Los sindicatos de enfermería de todo el mundo piden a la ONU que actúe contra las patentes de las vacunas anticovid
Una trabajadora del sector salud en Houghton, Johannesburgo, recibe jeringas cargadas con la vacuna anticovid. Foto: Sumaya Hisham/Reuters

Los sindicatos de enfermería de 28 países han presentado un recurso de apelación formal ante las Naciones Unidas por la negativa del Reino Unido, la UE y otros países a renunciar temporalmente a las patentes de las vacunas anticovid, afirmando que esto ha costado un gran número de vidas en los países en desarrollo.

En la carta, enviada el lunes en nombre de los sindicatos que representan a más de 2.5 millones de trabajadores del sector salud, se indicó que el personal ha sido testigo de primera mano del “abrumador número de muertes y el inmenso sufrimiento causado por la falta de acción política”.

La negativa de algunos países a ceder en las normas sobre los derechos de propiedad intelectual de las vacunas ha contribuido a un “apartheid de las vacunas” en el que las naciones más ricas han asegurado al menos 7 mil millones de dosis, mientras que las naciones de menores ingresos tenían alrededor de 300 millones, argumentó.

La carta señalaba que esta distribución no solo era ” extremadamente injusta”, sino que la transmisión desenfrenada del Covid-19 en los países en desarrollo también aumentaba el riesgo de que surgieran nuevas variantes, como la variante ómicron, identificada por primera vez esta semana en Sudáfrica y que ha llevado al Reino Unido y a otros países a endurecer las restricciones de viaje y otras normas.

Sudáfrica, junto con la India, han presionado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que ayude a mejorar el acceso a las vacunas mediante una exención del acuerdo multinacional sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Una exención temporal de las disposiciones del ADPIC para las vacunas anticovid permitiría, según sus partidarios, una mayor fabricación de las mismas, mejorando su distribución mundial. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los miembros de la OMC que tomaran esta medida tras la aparición de la variante ómicron.

Sin embargo, otros países se han resistido. La carta enviada a la ONU, coordinada por la organización general Global Nurses United y la Internacional Progresista, un conjunto de partidos, movimientos y sindicatos de izquierda, citaba lo que denominaba una “amenaza inmediata al derecho a la salud de las personas” por parte de la UE, el Reino Unido, Noruega, Suiza y Singapur.

Señaló que al menos 115 mil miembros del personal médico y de salud en todo el mundo han muerto como consecuencia del Covid-19, y que mientras el 40% en promedio ha sido completamente vacunado, en África y el Pacífico occidental la cifra es inferior a uno de cada 10.

“Como trabajadores de primera línea, nos encontramos en una buena posición para testificar contra la violación del derecho de toda persona a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental debido al impacto de una exención del ADPIC de Covid-19 retrasada”, advirtió la carta.

Fue enviada a Tlaleng Mofokeng, médica sudafricana y defensora de la salud, que es la relatora especial de la ONU para la salud física y mental, y está facultada para iniciar una investigación en el marco del consejo de derechos humanos de la ONU.

Mofokeng dijo que la demanda de exención de la patente “la comparto”. El papel que han desempeñado los trabajadores del sector salud durante la pandemia “les confiere autoridad moral” sobre la cuestión, añadió.

Además de Sudáfrica e India, la petición procede de los sindicatos que representan a las enfermeras y al personal de salud de Estados Unidos, Irlanda, Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Grecia, Guatemala, Honduras, Israel, Italia, Kenia, Malawi, Nueva Zelanda, Paraguay, Filipinas, Portugal, Ruanda, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Taiwán, Uganda y Uruguay.

Deborah Burger, copresidenta del sindicato National Nurses United de Estados Unidos, comentó que la distribución inequitativa de las vacunas y la consiguiente probabilidad de que aparezcan nuevas variantes del Covid-19 “suponen un grave riesgo para todas las personas del mundo”.

Shirley Marshal Díaz Morales, vicepresidenta del sindicato brasileño Federación Nacional de los Enfermeros, expresó: “Ya es hora de que los gobiernos del mundo den prioridad a la salud de las personas sobre las ganancias de las empresas multinacionales aprobando la exención de la vacuna”.