentó Wesemann, citando una presentación realizada por climatólogos, entre ellos el Dr. Friederike Otto, uno de los principales autores del reciente informe del IPCC sobre la emergencia climática.

“Nuestro único propósito… es asegurar que el Estado, el sector privado y los actores políticos como Jair Bolsonaro, y los miembros pasados y actuales de su gobierno, que permiten intencionalmente tal destrucción sean responsabilizados legalmente”, señaló Wesemann, destacando cómo la deforestación masiva tenía un “impacto grave y científicamente demostrado en el clima global, y por lo tanto en nuestra supervivencia a largo plazo”.

La presidencia brasileña no respondió a la solicitud por sus comentarios sobre las acusaciones contra Bolsonaro. En los últimos meses, el gobierno de Brasil ha emprendido una ofensiva contra los delincuentes ambientales en el Amazonas, que los críticos sospechan está diseñada para convencer a la comunidad internacional de que está limpiando su acto ambiental con antelación a la cumbre climática COP26.

La semana pasada, el recién nombrado ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Joaquim Leite, comentó a los periodistas que su país quería aprovechar la reunión de Glasgow para mostrar al mundo que Brasil podía ser “parte de la solución” a la crisis climática y que estaba comprometido a reducir las emisiones.

Pero a los ecologistas no les convence el relajamiento retórico previo a la COP. “¿Cuál es la solución?“, se preguntó en una reciente entrevista Suely Araújo, exdirectora de la agencia medioambiental brasileña Ibama. “Cambiar al presidente.