¿Qué es la filtración Suisse secrets?
Aquellos que infrinjan la famosa ley de secreto bancario de Suiza se arriesgan a una condena de cinco años de prisión. Ilustración: Doug Chayka/The Guardian

En la cultura popular, no existe ningún lugar más seguro para guardar tu dinero que la caja fuerte de un banco suizo. Desde las novelas de suspenso hasta las de espionaje, los banqueros suizos son representados como hombres discretos con trajes que saben qué preguntas no deben realizar. Tal como bromeó James Bond en The World Is Not Enough: “Si no puedes confiar en un banquero suizo, ¿en qué se ha convertido el mundo?“.

Suiza rechaza estos estereotipos calificándolos como vagos y anticuados. Sin embargo, su reputación como uno de los principales paraísos fiscales no surgió de la nada. El país ha cultivado, codificado e incluso publicitado la discreción de sus banqueros durante siglos, disfrutando de lucrativas ganancias a medida que las élites ricas acudían a los Alpes para acumular sus riquezas.

No obstante, en la última década las cosas comenzaron a cambiar. Cuando Suiza comenzó a exigir a sus bancos que compartieran los datos de sus clientes con algunas autoridades extranjeras en virtud de un sistema de intercambio global para combatir la evasión fiscal en 2018, fue anunciado como un momento decisivo. Algunos incluso lo llamaron el fin del secreto bancario suizo.

Nuestra investigación sugiere que esa conclusión es exagerada. Los bancos suizos sí comparten los datos de sus clientes con muchos países, aunque muchas naciones en vías de desarrollo son excluidas del sistema de intercambio global creado para combatir la evasión y el fraude fiscal.

Mientras tanto, la famosa ley de secreto bancario de Suiza –el artículo 47 de la Ley Federal de Bancos de 1934– sigue en vigor. Aquellos que la infrinjan se arriesgan a una sentencia de cinco años de prisión.

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La ley de secreto bancario de Suiza es criticada por los defensores de la libertad de prensa. Foto: Bloomberg/Getty Images

Hace poco tiempo, Suiza reforzó su ley de secreto bancario, que en un principio solo se aplicaba a los banqueros y otras personas con información privilegiada. Desde 2015, en teoría, la ley se puede aplicar a cualquier tercero que “revele” o “explote” un secreto que provenga de un banco suizo.

La redacción de la ley es lo suficientemente imprecisa como para que un fiscal demasiado entusiasta pueda pensar en aplicarla contra un periodista que exponga las irregularidades cometidas por un banco suizo o sus clientes. Cualquier medida de este tipo sería considerada como un ataque descarado a la libertad de expresión, sobre todo en un país como Suiza, que se encuentra entre los 10 primeros países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esto ocurra. La relatora especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, comentó a un reportero del consorcio de periodistas que investiga a Credit Suisse que estaba evaluando el artículo 47.

“Puedo decir muy claramente que el derecho internacional otorga a los periodistas el derecho a publicar información que sea de interés público, y la información financiera o bancaria puede entrar en esa categoría, por ejemplo si se trata de personalidades públicas”, señaló. “No se puede utilizar el derecho a la privacidad como motivo para restringir el derecho de los medios de comunicación a publicar información que pueda ser de interés público”.

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Caricatura publicada por el periódico suizo Tages-Anzeiger, en respuesta al proyecto Suisse secrets. Foto: Felix Schaad

Aunque es exagerada, la posibilidad de que los fiscales suizos utilicen su ley de secreto bancario para criminalizar a los periodistas llevó a la decisión de proteger a los medios de comunicación suizos de tal escenario, excluyéndolos del consorcio que investiga los datos filtrados.

En el proyecto Suisse secrets participaron más de 160 reporteros de 48 medios de comunicación, pero ninguno de ellos vivía en Suiza. Paradójicamente, los ciudadanos suizos que deseen leer cómo el segundo mayor prestamista del país prestó servicios a líderes corruptos y personas que lavan dinero, solo lo pueden hacer a través de la prensa extranjera.

“Esta ley supone una enorme restricción a la libertad de prensa en Suiza”, señaló Arthur Rutishauser, redactor en jefe de Tamedia, un medio que habría sido un socio suizo lógico en el proyecto. “La ley puede proteger a los delincuentes y sus bienes. Los periodistas que intenten desenmascararlos se arriesgan a un proceso penal por hacerlo”.

Para los medios de comunicación ajenos a Suiza, incluido The Guardian, la radical ley de secreto bancario del país también supuso un elemento a considerar, aunque de forma menos directa. Fue uno de los muchos factores que se tomaron en consideración cuando valoramos el interés público de revisar los datos filtrados y, últimamente, decidimos publicar algunos de ellos.

Existen razones legítimas por las que algunos clientes de Credit Suisse pueden desear tener una cuenta en un paraíso fiscal, y no es ilegal tenerla, siempre y cuando la declaren a las autoridades fiscales correspondientes. Entre los 30 mil clientes de Credit Suisse que aparecen en los datos filtrados figuran clientes que no han cometido ninguna infracción y que tienen una expectativa completamente lógica de privacidad en sus asuntos financieros.

Sus datos nunca fueron de interés para los periodistas de investigación enfocados en exponer las irregularidades y contribuir al debate público sobre el sistema bancario.

Sin embargo, décadas de escándalos revelaron que los bancos suizos en general –y Credit Suisse en particular– han atraído fondos ilícitos de evasores fiscales, cleptócratas y personas que lavan dinero. La delincuencia financiera es un grave problema de interés público mundial. Cuando implica la corrupción en los países en vías de desarrollo, el impacto en la población más pobre del mundo puede ser profunda.

Cuando la fuente anónima filtró los datos de Credit Suisse a Süddeutsche Zeitung, el periódico más grande de Alemania, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No se trató de divulgar datos en la darknet ni de venderlos al mejor postor.

Los destinatarios de la filtración –Frederik Obermaier y Bastian Obermayer– son los premiados reporteros de investigación detrás de las filtraciones masivas en paraísos fiscales que condujeron a los Panama y Paradise papers. Al filtrarles los datos, parece que la fuente tomó la decisión moral de eludir lo que, según la fuente, son las “inmorales” leyes de secreto bancario de Suiza.

Tras meses de minuciosos informes, se descubrieron pruebas de que Credit Suisse tenía clientes implicados en torturas, tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción. A algunos se les permitió abrir cuentas bancarias años después de haber sido condenados por graves delitos financieros.

En otros casos, los datos suscitan dudas sobre la riqueza inexplicable, o si Credit Suisse realizó preguntas básicas sobre el origen de los fondos de sus clientes.

La decisión de publicar estos artículos supone un ejercicio de equilibrio. Por un lado: cuestiones personales de privacidad, confidencialidad y protección de datos, y una ley suiza de secreto bancario que podría ser utilizada para censurar la información. Por otro lado, el derecho de los ciudadanos a conocer las irregularidades. Y nuestro deber de revelarlas.

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