The Guardian

Elecciones presidenciales en Honduras: un referéndum sobre la corrupción y las drogas en el país

El próximo Congreso tendrá la oportunidad de elegir una nueva Corte suprema, un fiscal general y auditores estatales.

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Los hondureños se dirigen a las urnas este domingo en las primeras elecciones generales desde que los fiscales federales estadounidenses presentaron evidencia detallada de los estrechos vínculos entre los narcotraficantes y el Estado hondureño.

Los tres últimos presidentes del país, así como alcaldes locales, legisladores, policías y comandantes militares, han sido vinculados al narcotráfico en lo que los fiscales estadounidenses han descrito como un narcoestado.

Uno de los hermanos del actual presidente, Juan Orlando Hernández, está cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, mientras que el mismo Hernández ha sido acusado de intentar “meter la droga directamente en las narices de los gringos“.

Muchas personas consideran las elecciones de este domingo como un referéndum sobre la corrupción que supuestamente ha permitido que los narcotraficantes se infiltren en el gobierno hasta la cima.

“Nos han desprestigiado como un país de políticos corruptos, narcotraficantes y ladrones, y es verdad”, dijo Cristóbal Ferrera, de 70 años, tras una jornada vendiendo de forma ambulante chicles, pastillas de menta y cigarros sueltos en el parque central de Tegucigalpa. “Por mis hijos, por mis nietos y por mi país, que se vayan ya estos corruptos, no queremos seguir sufriendo“.

Es posible que Hernández, que fue nombrado coconspirador no acusado en el caso de su hermano y otros dos, pronto lo haga. Protegido hasta ahora por la política del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no acusar a los presidentes en funciones, se cree que podría ser acusado por los fiscales estadounidenses el día posterior cuando deje el cargo en enero.

Hernández ha negado con vehemencia todas las acusaciones y recientemente ha dedicado mucho tiempo y recursos para intentar limpiar su nombre, incluyendo la publicación de un libro sobre su carrera política que, según dijo, aclara las cosas.

El resultado de las elecciones podría decidir si será extraditado o no a Estados Unidos para enfrentarse a las acusaciones.

El próximo congreso tendrá la oportunidad de reestructurar un sistema de justicia problemático al elegir una nueva Corte suprema, un nuevo fiscal general y nuevos auditores estatales, todos ellos con períodos que se extienden más allá de un solo ciclo electoral.

“No solo se trata de la presidencia, sino también de quién controlará el congreso y cuáles son sus vínculos con la corrupción y el narcotráfico”, señaló Eric Olson, experto en Centroamérica para la Fundación Internacional de Seattle.

Nasry Asfura, de 63 años, alcalde de la capital, Tegucigalpa, y candidato a la presidencia por el conservador Partido Nacional, es considerado por muchos el sucesor elegido de Hernández, y su potencial protector. Asfura ha intentado enérgicamente superar esa percepción, diciendo con frecuencia que no es “el chico de los recados de nadie”.

Sin embargo, su negativa de abordar la cuestión sobre la posible extradición de Hernández cuando lo presionan los medios de comunicación no ha sido de gran ayuda, al igual que una candidatura llena de políticos acusados de narcotráfico y corrupción que buscan la reelección.

Asfura se encuentra en una reñida contienda con la principal candidata de la oposición, Xiomara Castro, de 62 años, cuyo esposo, Manuel “Mel” Zelaya, fue presidente desde 2006 hasta 2009, cuando fue derrocado por un golpe de Estado respaldado por los militares. Al igual que Hernández, Zelaya fue acusado de aceptar millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, cuestión que él niega.

Castro nunca ha sido acusada personalmente de corrupción, mientras que Asfura fue acusado de malversar aproximadamente un millón de dólares en un caso que fue archivado por un juez antes de que pudiera llegar a juicio.

Los dos períodos de Hernández como presidente se han visto plagados de escándalos, entre los que destaca el hecho de que empleó una dudosa sentencia judicial para ignorar una prohibición constitucional contra la reelección y después ganó un segundo mandato en una votación de 2017 que se vio manchada por acusaciones de fraude. Combinado con las acusaciones de corrupción y narcotráfico, Hernández ha llegado a personificar lo peor de la política hondureña desde la perspectiva de muchas personas.

“Con solo escuchar su nombre parece que el suelo se está hundiendo”, comentó Ferrera, quien espera que Castro genere un cambio y recupere la reputación de Honduras.

Lo que queremos es escuchar a otros países decir que hemos mejorado.

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