Colombia es declarada responsable del secuestro y la tortura de una periodista en el 2000
Jineth Bedoya habla en una conferencia de prensa en La Habana en noviembre de 2014. Foto: Adalberto Roque/AFP/Getty Images

El Estado colombiano fue declarado responsable del secuestro, la tortura y la violación de una periodista que fue secuestrada mientras reportaba sobre la guerra civil de su país, en un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Jineth Bedoya, que lleva más de 21 años reclamando justicia y ahora lucha contra la violencia sexual, fue reconocida el lunes por la corte como víctima de “graves agresiones verbales, físicas y sexuales” de las que fue responsable el Estado. Hasta ahora, solo tres de sus agresores se habían enfrentado a la justicia, recibiendo sentencias en los tribunales colombianos en 2019.

Tras el anuncio, mientras su equipo jurídico también celebraba la noticia, Bedoya tuiteó:

Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP), que brindó asistencia legal a Bedoya, comentó: “Este fallo establece un precedente que recordará a los gobiernos que no es posible ignorar la violencia contra la prensa, y menos que puedan ser tolerantes con los agentes del Estado que la perpetran”.

“Esta sentencia otorga a la sociedad y a las periodistas las herramientas para visibilizar la violencia de género”.

Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000, afuera de la cárcel Modelo de Bogotá, donde debía entrevistar a un líder paramilitar encarcelado. La drogaron y la trasladaron durante horas a las afueras de la ciudad, donde la torturaron y la violaron en grupo.

Es difícil entender lo que sucedió, todo lo que sé es que quería morir“, comentó Bedoya a The Guardian en 2019.
Cuando las autoridades no investigaron adecuadamente el ataque, Bedoya comenzó a indagar de forma independiente, consiguiendo eventualmente el apoyo de FLIP y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre la mayoría de los Estados latinoamericanos, dictaminó que Colombia era “responsable internacionalmente por la violación de los derechos (de Bedoya) a la integridad personal, la libertad personal, el honor, la dignidad y la libertad de expresión”.

La Corte también dictaminó que los agresores de Bedoya no podrían haber llevado a cabo el secuestro y la agresión “sin el consentimiento y la colaboración del Estado“, y que el gobierno no protegió a Bedoya y a su madre, Luz Nelly Lima, de las amenazas y la persecución en los años posteriores al ataque.

Cuando la corte escuchó el testimonio de Bedoya en marzo, el gobierno colombiano retiró a sus representantes y pidió la recusación de cinco de los seis jueces adscritos al caso. Tras una amplia reacción negativa, el gobierno reanudó posteriormente su participación.

Un acuerdo de paz firmado en 2018 con el grupo guerrillero de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin formalmente a cinco décadas de guerra que dejó 260 mil muertos y desplazó a más de 7 millones de personas, con grupos paramilitares vinculados al Estado y otros ejércitos guerrilleros de izquierda que contribuyeron al derramamiento de sangre.

La violencia sexual, aunque generalizada, con frecuencia quedaba opacada por otras atrocidades y solía ser ignorada o quedar en la impunidad. Solo entre 1985 y 2016, más de 13 mil 500 mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando incansablemente la justicia“, se lee en un comunicado del CEJIL publicado en Twitter. “La decisión de la Corte es dignificante para Jineth, para las periodistas que se enfrentan a la violencia de género y para las miles de víctimas de la violencia sexual del conflicto armado en Colombia”.